Por Sandra Rodríguez
Representantes de la Mesa de Indignados de El Progreso y Coalición Contra la Impunidad
Esta mañana se presentó una solicitud para investigar las condiciones bajo los cuales fue determinada, adjudicada y opera actualmente la concesión del corredor turístico que establece la obligación del pago de peaje para la ciudadanía sin opción de una vía alterna.
Hasta las oficinas de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en Tegucigalpa, llegaron representantes de la Mesa de Indignados de El Progreso, Coalición contra la Impunidad y Convergencia Contra el Continuismo, donde presentaron la solicitud de investigue aspecto sobre las empresas que participaron en dicho concurso, los socios extranjeros y nacionales (si los hubiere), el origen del capital de las empresas, qué relaciones pudieran existir entre las empresas beneficiarias y los políticos que actualmente ostentan el poder y determinaron, formal o materialmente, la adjudicación de la concesión, y sobre los delitos que pudieran configurarse en la eventual identificación de actos de corrupción y sus responsables.
El contrato de la concesión de las carreteras nacionales que conforman el denominado corredor turístico fue estructurado por la Comisión Para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y aprobado por el Congreso Nacional, mediante decreto legislativo número 204-2012, en fecha 19 de diciembre de dos mil doce y publicado en La Gaceta número 33,070 del 8 de marzo de 2013.
“Estamos convencidos que detrás de estas concesiones hay tremendos actos de corrupción que se develan en el contrato, hay detalles que resultan encargas super onerosas para el Estado, no encontramos un beneficio real para el Estado, por el contrario, existen beneficios desproporcionados para la empresa concesionaria que no hizo ninguna inversión en la carretera, que simplemente se los regaló”, declaró Omar Menjivar, quien es parte del equipo legal en este caso.
Afirmó que, de parte de la MACCIH, quedó un compromiso de dar seguimiento a la solicitud de investigación. El documento también se entregó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Karina Flores, de la Mesa de Indignados de El Progreso, ciudad ubicada en el departamento de Yoro y a media hora de San Pedro Sula, Cortés, denunció que se les está violentando el derecho a libre circulación, pues quedarían encerrados entre casetas de cobro.
En el peaje de San Manuel Cortés, se recaudará el 60% del cobro en el corredor turísticos, y es el paso que deben ocupar los trabajadores y estudiantes que van a San Pedro Sula. Además, está el cobro de peaje a la salida del municipio de Santa Rita, y en la salida a Tela, que están a punto de iniciar cobros, y con ello el saqueo que empobrece más al pueblo.
Si no fuera por el campamento de la ciudadanía progreseña, que tiene 411 días frente a las casetas de peaje vigilantes para que los consultores no paguen peaje, ha permitido que más de 200 millones de lempiras no se haya escapado del circulante de la ciudad.
El documento muestra aspectos que despiertan sospechas sobre irregularidades, como Obras ya construidas, pues la concesión se da sobre carreteras ya construidas con fondos estatales, que son fondos del pueblo.
Pese a que no hizo ninguna inversión para construir la obra concesionada y con ello no arriesgó ningún capital, el Estado se ve obligado a garantizarle al concesionario un ingreso mínimo anual (IMAG: Ingreso Mínimo Anual Garantizado), para asegurar el funcionamiento operacional de la concesión, el cual es un monto que se incrementa año con año.
La Imposición de peaje contra el derecho a la libertad de locomoción, el contrato de concesión impone el pago del peaje, indistintamente de que la persona usuaria no pueda o no quiera pagar el peaje, imposibilitándola de optar por una vía alterna a la que tiene derecho, justamente para no ver obstruido su derecho a la libertad de circulación, consagrado en el artículo 81 de la Constitución de la República.
La Mesa de Indignados de El Progreso y la Coalición Contra la Impunidad, identifican como contrario al interés colectivo y del Estado, el hecho de que este se constituye como garante o aval del préstamo que el concesionario pueda adquirir para la operación de la concesión, entre otros.
Por lo que la petición concreta, a la MACCIH es que admita esta denuncia y en razón de ella inducir la investigación que amerite e informe periódicamente a los peticionarios sobre el avance del proceso de investigación y a la ciudadanía en general sobre los resultados finales de la misma; además que ponga en conocimiento del Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, el ingreso de esta denuncia para los efectos pertinentes y, si de la investigación evacuada, resultan identificadas acciones punibles y sus responsables, se inste el proceso penal correspondiente para la sanción que previene la ley.
Puntos a Investigar:
Cuál fue el pliego de condiciones del concurso público internacional;
Cómo se llevó a cabo el proceso de convocatoria al concurso;
Qué empresas participaron en dicho concurso;
Quiénes son los socios extranjeros y nacionales (si los hubiere) que conforman las sociedades mercantiles participantes en el concurso internacional;
Cuál es el origen del capital de las empresas que conforman el consorcio beneficiario de la concesión
Qué relaciones pudieran existir entre las empresas beneficiarias y los políticos que actualmente ostentan el poder y determinaron, formal o materialmente, la adjudicación de la concesión.
Qué delitos pudieran configurarse en la eventual identificación de actos de corrupción y sus responsables.
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