Por Pablo Taranto
El presupuesto 2018 recorta los fondos para la conservación de bosques nativos. Por ley le corresponderían 8.700 millones, pero le asignaron 556,5
Los números del Presupuesto 2018 desvelan a muchos sectores, acuciados por recortes que recrudecerán el año que viene, y entre ellos se cuentan las organizaciones ambientalistas. El monto asignado por el gobierno a la protección de los bosques nativos vuelve a incumplir la Ley 26.331 –lo que ocurre por noveno ejercicio consecutivo desde su sanción en 2010–, con el agregado de que el presupuesto será, aun con inflación, menor en términos nominales al de 2017.
Serán 556,5 millones de pesos, algo menos que los 570 millones destinados en 2017 a esta política ambiental central para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Y muy lejos de los niveles de financiamiento que fijó la reglamentación de la normativa, al crear el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Presupuesto enviada por el Ejecutivo al Congreso, la partida para el Fondo se reduce efectivamente a 556,5 millones, y se destina al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos otros $ 25.935.000. Es decir, una Porción ínfima del financiamiento estipulado legalmente, puesto que el artículo 31 inciso a de la Ley de Bosques prevé asignar a este fin el 0,3% del presupuesto total, que para 2018 se fijó en poco más de 2.904.000 millones.
De este modo, una herramienta clave para la conservación de bosques nativos queda desfinanciada: recibirá apenas el 6,3% de los más de 8700 millones que le corresponderían. Ese monto debería incluir además, conforme a la Ley de Bosques, el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la actividad agropecuaria y del sector forestal (recaudadas durante el año anterior a cada ejercicio).
Una suma jibarizada por la quita de retenciones operada por el gobierno nacional a poco de asumir (o su progresiva reducción, como en el caso de la soja), que forma parte de una política económica basada en la reprimarización de la producción. En ese contexto, dominado por la ampliación constante de la frontera agrícola a expensas de los bosques nativos, se achica el presupuesto para su conservación. La coyuntura en la que se opera este recorte no podría ser más grave: de acuerdo al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su acrónimo en inglés), el 4,3% de la deforestación mundial ocurre en la Argentina, que ocupa, según Global Forest Watch, el noveno lugar entre los países que perdieron más superficie de bosques nativos en el período 2001-2014.
Consecuentemente, el 21,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero registradas en el país se deben al cambio de uso del suelo y a la gestión deficiente de bosques y montes (silvicultura), según el informe que en 2015 entregó el gobierno argentino a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El efecto sobre el clima y el suelo de la creciente deforestación del territorio argentino está a la vista, y quizás sean las cada vez más graves y recurrentes inundaciones la imagen más icónica de este proceso, ante el cual el gobierno nacional parece desentenderse.
“Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto por la Ley de Bosques, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia –declaró el ingeniero forestal Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina–.
Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable”.
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