El último reporte publicado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato de la defensora ambientalista, Berta Cáceres, según transmisión en directo de una sesión de denuncia en Tegucigalpa, Honduras.
La prueba es parte de su informe, titulado, “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, que reúne y sintetiza el análisis de más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS, y correos extraídos de algunos de los celulares incautados en la investigación penal.
Asimismo, el informe revela que el plan implementado para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.
Inmediatamente después del asesinato de la defensora de derechos humanos, el 2 de marzo del 2016, su familia exigió al Estado que conformara un grupo internacional para monitorear la investigación conducida hasta entonces por el Ministerio Público. Como respuesta a la negativa de parte de las autoridades hondureñas, la familia y el COPINH reunieron apoyos de organizaciones nacionales e internacionales y formaron el GAIPE.
El mandato del grupo tuvo como prioridad apoyar la realización de una investigación exhaustiva e independiente de quienes impulsan la persecución penal en Honduras, que incluyera el análisis del contexto en el que ocurrieron los múltiples ataques a Berta Cáceres, a los integrantes del COPINH y las comunidades lencas de la zona de influencia de la Represa Agua Zarca. y entregará recomendaciones.
Como parte de su informe de cierre, que incluye el análisis del contexto, del operativo que condujo al asesinato, las conexiones detrás del crimen, las responsabilidades de quienes están siendo procesados y de otros que se ha omitido investigar; el grupo elaboró conclusiones y recomendaciones para el Estado de Honduras. Entre ellas, se encuentra:
– Se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. A su vez, es posible establecer la consumación de otras conductas delictivas previstas en la legislación hondureña como: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
– Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigado exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Pese a que ocho personas han sido sindicados como autores materiales del asesinato, El Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación.
– El GAIPE también resalta el rol de las financiadoras internacionales, que, pese a que contaban con información previa sobre la actuación de DESA y su conducta represiva hacia las comunidades, omitió estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión.
Hasta antes de su muerte, Berta Cáceres lideraba la lucha de las comunidades indígenas lencas para frenar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una de las más de 140 concesiones que el gobierno hondureño autorizó desde su golpe de Estado en el 2009.
Como resultado de su campaña de alcance global, Berta Cáceres ganó reconocimiento y notoriedad internacional y se convirtió así en un blanco de persecución legal, ataques físicos y amenizas de muerte.
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