miércoles, 1 de noviembre de 2017

20 años después el Estado de Honduras pide perdón por el asesinato de Carlos Escaleras



20 años después Estado de Honduras pide perdón por asesinato de Carlos Escaleras

A través de la firma del acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras asumió su responsabilidad en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras, hecho ocurrido hace 20 años en la ciudad de Tocoa, Colón. En 2015, La CIDH dictaminó una serie de recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista y sus familiares.

20 años después, el Estado hondureño pidió perdón público por el asesinato de “Carlos Escaleras”. El perdón fue pedido a nombre del Estado por el Secretario de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, quien fue acompañado por la Sub Secretaria de Derechos Humanos y el Procurador General de la República, Abraham Alvarenga Urbina.

El perdón público se hizo en la ciudad de Tocoa, Colón, el 18 de octubre ante familiares, amigos y compañeros de Escaleras, y de organizaciones defensoras de derechos humanos y bienes naturales a nivel nacional.

Carlos Escaleras era un dirigente político defensor de derechos humanos y bienes naturales. A mediados de la década del noventa, comenzó a coordinar acciones contra el fallecido empresario Miguel Facussé Barjum, que pretendía instalar en aquel entonces, una planta de extracción de aceite de palma cerca del río Guapinol, lo que sería una enorme carga de contaminación para más de cinco comunidades en Tocoa.

En 1997 lideró protestas contra el coronel Aldana, comandante del Batallón de Infantería XV, que, por intereses personales, impidió el acceso al agua a los habitantes de Chapagua, Agua Amarilla, Aguán y otras poblaciones. En agosto de 1997, cuando fue nominado para ser candidato a alcalde de Tocoa en representación del Partido Unificación Democrática-UD- para las elecciones de ese año, fue amenazado por el coronel Aldana. Carlos Escaleras falleció la tarde del 18 de octubre de 1997, tras ser alcanzado por disparos con arma de fuego, mientras asistía a su empresa de lavado de autos, ubicado en el centro de la ciudad de Tocoa. 

A pesar que el Estado de Honduras ha reconocido su culpabilidad en el asesinato del ambientalista y ha pedido perdón, los actores materiales e intelectuales de Carlos siguen gozando de impunidad, denuncian las organizaciones populares, campesinas y sociales del país. 

Durante la ceremonia de perdón público, Eldin Escaleras, hermano de Carlos Escaleras dijo que aceptaban el arreglo amistoso, no porque haya cambiado la actitud y práctica de quienes administran el Estado. Lo aceptan para proseguir la lucha por justicia en un Estado conducido por criminales que son responsables de asesinatos de campesinos en el Aguán y de las lideresas Berta Cáceres y Margarita Murillo.


En los últimos 30 años, los defensores y defensoras de los bienes naturales y del territorio sufren el constante acoso de parte de empresas depredadoras del ecosistema, ante la mirada cómplice del Estado y la indiferencia de algunos sectores populares ajenos a defender el patrimonio. “El perdón del Estado no paraliza, hay mucho por hacer”, expresó en un comunicado Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán COPA, organización fundada por Carlos Escaleras. 
Además del perdón público, el Estado hondureño inauguró la Plaza Carlos Escaleras, como parte de las acciones reivindicativas en el marco del acuerdo de cumplimiento firmado el 27 de agosto del 2015, atendiendo las recomendaciones hechas por la CIDH. Otro de los acuerdos es nombrar a la montaña Botadero con el nombre de Parque Nacional Carlos Escaleras, declarada reserva ecológica. Acción que el Estado ha incumplido porque ha concesionado más de 900 hectáreas tierra en la montaña para la explotación minera, según denuncias de las organizaciones ambientalista de la zona.

“Es contradictorio el perdón cuando las mineras ya están preparadas para explotar la montaña Carlos Escaleras”, dijo Virgilio Domínguez, dirigente comunitario del municipio de Sabá en Colón. Las comunidades de esta ciudad en dos ocasiones han declarado la montaña Escaleras libre de proyectos extractivos pero las autoridades han irrespetado la voluntad de las comunidades, agregó Virgilio.

Ante las denuncias hechas por la ciudadanía y las organizaciones, el procurador general del Estado Abraham Alvarenga, se comprometió a revisar lo que está pasando en la montaña Botadero hoy llamada Parque Nacional Carlos Escaleras.

Premio Nacional Carlos Escaleras

A 20 años del asesinato del ambientalista Carlos Escaleras, se entregó por segunda ocasión el premio nacional que lleva su nombre, con el propósito de reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y bienes naturales en el país. Este año el reconocimiento se entregó a Consuelo Soto, lideresa Tolupán de la tribu San Francisco en Locomapa, Yoro, criminalizada y amenazada a muerte por defender su territorio ancestral.

Reconocidas personalidades defensoras de derechos humanos como Piedad Córdoba de Colombia, Gloria Cano de Perú, Waldo Albarrecín de Bolivia, Lottie Cunninghan de Nicaragua y Mery Agurcia de Honduras, fueron el jurado que valoró las nominaciones, dando como ganadora a la indígena Tolupán, Consuelo Soto, defensora del territorio en Locomapa, Yoro.

El Premio nacional Carlos Escaleras es una iniciativa de la Fundación San Alonso Rodríguez, El Centro de Derechos de Mujeres y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj con el apoyo de Diakonia Unión Europea, en el marco de la campaña “Defender sin miedo”.

Además de Consuelo Soto se reconoció a los defensores Pedro Landa del Eric-sj, Pedro Canales defensor de la Península de Zacate Grande, Bety Vázquez del Movimiento Ambientalista Santa Bárabarense, Osman Orellana de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en Arizona, Atlántida, Orbelina Flores defensora del Valle del Aguán, Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán COPA y Gaspar Sánchez de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH.

“Fue muy difícil elegir a una persona ganadora porque en Honduras hay muchos hombres y mujeres que a diario se juegan la vida por defender los bienes naturales”, dijo en la ceremonia Gloria Cano defensora de derechos humanos en Perú, quien fue parte del jurado calificador. Gloria asegura que la lucha férrea que se libra en Honduras en defensa de la naturaleza también se da en el continente, ya que es necesario luchar por la vida en rechazo de las concesiones mineras e hidroeléctricas.

Defender los derechos humanos y defender los derechos de acceso a los bienes comunes de la naturaleza es ir en contra de los intereses de un pequeño sector del país que aunque es pequeño cuentan con todo el poder económico y político para acabar con todos aquellos que pongan en peligro sus ganancias y sus intereses.

Por eso las personas que hacen defensoría en un país como Honduras están en la mira de estos sectores que en principio hostigan, amenazan, criminalizan, persiguen y en el último de los casos, que ya se está volviendo muy frecuente, los asesinan, tal como es el caso de Carlos Escaleras, Berta Cáceres, Margarita Murillos y cientos de ambientalistas asesinados.

Honduras cuenta con personas muy valiosas que están al frente de las luchas territoriales para defender el agua, el río, el bosque y la tierra de personas que se aprovechan de su poder para tratar de imponer una represa, extraer los bienes naturales y acaparar la tierra sin importar los derechos de las otras personas que aprendieron a vivir amando lo que le rodea.

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