Por Sandra Rodríguez
El 19 de abril continuará el juicio Oral y Público contra Tomás Cruz, Abel Pérez y Santos Hernández, campesinos criminalizados por hacer un parqueo provisional durante la Semana Santa del 2015, en la comunidad Playa Blanca, península de Zacate Grande.
La audiencia dio inicio ayer en el Tribunal de Justicia de la ciudad de Nacaome, Valle, al sur de Honduras, dónde rindió testimonio, Jorge Luís Cassis, como presunto afectado, y dos testigos más que presentó la fiscalía; y, ante la falta de un perito para rendir declaración sobre el terreno en litigio, se acordó suspender la jornada, que continuará en el Tribunal de Sentencia de Choluteca.
Pérez, Cruz y Hernández, fueron acusados por los delitos de usurpación, amenazas y daños en perjuicio de Cassis, quien declaró que el terreno utilizado como parqueo, lo recibió por herencia de sus padres en la década de 1990.
También declaró que él no ha usado el terreno porque Pérez y Hernández no se lo han permitido.
En el 2015, el conflicto se dio en el marco del cierre de la turística playa La Guayaba Dorada, por lo que las personas empezaron a ir a Playa Blanca, y la comunidad organizada limpió el terreno para utilizarlo como parqueo durante la Semana Santa, pues ha sido desde siempre un predio solo y utilizado como camino de paso.
Desde entonces fueron denunciados y se les dictó medidas sustitutivas a la prisión de no acercarse ni hablarle a Cassis, no salir del país e ir a la Isla del Tigre, Amapala, a firmar el libro de imputados.
Abel y Santos, guardaron prisión durante tres meses el año pasado, ya que por falta de recursos económicos no pudieron cumplir con la medida preventiva de ir a firmar cada quince días.
Una lucha del pueblo
Durante las declaraciones también se mencionó al líder social Pedro Canales, vinculándolo como uno de los que promueve al grupo para “usurpar” el terreno.
Canales, es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, criminalizado, perseguido y hasta víctima de atentados contra su vida. Ha acompañado en cada proceso judicial a sus compañeros y compañeras citados ante los Juzgados por defender los derechos humanos en el país.
Y no se le hace extraño que los que se dicen dueños de las tierras y playas, dónde los agricultores y pescadores de la península han vivido por dos siglos, lo señalen y ataquen.
Lo insólito es que los mismos vecinos y también afectados, los acusen y se pongan de parte de los terratenientes, es un enfrentamiento entre los mismos hermanos, agregó Canales, al concluir esta parte de la audiencia.
“Desde hace 17 años que iniciamos la lucha con la ADEPZA, he enfrentado estas situaciones de frente porque sé que es justa, y hace que la otra parte se sienta mal; lo he vivido de parte de Miguel Facussé (fallecido en 2015), Fredy Nasser y Jorge Cassis que siempre me ha señalado de estar al al frente de esta lucha”
Por lo que el defensor de DDHH, afirmó que “detrás de todo esto no está Pedro, sino el pueblo que necesita educación, trabajo, alimentación, por lo que me siento tranquilo y voy a seguir apoyando a la comunidad de Zacate Grande”.
En cuanto al juicio que enfrentan sus compañeros de organización, dijo que mantienen la esperanza de que habrá justicia, pues no se sienten solos “valoramos la presencia y apoyo legal del COFADEH, y el acompañamiento de tanta gente, hace que sea un juicio diferente”.
En Honduras, más de cinco mil campesinos y campesinas han sido criminalizados por el derecho al acceso a la tierra, al menos 15 han sido encarcelados, y más de 150 asesinados en tema de conflicto agrario.
En cuanto a procesos de recuperación de tierras, dónde indígenas y campesinos son víctimas de desalojos violentos por parte de policías y militares con órdenes de jueces ejecutores, el Estado de Honduras no tiene capacidad económica para negociar esas tierras, según funcionarios del Instituto Nacional Agrario, INA.
El país tiene una longitud de 112, 492 kilómetros cuadrados y una población de mas de ocho millones de habitantes, con vocación agrícola-forestal el acceso a la tierra afecta a mas de 300 mil familias campesinas, y la zona sur no es la excepción, amenazada ahora con la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE, conocidas popularmente como “ciudades modelos”, la primera podría ser en el municipio de Amapala, dónde está Zacate Grande.
Con las ciudades modelos se corre el riesgo del desplazamiento forzado de los pobladores, quiénes poco a poco se están quedando hasta sin sus playas, ha denunciando los defensores.
Los campesinos criminalizados son miembros de la Asociación para el Desarrollo de la ADEPZA, y Abel también es integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país, REDEHSUR, que forma y acompaña el COFADEH desde el año 2012.
En el sur de Honduras, también hay problemas que impactan en el ambiente debido a la explotación minera, la instalación de las plantas de energía solar que han provocado aumento a la temperatura climática en comunidades de Valle y Choluteca, expresaron algunos pobladores que acompañan los procesos judiciales.
Para el 19 de abril, en Tribunal de Sentencia de Choluteca, se espera continuar con el Juicio Oral y Público y que se emita la resolución del caso que mantiene con medidas sustitutivas a la prisión a tres campesinos y defensores de derechos humanos por el acceso a la tierra.
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