El pasado 18 de diciembre se cumplió un año de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre el caso de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se encontró al Estado de Honduras “Internacionalmente responsable” por violación de varios derechos de la comunidad garífuna.
Un año después, el Estado continúa incumpliendo la sentencia emitida por el organismo internacional de justicia.
La sentencia de la Corte dice que la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993 es el primero en resaltar.
Este caso además pone en discusión la forma en que los proyectos turísticos o habitacionales se instalan en las comunidades sin consultar a las mismas violando el derecho internacional a la Consulta Previa, Libre e Informada.
“No se efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación, en las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos “Marbella” y “Playa Escondida”, para la adopción del Decreto que estableció el área protegida Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo, y en lo relativo a la parte que se sobrepone con las tierras de la comunidad sobre las cuales el Estado había otorgado un título de propiedad en el año 1993”; reza el comunicado.
El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.
Según la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, hasta la fecha no existe ningún paso de parte del Estado para cumplir la sentencia, únicamente en una forma desesperada convocaron a una reunión urgente a la comunidad de El Triunfo de la Cruz haciendo un show mediático para hacer creer que se está cumpliendo la sentencia.
La ganadora de la primera edición del “Premio Nacional Carlos Escalera”, Mirian Miranda dice que no esperan mucho del Esto hondureño, por lo tanto comenzarán a hacer incidencia a nivel internacional para visibilizar la falta de voluntad que tiene el gobierno de cumplir la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Miranda explica que la semana anterior varios senadores del Congreso de Estados Unidos visitaron la bahía de Tela para conocer de cerca los problemas que viven las comunidades garífunas, y verificar el cumplimiento de la orden de la CorteIDH.
A pesar que existe una sentencia internacional a través de la cual se exige el respeto a las comunidades garífunas, éstas continúan siendo hostigadas, reprimidas y criminalizadas por el propio Estado hondureño.
Recientemente la lideresa garífuna de la comunidad Guadalupe, Trujillo, Medelin David fue procesada por la justicia hondureña, acusada por el delito de usurpación de tierras.
A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos envía un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
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