Por Arantxa Tirado, Aníbal García y Silvina Romano
El 17 de octubre de 2017 finalizó en Arlington, EEUU, la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según el comunicado tripartito de los representantes de Canadá, EEUU y México, en los siete días de pláticas se “completaron sustancialmente las discusiones en el Capítulo de Competencia” y se “lograron avances significativos en varios grupos de negociación, incluyendo Aduanas, y Facilitación del Comercio, Comercio Digital, Buenas Prácticas Regulatorias, y algunos anexos sectoriales”.[1] Lo cierto es que, como el mismo comunicado indica, las diferencias entre las partes han provocado la prolongación de las negociaciones que continuarán en México con una quinta ronda durante el mes de noviembre y proseguirán en 2018, lo que ha sido visto como un respiro para los empresarios mexicanos,[2] pues da mayor margen al país para analizar la estrategia a seguir ante la desconcertante postura de EEUU.
Las diferencias no son ningún secreto y están presentes desde el inicio de las negociaciones. Después de la segunda ronda, el Secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, adelantó la idea de introducir una cláusula de extinción del tratado, que permitiera revisar su contenido cada cinco años,[3] una propuesta rechazada por Canadá y México. Dicha cláusula no es nueva, puesto que el TLCAN se revisa cada diez años. A esto se suman las numerosas amenazas del presidente Donald Trump acerca del posible abandono del tratado por parte de EEUU[4]o su sustitución por sendos acuerdos bilaterales de EEUU con Canadá y México. Mientras que estos países coinciden en la necesidad de reformular el acuerdo, tal y como se puso de manifiesto en la reciente visita del presidente canadiense Justin Trudeau a México, y el rechazo a sustituir el TLCAN por acuerdos negociados bilateralmente.[5]
Pero mientras no se concreten las amenazas estadounidenses, las negociaciones avanzan. En esta última ronda los temas de competencia han ocupado gran parte del tiempo. Dentro de ellos, algunas áreas interesan singularmente por el peso que estas industrias tienen en las respectivas economías y su intercambio. Es el caso de la industria automotriz como sector que actualmente está en el centro de los debates sobre la conveniencia o no del TLCAN para las partes.
Industria automotriz
La industria automotriz supone el 3% del PIB de México. Antes del TLCAN, su peso era del 1.9% del PIB.[6] Gracias a él, México es el segundo proveedor de automóviles a EEUU, exporta a este país el 80% de los 3.4 millones de coches que produce anualmente.[7] Se trata, en la mayoría de los casos, de autos de empresas estadounidenses ensamblados en México, aprovechando que la mano de obra es 12 veces más barata que en EEUU, lo que reduce los costos de producción por unidad para estas empresas en un 40%.[8]
EEUU está apostando en las negociaciones por cambiar las reglas de origen de los automóviles del 62.5% al 85%, para que un porcentaje mayor de sus componentes esté producido en EEUU. Además, EEUU quiere que el 50% de cada automóvil que se comercialice en el marco del TLCAN esté fabricado en ese país.[9] Esto afectaría sin duda a la economía mexicana, especializada en el ensamblaje de autos, proceso de la cadena de valor que podría ser deslocalizado a otros países y aumentaría el costo de producción.
Desde la perspectiva de Donald Trump, la producción de empresas automotrices estadounidenses en México es una práctica que debe ser erradicada, para devolver a EEUU el millón de puestos de trabajo estadounidenses que se han perdido desde la puesta en marcha del TLCAN.[10] Para ello, ha propuesto varios estímulos a los conglomerados del automóvil, combinados con amenazas de aplicaciones de aranceles a la entrada de vehículos del 2 al 3% (o incluso del 25% en el caso de las pick up).[11] Sin embargo, el traslado de la producción tiene sus tiempos, además de sus costos. Se calcula que construir nuevas plantas demoraría de uno a dos años, con un costo de inversión de unos 1.000 millones de dólares. Según Global Risk, la aplicación de aranceles supondría profundizar el déficit comercial de EEUU y Canadá en este rubro, así como una mayor pérdida de empleos.[12]
No parece que las automotrices estadounidenses estén dispuestas a perder sus inversiones ni sus ventajas en México, pero sí podrían asumir el pago de ciertos aranceles, si se cancela el TLCAN, porque serían compensados por el margen de ganancia que les proporcionan los bajos costos laborales en México. Quizás el gobierno de Trump logre persuadir a algunas de la conveniencia de volver a producir en EEUU por la vía de suficientes estímulos fiscales que compensen los mayores costos que tendrán que asumir. Pero no está tan claro que consiga hacerlo, pues las empresas actúan buscando la maximización de beneficios. Un ejemplo es Ford, que hace meses anunció que en lugar de construir la planta prevista en México para Ford Focus, iba a llevar estas instalaciones a China. General Motors y Volvo ya han optado por esta vía,[13] lo que ha incrementado el déficit comercial con el país asiático, el cual es seis veces mayor que el déficit con México.[14]
Por la parte mexicana, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha expresado que, incluso en el caso de la salida de EEUU del TLCAN y la aplicación de aranceles, la situación sería “manejable” para ellos.[15]Obviamente, por la gran dependencia de las exportaciones a EEUU, un escenario con aranceles es mucho mejor que un escenario sin producción automotriz en México. Aunque la aplicación de aranceles también podría dilatarse. Según un análisis de Goldman Sachs, el artículo 125 de la Ley de Comercio de 1974 de EEUU estipula que tras finalizar un acuerdo comercial se necesita de un año para poner aranceles a los exmiembros del tratado.[16]
No está claro, sin embargo, que las repercusiones vayan a ser tan manejables como la AMIA insinúa, al menos a escala local. La cancelación de la planta de Ford en el Estado de San Luis Potosí, México, ha llevado a las autoridades a demandar a la empresa estadounidense por 65 millones de dólares.[17] Este tipo de conflictos son los que están detrás del interés de EEUU de anular o, cuando menos, modificar el capítulo correspondiente a la solución de controversias internacionales en el TLCAN,[18] aunque este punto, como el resto, todavía está sujeto a intensas negociaciones.
Perspectivas
En medio de esta incertidumbre, lo único que parece claro es que, sea cual sea la decisión sobre el futuro del TLCAN, ésta no tendrá efectos inmediatos en el intercambio comercial de los tres países. Sólo para notificar la hipotética finalización del acuerdo el presidente estadounidense necesita avisar con seis meses de anticipación al Congreso y se precisa de la aprobación de éste para su aplicación ya que es la institución que, constitucionalmente, se encarga de la regulación del comercio exterior.[19] Esto, si el presidente no sucumbe antes a las fuertes presiones del mundo empresarial que ya se está organizando para impedir que un escenario así se concrete. Dentro del grupo de empresas y organizaciones, muchas de ellas agrupadas en la campaña “Driving American Jobs”, que han empezado a cabildear en Washington,[20] se encuentran: “la Cámara de Comercio de EU (USCC, por sus siglas en inglés), la Coalición de Industrias de Servicios (CSI), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NTFC), la Federación de Oficinas Agrícolas de EU (AFBF) y el Consejo Internacional de Negocios de EU (USCIB)”.[21] Éstas y otras agrupaciones consideran el fin del TLCAN como una “catástrofe económica”, alertando el impacto que tendría en el aumento de costos para los consumidores estadounidenses.[22]
Esta visión está mucho más cerca de las lecturas y datos que apuntan al TLCAN como un acuerdo que no ha servido tanto para el desarrollo de México como para los intereses de las empresas estadounidenses.[23] Este escenario difiere completamente de las denuncias de Trump sobre lo “perjudicial” que habría sido el TLCAN para los intereses de su país. No obstante, la salida de EEUU del TLCAN y su cancelación de facto tendría graves repercusiones en la economía mexicana. Sólo las noticias de la falta de acuerdo que se desprendían de la cuarta ronda de negociaciones fueron suficientes para que el peso mexicano cayera a cifras históricas frente al dólar.[24]Por tanto, el posible fin del TLCAN afectaría el bolsillo de muchos mexicanos, no sólo de los sectores empresariales.
Por la parte estadounidense, la duda que asalta es a qué sectores empresariales estadounidenses se refiere el presidente Trump cuando argumenta que EEUU debe salir del TLCAN para defender mejor los intereses de EEUU, cuando la mayoría de los empresarios estadounidenses que participan en él, no abogan por la eliminación del mismo. Según un analista, estos empresarios: “están muy preocupados por lo que está haciendo su gobierno, porque efectivamente creen que sus propuestas son proteccionistas, por retrógradas o incluso fuera de lugar”.[25]Y la otra incógnita a desvelar en los meses por venir radica en quién ganará el pulso: si el Ejecutivo estadounidense que apuesta por la salida del TLCAN o el Congreso aliado con los sectores empresariales contrarios a ella.
La renegociación del TLCAN demuestra los tiras y aflojas en la administración Trump, que abren cierta incertidumbre respecto del futuro de los TLC con otros países de la región. Considerando datos concretos, más allá de la retórica del presidente de turno, no se han cuestionado (por el momento) estos acuerdos con países como Chile, Colombia y Perú, o con la región centroamericana. Por otro lado, parte del “America First” implica el apoyo del gobierno a la expansión de las empresas de EEUU, como lo demostró la gira del vicepresidente Pence por la región en agosto pasado, acompañado de una impresionante comitiva de los CEO de las principales transnacionales. Las negociaciones del TLCAN forman parte del debate libre cambio/proteccionismo que atraviesa al gobierno de EEUU, pero que hasta ahora no parece haberse materializado en un retorno significativo de estas empresas a territorio nacional. Por el contrario, lo que se observa es que estas empresas buscan relocalizarse allí donde las ventajas comparativas sean mejores (como siempre han hecho). Y es probable que el lobby empresarial logre presionar a favor de estas prácticas, que hasta ahora habían contado con el apoyo del Estado y el visto bueno de los gobiernos de turno, demócratas o republicanos. “Lo que es bueno para General Motors es bueno para EEUU”, se decía en la Posguerra. ¿Seguirá aplicando esa premisa? Las negociaciones del TLCAN nos van a permitir seguir observando, en tiempo real, cómo se va a dirimir esta disputa entre los intereses, ahora aparentemente contrapuestos, del sector público y el sector privado en EEUU.
Notas:
[10] A este millón se suman más de 2 millones de puestos perdidos entre 1999 y 2011 por las importaciones desde China. Véase http://globalriskinsights.com/2017/06/automotive-oems-threaten-us-trade/
Arantxa Tirado, @aran_tirado, Aníbal García, @Anibal_garcia89, y Silvina Romano, @silvinamceleste, investigadores CELAG.
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