Por Javier Suazo
A Israel Salinas, dirigente obrero, que no se las comía vacías.
En el sentido de los economistas vulgares, la pobreza y el desempleo pasan a ser problemas coyunturales que se superan una vez que la economía se estabiliza y retoma el ritmo del crecimiento económico, por lo que programas compensatorios como la entrega de bonos a madres con niños y niñas con problemas de desnutrición, y la generación de empleos de mala calidad sirven como aliciente para no desvanecer y esperar al final del camino la recompensa.
La pregunta que se hacen los padres de familia de estos infantes son dos: a) ¿Acaso siempre nos entregarán el dinero completo por permitir que nuestros hijos asistan a los centros de salud y escuelas?; b) ¿Cuánto tiempo hay que esperar para recibir la recompensa de un crecimiento económico alto y sostenido?
Como se sabe, los programas de compensación social dentro del modelo neoliberal son permanentes, llegaron para quedarse, ya que siempre habrá hogares pobres e indigentes. Y como el gobierno siguiendo los consejos del FMI destruye la inversión productiva y de buena calidad para no generar déficit fiscal e inflación, la recompensa tardará mucho en llegar o no llegará. Esto último cierra las oportunidades de empleo sostenible a lo interno, pero abre un camino fuerte a la informalidad y peligroso como la venta de drogas, delincuencia, prostitución y la búsqueda del sueño americano.
En Honduras y demás países latinoamericanos, esta forma de enfrentar el desempleo y la pobreza, que aquejas a sus poblaciones y economías, se acompaña con reformas institucionales que eliminan trabas y “distorsiones” de mercado que supuestamente afectan la inversión. La principal traba es la ineficiencia de la institucionalidad, por lo que hay que eliminarla trasformando y cerrando instituciones públicas, asignándole sus competencias a agentes privados. La ineficiencia se demuestra por la alta y cara burocracia, el bajo nivel académico de los empleados públicos, la injerencia política-partidista en la toma de decisiones, los trámites engorrosos, la falta de reglas claras, incumplimiento de leyes, corrupción y ausencia de principios éticos en la gestión de la cosa pública.
Es así como se aprueban reformas estructurales en el agro para eliminar a los campesinos y campesinas ineficientes por su falta de educación y conocimiento técnico, desarrollo de actividades productivas generadoras de bienes salarios (no productos para la exportación) de baja productividad física y del trabajo. Hay reformas energéticas para expulsar a las indígenas de sus tierras y patrimonios ancestrales, ya que estorban para el desarrollo de proyectos que utilizan curiosamente tecnologías verdes “desconocidas” por ellos. Reformas laborales para destruir el trabajo productivo formal y precarizarlo. Incluso reformas educativas, de salud y protección social, para encarecer y alejar a la población de estos servicios.
La reforma económica es la más importante, ya que hace posible supeditar toda la acción del Estado y de los demás agentes al cumplimiento de “credos”. El más importante, es que la baja inflación es el gran objetivo nacional a cumplir, no importa los medios que se utilicen para ello, ni los efectos e impactos negativos. La alta inflación se atribuye a un alto déficit fiscal que causa un exceso de liquidez en la economía sin respaldo. No solo hay que disminuir este déficit (cerrando la brecha entre ingresos y gastos), sino también restringir la liquidez para no presionar al aumento de los precios por una mayor demanda de los bienes y servicios.
Este control de los factores de expansión monetaria, se realiza incluso utilizando dinero de las personas cuando los Bancos Centrales lo retiran del sistema bancario ofreciendo certificados de absorción como los bonos del Estado, que devengan intereses pagados al final a los mimos bancos privados con la recaudación de más impuestos. En Honduras, recién el Banco Central autorizó la absorción de liquidez que según la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) asciende a cerca de 12,000 millones de lempiras para que no ejerciera presión sobre los precios e incumplir la meta de inflación establecida con el FMI, en una coyuntura de pérdida de 100 millones de dólares en reservas internacionales.
La AHIBA se opuso a esta medida ya que se realizó en un periodo de mayor demanda de recursos y aumento del consumo, por lo que tuvieron que acatarla pero colocando menos créditos a mayores tasas de interés. Para el presidente del Banco Central, Manuel Bautista, los bancos privados ganarán con esta operación por el retiro del primer tramo (5,500 millones de lempiras) unos 57 millones de lempiras, ya que la tasa de interés ofrecida y pagada es mayor.
Este retiro de liquidez ocurre también días antes de la negociación del nuevo salario mínimo entre las centras obreras, el gobierno y la empresa privada. Los obreros exigen un aumento entre 5% y 8%, mientras que el gobierno ofrece 3.3% que corresponde a la inflación proyectada por el Banco Central después de contraer la liquidez; inicialmente se había pactado con el FMI una meta de inflación en un rango de 4.5% a 5.5%. Los empresas consideran que más que hablar de aumento de salario, hay que generar empleos aunque sean de mala calidad y espurios (por debajo del salario mínimo, sin beneficios social, parciales, por hora y en sectores económicos de baja productividad), ofreciendo un 3.3% de aumento máximo.
El 26 de diciembre de 2013, en el marco de la diarrea de leyes aprobada por el Congreso de la República, se aprobó el acuerdo STSS-599-2013, que fija el monto del salario mínimo para un periodo de tres (3) años, 2014, 2015 y 2016. Se establecen rangos entre 5% y 7.5% de aumento para 2014, 5.3% y 6% para 2015 y 4% y 8% para 2016. En caso que la inflación sea menor de 4% y superior de 8% se debe negociar una nueva estructura, de lo contrario se otorgaría el equivalente al porcentaje de inflación. Atendiendo a ello, si la inflación para 2016 es de 3.3%, es de esperar que el sector privado y gobierno lo utilicen como límite de ajuste, con lo cual los más perjudicados serían los y las trabajadoras. Supone un aumento promedio de 253 lempiras, que hubiera subido a 345 lempiras en caso que la inflación proyectada fuera de 4.5%.
Pero también con esta negociación, se hace poco referencia a la situación de la productividad del trabajo, ya que un aumento de esta debería sumarse al ajuste por inflación proyectada por el Banco Central. Hay pocos estudios sobre la productividad del trabajo en sectores de bajos salarios como el agroalimentario, industria y servicios, principalmente de aquellas empresas o unidades productivas con menos de 50 trabajadores. Pero también en esta negociación no se reconoce el esfuerzo de la economía (tasa de crecimiento del PIB real anual) estimada en 3.4% para 2016 que, como en el pasado, debería sumarse al salario por inflación; no digamos de la inflación pasada no indexada que debería incluirse como factor de referencia, así como lo hacen las grandes empresas para ajustar los precios a causa de devaluaciones programadas, las llamadas expectativas racionales.
Un problema no resuelto aún, es el costo real de la canasta básica de alimentos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) la estima en un poco más de 5,600 lempiras para la zona de Tegucigalpa y San Pedro Sula (noviembre 2016), para el Banco Central anda arriba, pero para el Instituto de Estadísticas (INE) supera los 8,000 lempiras. Debería aclararse más el cómo del cálculo, los productos efectivamente incluidos y las zonas donde se realizan las encuestas y periodicidad. Los dirigentes obreros empiezan a creer en las cifras del gobierno, pero deberían pedir explicaciones públicas en el marco de las reuniones del Consejo Económico Social (CES) y hacer (contratar) sus propios cálculos.
Sobre este tema, una publicación reciente (Move Hub: 2016) señala que en Honduras se necesita 100.54% del ingreso (salario promedio) de una familia de cuatro (4) miembros para cubrir el costo de una canasta básica británica, colocándolo a la cola en la posición 112 detrás de Bolivia (62.95%), El Salvador (49.98%) y Republica Dominicana (34.8%). Aunque no se incluyen todos los países latinoamericanos y la composición de los productos de la canasta básica descarta productos típicos de consumo del hondureño promedio, es una referencia importante que las centrales obreras y el gobierno deben considerar.
Las negociaciones entre los actores de la Comisión nombrada para ajustar el salario mínimo para 2017 se trasladaron para el mes de enero próximo, ya que no hay acuerdo en el porcentaje y tiempo de duración. En esto es de destacar la posición de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) para que la negociación se haga por un año y no por tres, ya que la experiencia demuestra que el mayor perjudicado es el (la) trabajador (a) al atar el gobierno la economía a un dogma monetario: cero inflación, y no tener información creíble sobre el costo de la canasta básica y de alimentos, como de la productividad física y del trabajo por sectores económicos y tamaño de las unidades productivas y empresariales.
En el gobierno del Poder Ciudadano con Manuel Zelaya a la cabeza, se aumentó el salario mínimo arriba del 60% considerando el costo total de la canasta básica, por lo que fue condenado. Lo cierto es que, en economías como la hondureña donde el principal ingreso monetario del hogar (54%) es el salario, un aumento mayor de 10% ayuda a reducir la pobreza. “En un artículo interesante, Gindling y Terrel (2006) muestran que en Honduras: “los incrementos salariales sí reducen la pobreza extrema: un incremento de 10% en el salario mínimo va a reducir la probabilidad de que un individuo promedio en la fuerza laboral se encuentre en situación de pobreza extrema en 1,8%.” Para las grandes empresas privadas: “un incremento de 10% en el salario mínimo reduce la pobreza extrema, y la pobreza en 2,0% y 1,9% respectivamente” (Citado por José A. Cordero en CEPR: 2009, pág., 20).
De allí que las centrales obreras deben poner mayor atención a este tema, más allá de las prebendas, el discurso político y la propaganda de la prensa mediática; incluso de lo que diga el FMI. La prensa mediática ejerce presión a los miembros de la Comisión negociadora del salario mínimo para que no se aumente más del 3.3%, aduciendo que 2017 será un año difícil por los aumentos de impuestos de años pasados, devaluación del lempira, aumento del precio del petróleo y contención de los migrantes, pero debe reconocerse también que los y las trabajadores son los que más han sufrido esta política de corte neoliberal que cercena los salarios y las oportunidades de empleo productivo con el ajuste recesivo.
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