Por German H. Reyes R.
Utilizando las mismas artimañas del pasado, el Congreso Nacional eligió este martes ocho de noviembre a los nuevos miembros que conformarán el pleno del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entidad que constitucionalmente fue creada para el combate de la corrupción, pero que hasta hoy por desidia de quienes lo han dirigido no refleja más que deficiencias institucionales.
Al inicio fueron 102 personas las que presentaron sus hojas de vida con el objeto de ser tomadas en cuenta en el proceso de selección, pero de manera antojadiza y sin explicación alguna los diputados del Congreso Nacional descartaron 87 y sólo tomaron en cuenta a quince. De los cuales, el nacionalista, Mario Pérez, presidente de la Comisión Multipartidaria, presentó una nómina de tres: Juan José Pineda, Ricardo Rodríguez y Roy Pineda Castro.
Ellos fueron electos con 97 a favor y para continuar con la costumbre en esta elección ocurrió lo de siempre, el repartimiento de acuerdo al interés político y no a las exigencias de la ciudadanía. Vale mencionar que por no contar con diputados en el Congreso Nacional en esta ocasión se quedó afuera el Partido Demócrata Cristiano, considerado de siempre como la bailarina del circo político.
Y ahora al juego entró LibRe, quien además de lograr un miembro en el TSC consiguió la aprobación para ampliar el número de magistrados del Tribunal Supremo Electoral con miras a tener allí a un representante.
Es así como los nuevos miembros del TSC responden a sus partidos políticos. Juan José Pineda al Partido Nacional; Ricardo Rodríguez, Liberal y Roy Pineda Castro de LibRe.
Como parte del pan y circo que los políticos reparten entre la población, entre el lunes y martes de esta semana los quince candidatos que inicialmente fueron escogido por los diputados, sin la presencia de la sociedad civil fueron sometidos a audiencias públicas, pero a juicio de la diputada del PINU, Doris Gutiérrez “esto ya estaba cocinado, nosotros teníamos nuestra propia nómina, pero ni siquiera se nos dio la oportunidad de plantearla”.
Ella votó en contra porque según dijo hace dos semanas se dio cuenta que ya habían sido escogidas a las personas que iban a elegir.
Vale mencionar que por la falta de transparencia con que el Congreso estaba manejando la situación hace dos semanas que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capitulo hondureño de Transparencia Internacional se retiró del proceso, acción a la que el diputado nacionalista, Mario Pérez, le restó importancia.
No debemos ver si la ASJ dice no, vamos a seguir con el proceso, hay otras organizaciones que si quieren participar “, sostuvo Pérez.
Más penas que gloria
Constitucionalmente el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se creó como ente fiscalizador de los fondos y demás bienes que son administrados por los tres poderes del Estado, municipalidades y organismos privados que manejen recursos públicos. Es atribución exclusiva de este organismo determinar si un funcionario público se ha enriquecido ilícitamente, pero hasta hoy poco o nada se hace en esa entidad para el combate de este delito.
Son muchas las acusaciones que la ciudadanía hace contra los alcaldes, secretarios de estado y hasta de presidentes, que supuestamente abusaron de los recursos públicos, pero hasta hoy esos señalamientos solo quedan en escándalos públicos debido a que la institución obligada a tipificar el delito ha sido politizada y pese a que en sus auditorías se reflejan los abusos cometidos, no existen funcionarios que al menos hayan sido enjuiciados por quebrantamientos a la Ley.
Borraron pérdidas de ex – alcalde capitalino
Un claro ejemplo de esa situación se aprecia en la supuesta manipulación que hizo la ex presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta, de una auditoría para favorecer al entonces Alcalde Municipal del Distrito Central, Ricardo Álvarez, hoy Designado Presidencial. Los auditores encontraron que Álvarez, quien ese momento buscaba ser electo candidato a la Presidencia del Partido Nacional había ocasionado pérdidas por arriba de 303.4 millones de lempiras, pero de manera antojadiza Anchecta, seguidora de su corriente política, le borró 297 millones de esta responsabilidad para encubrirlo.
Repararon a maestros con salarios inflados, pero no a los que autorizaron los pagos
A inicios de 2010 el TSC determinó reparar a 4,749 maestros que indebidamente recibieron 492 millones 516 mil 55 lempiras concepto de calificación académica, pero paradójicamente eximió de responsabilidad a los funcionarios de la Secretaría de Educación que ordenaron el pago respectivo.
El informe del TSC señala que entre 2003 y 2008 la Secretaría de Educación Pública emitió los pagos a docentes con plazas arriba 36 horas de instrucción y asegura que ese beneficio solo debe ser pagado sobre el sueldo base de una plaza.
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas el funcionario superior, en este caso los Ministro es solidariamente responsable con el servidor público reparado cuando hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por no ejecutar o implementar las disposiciones de control interno, pero los magistrados de ese organismo contralor, salvando de responsabilidad a los jerarcas pedían que los maestros devolvieran los recursos y finalmente sus decisiones fracasaron.
Lo anterior provocó que en mayo 2010, Transformemos Honduras presentara en la Fiscalía una denuncia por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en contra de los ex ministros de educación, Marlon Breve Reyes y Elio Santos Euseda, por considerarlos responsables del pago irregular de beneficios colaterales a los maestros.
La denuncia también fue formulada en contra de los ex magistrados del TSC Ricardo Galo Marenco, Renán Sagastume Fernández y Fernando Daniel Montes Matamoros, por el delito culposo continuado de malversación de caudales públicos, en perjuicio de la administración del Estado.
Al este clamor también se unió el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el 5 de julio de 2010 pidiéndole al entonces presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía, remitir la denuncia al Ministerio Público para frenar la corrupción en el sistema educativo nacional.
Historia de la TSC
“Habrá un Tribunal Superior de Cuentas, cuyos individuos serán nombrados por el Gobierno, y se reglamentarán sus atribuciones por una ley especial”, dice el Artículo 99 de la Constitución Política del Estado de Honduras de 1839. De igual forma, las Constituciones de 1894 y 1906 disponen que para fiscalizar la administración del Tesoro Nacional, habrá una Contaduría Mayor o Tribunal Superior de Cuentas, cuyas atribuciones serán examinar, aprobar o improbar las cuentas de los que administren fondos públicos.
Para cumplir con este mandato constitucional el 13 de febrero de 1928, el Congreso Nacional promulga el Decreto Legislativo Número 37, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y en ese año esa entidad comienza a funcionar los parlamentarios escogieron sus miembros para un mandato de cuatro años, con la prohibición de reelegirse. La Constitución de 1936 ya exige que los miembros de esa entidad sean abogados o peritos mercantiles.
En 1956, la Junta Militar de Gobierno, derogó la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y creó la Contraloría General de la República, la que comenzó operar el 1 de enero de 1957 y es con ellos que nace el concepto de fiscalización a posteriori del tesoro nacional. La Contraloría se encarga de verificar el manejo de los fondos o bienes públicos y de interpretar las cuentas de los funcionarios.
La Constitución de la República de 1957, en el Artículo 286 establece que para la fiscalización a posteriori de la Hacienda Pública habrá un organismo auxiliar del Poder Legislativo, denominado Contraloría General de la República, que se regirá por su Ley Orgánica y tendrá independencia funcional y administrativa y en aspectos similares se refiere en la Constitución de la República de 1965.
En diciembre de 1993 por considerar que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República ya no estaba acorde con la realidad el Congreso Nacional emitió el Decreto 224- 93, contentivo de la nueva Ley. El 30 de diciembre de 1975 el Gobierno militar en Consejo de Ministros había aprobado la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Público y creó la Dirección de Probidad Administrativa, como una dependencia de la Contraloría General de la República.
Asimismo, en la Constitución de la República de 1982, la Contraloría General de la República, con similares funciones a las señaladas en las Constituciones de 1957 y 1965 y además menciona la Dirección de Probidad Administrativa.
Repartimiento político de magistrados de la TSC, la historia de siempre
El 16 de enero del 2002, previo a la entrega del gobierno de Carlos Flores a Ricardo Maduro, el Congreso Nacional, integrado por 61 diputados nacionalistas, 55 liberales, 5 de la Unificación democrática, 4 de PINU y 3 de la Democracia Cristina (DC), crea el Tribunal Superior de Cuentas, pero antes, los representantes de los dos partidos mayoritarios se reunieron con los parlamentarios de la DC y acordaron repartirse la membresía del nuevo ente contralor. Ver infografia
Y es así como ya en el gobierno de Maduro, eligen al nacionalista, Renán Sagastume Fernández; al liberal, Ricardo Antonio Galo y a Fernando Daniel Montes, de la Democracia Cristiana.
El 13 de octubre de 2009, cuatro meses después del derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales, en medio de crisis política, en un gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti y José Alfredo Saavedra, en el Congreso Nacional, los diputados eligen a los nuevos miembros del TSC y los mismos partidos políticos se reparten el botín y eligieron para estar al frente de esa institución a Miguel Ángel Mejía, quien en las elecciones internas había sido candidato de la corriente liberal que lideraba Micheletti, a Jorge Bográn Rivera, representante de la Democracia Cristiana y Daisy Oseguera de Anchecta, del Partido Nacional de Honduras y miembro activa de la corriente de Ricardo Alvarez. Anchecta tenía 8 años de ser la Secretaria General del TSC y maliciosamente su ascenso lo disfrazan de un despido para beneficiarla con casi un millón de lempiras como prestaciones.
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