Por German H. Reyes R.
Comunicaciones privadas, filtradas de manera exclusiva a Revistazo.com, develan la incomodidad que hace una década provocaba entre las élites hondureñas la idea de que en el país se aprobara la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Este medio digital tuvo acceso a cartas enviadas entre funcionarios del gobierno y empresarios, quienes manifestaban su oposición a que en este país la ciudadanía pudiera tener acceso a la información que según ellos debía ser exclusiva de los grupos políticos y empresariales. No obstante, entre esa documentación también se observa la presión que desde la sociedad civil se ejercía para que se aprobara la legislación.
Impulsado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil denominada Alianza 72, en mayo del 2004 el Proyecto de Ley llegó a las manos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, quienes en ese momento eran el Presidente y Secretario respectivamente del Congreso Nacional. Ellos lo engavetaron y fue hasta casi tres años después que una nueva Asamblea Legislativa lo aprobó luego de un largo proceso de consultas, no solo entre los diputados sino con los poderes fácticos que dominan en esta nación centroamericana.
Hubo muchas reformas al proyecto original, pero por fin obedeciendo más a una promesa de campaña que al clamor social, el 27 de noviembre de 2006 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el Decreto Legislativo 170-2006.
Originalmente el proyecto contemplaba preceptos de acceso a la información pública y hábeas data, pero de inicio la mayoría de los diputados nacionalistas y liberales, todos acostumbrados al secreto y a la impunidad, lo rechazaron, pese a que la aprobación de esta Ley fue parte de las promesas de campaña del ex presidente, Manuel Zelaya, quién recién había instalado su gobierno tras ganar las elecciones generales en noviembre de 2005.
Cabe mencionar que los diputados del Partido Liberal, sesenta y dos en total, habían acompañado a su correligionario Zelaya y juntos prometieron aprobar esa Ley, pero rechazaron el proyecto cuando fue presentado ante el pleno, pese a que esa bancada con el solo acompañamiento de los cinco parlamentarios que entonces mantenía Unificación Democrática (UD) hacían mayoría simple. Juntos sumaban 67 votos contra 61, pero no tuvieron la voluntad, como tampoco la hubo en el Partido Nacional, el Partido de Innovación y Unidad (PINU) y la Democracia Cristiana (DC).
Fue un diputado de la bancada de la UD quien el 26 de octubre de 2006, por segunda vez presentó el proyecto de Ley en la Cámara Legislativa y solo ellos de manera unánime mostraron su voluntad para aprobarlo. Si recordamos, en la primera ocasión la Alianza 72 le entregó una propuesta conformada de 59 artículos, denominada, Ley de Acceso a la Información Pública y Hábeas Data, al presidente y secretario del Congreso Nacional, pero ellos nunca lo llevaron a discusión.
La Alianza 72 agrupaba organismos afiliados a la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), la Asociación de Prensa Hondureña (APH), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Una carta para salvaguardar la información de los subsidios
El 26 de mayo de 2006, la diputada liberal, Lizzy Flores, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso Nacional, recibió una carta de alguien identificado únicamente con las iniciales “GAA,” donde le proponen limitar el acceso de la información sobre el manejo presupuestario del Congreso Nacional, incluida la remuneración de los servidores públicos y otros ingresos que estos reciban. La misiva también dice que las iniciativas de ley deben ser presentadas directamente en la Secretaría del Congreso y que esta la dependencia sea la encargada de publicarlas.
Además, “GAA” planteó reservar la información pública cuando su divulgación pusiera en riesgo los programas asistenciales. “Con lo que salvaguardaríamos los subsidios y ayudas que se dan”, escribió.
En un monitoreo de los diputados que formaban parte del Congreso, Revistazo encontró que en ese periodo hubo tres parlamentarios que pudieron haber utilizado esas iniciales. Gabriel García Ardón, miembro de la Comisión de Dictamen y Guillermo Arnoldo Álvarez, ambos del Partido Nacional o el liberal, Gustavo Adolfo Alfaro.
La Alianza 72 conoció la misiva y por tal razón el 16 de junio de 2006 a través de una nota firmada por el comité coordinador le advirtió a la diputada Flores que “si el Congreso Nacional se limita a sí mismo en la posibilidad de aprobar una buena Ley de Transparencia en forma consecuente con las aspiraciones del pueblo hondureño se vería afectado no solo en su imagen pública sino también en sus espacios reales de construcción de su balance político del país”.
Se cuida las espaldas
El 22 de junio de 2006 la alianza 72 solicitó a la diputada Flores que en su calidad de presidenta de la Comisión de Ética les diera a conocer los cambios que se habían propuesto para el Proyecto de Ley y que identificara con nombres a los impulsores de la reforma. También le solicitó una explicación del procedimiento utilizado en el Congreso Nacional para trasladar el proyecto a otra Comisión, sin haber retirado las firmas de los dictaminadores originales.
Y es que de manera inexplicable a la Comisión de Dictamen que había sido nombrada inicialmente se habían adherido la diputada Marta Lorena Alvarado, Jorge Ramón Hernández Alcerro y Toribio Aguilera.
A manera de responder a esa inquietud de la coalición la parlamentaria escribió en sus anotacionesdonde se resalta que el proyecto contempla que la información oficial puede darse por teléfono o por fax, que eso dificultaría su transmisión y que se corría el riesgo de difundir información equivocada. “Hay que definir bien como se puede transmitir esa información puede ser por vía de publicaciones en medios serios o transmisiones por radio, pero con los documentos que sustenten la publicación”, explica la ex parlamentaria Flores.
No tienen por qué darle cuentas a la ciudadanía
El 7 de septiembre de 2006 la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, le envió un correo a José Aguilera, ejecutivo de la empresa de comunicaciones Amnet, subsidiaria de Tigo y allí le indica que las empresas privadas proveedoras de servicios al Estado no deben estar obligadas rendir cuentas. “Las empresas que prestan servicios o suministran bienes no tienen por qué estarle dando cuantas a la ciudadanía de lo que le proporcionan al gobierno”, expresa Flores.
Y a renglón seguido le ratifica que es obligación del gobierno publicar de oficio los contratos de energía, concesiones y proporcionar la información a quien la solicite, por lo que “no debe ser requisito para las empresas”, reitera la ex diputada liberal.
Se quejan por nuevo dictamen
Finalmente la Comisión de Dictamen cambió el contenido del Proyecto de Ley y eso provocó reclamos en la sociedad civil, representada por la Alianza 72. Para ellos los parlamentarios trataban de limitar el acceso a la información pública de los altos funcionarios y particularmente de los propios diputados del Congreso. La Alianza se quejó de la exclusión de responsabilidades a las empresas privadas que maneja fondos públicos.
“El dictamen desconoce los consensos y contradice el compromiso de aprobar la mejor ley de transparencia de América hecho por el propio presidente, Manuel Zelaya ante el Comité de Seguimiento de la Declaración de Estocolmo, el G-16”, expresó la Alianza, reclamo al que también se sumaron la Fundación Democracia sin Fronteras y el Bloque Popular, criticando el desorden en que estaba redactado el Dictamen y exclusión de las empresas privadas que manejan fondos públicos.
A través de un comunicado de fecha 13 de septiembre de 2006 el Bloque Popular cuestionó los límites que el Congreso trataba de imponer para el acceso a la información pública.
La culpa es de Mel
Organismos nacionales y extranjeros le habían recomendado al gobierno que la entidad encargada de tutelar el derecho a la información pública contara con independencia funcional, pero desde el Congreso Nacional insistían en que ese instituto debía estar adscrito al Ministerio de la Presidencia de la República. La situación sigue causando malestar en la sociedad civil y para pedir explicaciones, el 23 de noviembre de 2006 la Alianza 72 se comunica directamente con Roberto Micheletti, Presidente del Congreso.
En su carta la Alianza la persistencia de ese poder del estado en politizar el organismo garante de la Ley a través del ejecutivo. Astutamente Micheletti le trasladó la inquietud a su compañera de Cámara, Lizzy Flores, y ella en tono bastante molesto responde a la carta diciendo:“yo he sido muy amplia con ustedes y con las recomendaciones que hicieron y ya le expliqué es decisión de Mel”, señala ella sin esconder que la democracia hondureña no contempla separación de poderes.
Vale reflexionar que si en Honduras hubiera una verdadera democracia el Poder Ejecutivo, que en ese momento era presidido por Manuel Zelaya (Mel) no podía interferir en las decisiones del Poder Legislativo, de donde Flores era diputada.
La Alianza también reclamaba por la insistencia de limitar la información de las corporaciones municipales, del Congreso Nacional y por la insistencia de mantener reservada la información sobre aspectos fundamentales de la vida ciudadana. Y la respuesta de la entonces parlamentaria fue, “lo copiamos exactamente de la Ley de México” y no bastando con revelar esa incapacidad parlamentaria, molestamente escribe, “propónganos entonces una redacción".
Durante el 2005 la Alianza 72 se reunió con organizaciones internacionales y con los diputados tratando que se aprobara la Ley y pese a que ese fue un año político, no lograron su aprobación y por eso tuvieron que esperar a que se instalara el nuevo gobierno e iniciar un nuevo el proceso.
Las elecciones generales de 2005 fueron ganadas por el Partido Liberal, ellos asumirían el poder el enero de 2006, pero 22 días antes de la toma de posesión, el 5 de enero, la Alianza 72 entregó la nueva propuesta de Ley a los asesores del presidente electo, Manuel Zelaya. Era un documento basado en el proyecto original que en octubre de 2004 le habían entregado al todavía presidente del Congreso, Porfirio Lobo.
El 23 de enero, dos días antes de instalarse el nuevo Congreso Nacional, Zelaya le remitió la propuesta a Roberto Micheletti, un eterno diputado del Partido Liberal, quien había designado para que ocupara la presidencia de ese Poder del Estado. Zelaya redujo el articulado de 59 a 19 artículos, pero aun así"conservaba el espíritu de la propuesta original”, señala una carta que el 6 de febrero de 2006 la Alianza 72 le envió a Micheletti, ya electo Presidente Congreso Nacional.
Al COHEP le preocupaba la Ley
Con la firma de los cinco diputados que formaban la bancada de la UD, el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue presentado en sesión ordinaria celebrada en el Congreso Nacional, el 26 de enero de 2006 por el diputado César Ham. Fue admitido y seguidamente el presidente de ese órgano legislativo, Roberto Micheletti, nombró una Comisión de Dictamen integrada en su mayoría por diputados conservadores.
Con la excepción de Doris Gutiérrez, de la UD, esta Comisión la integraron los liberales, Mary Elizabeth Flores (Lizzy Flores), Wenceslao Lara y Víctor Sabillón. Adela Elizabeth Zúñiga, Gabriel García Ardón, Antonio Orlando Benítez y Rolando Daban Buezo, del Partido Nacional, del PINU, pero conservadora como los demás, también estuvo allí, Ana Rosa Andino.
Esta Comisión no fue capaz de emitir su propio dictamen y sometieron el Proyecto a consideración de los grupos políticos y empresariales. Viajaron a México a recoger las experiencias que en ese país habían tenido diversos sectores con la Ley que allá ya estaba vigente.
El 22 de marzo de 2006 el Consejo Hondureño de la Empresa privada (COHEP) a través de su presidente, Mario Canahuati, expresó su inquietud por el contenido del Proyecto de la Ley de Transparencia.
“Nos preocupa que un instrumento de este tipo puede ayudar a combatir el flagelo de la corrupción se desfigure y se convierta en una herramienta para la competencia desleal, al mal uso de la información y a la violación de la privacidad”, señaló Canahuati en una carta que dirigió a Micheletti, a través del Secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra.
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