Honduras implementa una nueva política penitenciaria, una apuesta orientada a la coerción de los internos y no a la rehabilitación. La construcción de centros de máxima seguridad y la distribución de internos en los ya colapsados presidios del país no han podido poner fin a la crisis penitenciaria.
El hacinamiento, vulnerabilidad de los centros penales, la falta de una política de rehabilitación y la mora judicial en los casos de personas privadas de libertad, son algunos de los problemas que forman parte de esa realidad hondureña.
“La modificación en realidad ha sido difícil, para nosotros los familiares es complicado no saber nada de nuestros parientes”, inició comentando la esposa de un interno, que en este momento está encarcelado en el Pozo, una cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara.
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La transición además de la construcción de los centros de máxima seguridad, también ha sido establecida para los familiares, quienes deben cumplir un conjunto de requisitos para obtener un certificado por seis meses y así visitar a sus seres queridos, el proceso es administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), ente encargado del manejo de las cárceles a nivel nacional.
Los familiares interesados en su acreditación deben presentar antecedentes policiales y judiciales, copias de identidad, fotografías, grado de parentesco, entre otros. En total se gasta entre 2,500 y tres mil lempiras, uno 130 dólares. “Para nosotras es difícil, imagínese no tenemos dinero para ese trámite, mucho menos para trasladarnos tan lejos e irlos a ver”, lamentó otra chica, quien también tiene a su esposo preso.
La nueva disposición tomada por el INP se da por las denuncias a familiares de ser los responsables de introducir armas y drogas a los centros penales. El INP sí ha tomado medidas contra los familiares por esas acusaciones, pero paradójicamente las autoridades de los centros penales donde se han registrado un sin número de conflictos, todavía no han recibido un proceso investigativo al respecto.
Desde la política de seguridad, se habla que tanto familiares como autoridades penitenciaras son las responsables del ingreso de material ilícito a los centros, por eso el gobierno decidió crear el Instituto Nacional Penitenciario, junto a ello una policía penitenciaria, pero que es educada y formada bajo la lógica militar, pues los centros de máxima seguridad existentes en la actualidad son dirigidos por militares, con colaboración de varios elementos penitenciarios.
Una de las chicas que brindó su testimonio, y que prefirió no dar a conocer su nombre por seguridad, dijo que su esposo padece de diabetes. “no nos dejan llevarles medicinas, ni comida, ni nada, yo estoy preocupada por mi esposo, la única vía de comunicación ha sido a través de cartas y eso no es suficiente”.
Los familiares ante la rigurosidad buscan ayuda de las organizaciones que trabajan el tema de rehabilitación de privados de libertad. La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica en San Pedro Sula, al norte de Honduras es una de ellas, y que actualmente acompaña a las familias afectadas y lo hace en tres acciones: apoyo sicológico, legal y siendo un puente de correspondencia.
“Ante la realidad hemos ampliado nuestro campo de acción, brindamos apoyo psicológico a los familiares, sabemos que esta situación es complicada y les afecta directamente, también brindamos asesorías legales en los casos judiciales contra los internos, y bueno ayudamos a los familiares para que hagan los trámites de sus credenciales y así visitar a sus seres queridos”, dijo Isis Perdomo, representante legal de la Pastoral.
Perdomo cuenta que ellos ayudan a trasladar las cartas de los familiares a los internos, y en coordinación con el INP el proceso avanza de forma coordinada. “Por ahora es lo que queda, apoyar a los familiares e incitar a las autoridades a involucrar a los internos en una verdadera rehabilitación”, amplió Perdomo.
Por su parte el Comisionado Nacional contra la Tortura, Orle Solís, afirmó que desde este espacio han sugerido varias cosas al INP para no afectar tanto a los familiares de los privados de libertad. “Sabemos que ellos sacan la peor parte, tienen derecho de ver a sus familiares, de saber cómo están y de que se le respete su derecho a la vida”.
Solís asegura que esta semana se reunieron con las autoridades para incitarlos a la estructuración de un programa de rehabilitación de internos que se fundamente en el respeto a los derechos humanos.
“Además de esto nos preocupa el hacinamiento, por ejemplo, con el cierre del centro penal en San Pedro Sula los traslados se dieron a centros que ya están colapsados y sabemos que, aunque construir más centros penales no es desarrollo el Estado se encuentra obligado a hacerlo y llevar a esos lugares a los internos que están causando hacinamiento”, comentó el comisionado.
Para la Pastoral, el tema del hacinamiento forma parte de un problema general: la crisis penitenciaria, la que solo se puede combatir a través de la rehabilitación. Perdomo considera que hasta que el gobierno aplique estas medidas de inserción social a los internos, las condiciones de los mismos centros irán cambiando gradualmente.
Por ahora, con el traslado de los internos a los nuevos centros penales y la modificada política de admisión del INP, los que sacan la peor parte son los familiares, ellos y ellas que pasan preocupados por las condiciones en que sus seres queridos son tratados y rehabilitados.
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