La familia de Cáceres y Copinh denuncian que la justicia se niega a investigar a los autores intelectuales por tratarse de personas con poder económico.
Ambos policías intentaron presentar el asesinato de Cáceres como un caso de robo o un problema pasional, y alteraron informes y grabaciones para salvar a los asesinos de la activista hondureña.
Dos policías de investigación que intentaron encubrir a los asesinos de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, fueron capturados este lunes, informó la Fiscalía del país centroamericano.
Los imputados son Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales, a quienes se les acusa por “el delito de adulterar medios de prueba y presentar pruebas falsas para desviar la investigación”, precisó el portavoz de la Fiscalía hondureña, Yuri Mora.
Mora, además, señaló que los agentes alteraron informes y grabaciones para salvar a los asesinos de la activista hondureña, e intentaron presentar el asesinato de Cáceres como un caso de robo o un problema pasional.
De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía, ocho personas en total fueron detenidas por el crimen, incluyendo al gerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), compañía a la cual se enfrentó Cáceres en defensa del río Gualcarque, en la jurisdicción de Río Blanco, donde se pretendía construir la represa hidroeléctrica “Agua Zarca”.
“Las ocho detenciones fueron documentadas con prueba científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone que le quitaron la vida a la líder ambientalista”, sostiene el comunicado.
Investigaciones
Según un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe), el asesinato de Cáceres fue organizado cuatro meses antes, presuntamente por agentes estatales y jefes de DESA
La investigación de Gaipe, sostenida en decenas de entrevistas, archivos judiciales y en el acceso parcial a las pruebas provistas por investigadores del Gobierno, identifica a “posibles autores intelectuales” del asesinato, sin embargo, no coinciden con los ocho acusados por la Fiscalía
Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo de 2016, en la ciudad hondureña La Esperanza, por sujetos desconocidos que forzaron el seguro de la entrada a la vivienda de la activista.
Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y lideró las manifestaciones en defensa del medio ambiente y en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque este atentaba contra los recursos naturales. Su activismo le valió el Premio Medioambiental Goldman en 2015.
A más de un año de su muerte, el crimen contra la luchadora y defensora del ambiente en Honduras continúa impune y el proceso judicial contra sus asesinos avanza lentamente.
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