Por Olivia Cáceres, Adolfo Pérez Esquivel et al
A más de 25 días del asesinato de Berta Cáceres Flores, las autoridades hondureñas siguen sin escuchar las voces quienes exigimos justicia mediante una investigación independiente e imparcial.
El pasado 6 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas de protección para garantizar nuestra vida e integridad (familiares de Berta, e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)), y también para que se garantice nuestro derecho a defender derechos humanos, en condiciones de seguridad. A su vez, la CIDH solicitó que se realizara una investigación efectiva del asesinato de nuestra lideresa, defensora del pueblo lenca y de los bienes comunes y de la naturaleza.
Para consensuar la forma de cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la CIDH, nosotras, las hijas e hijo de Berta, el COPINH y nuestros representantes legales, hemos participado en reuniones con el Secretario de Seguridad Pública, con altos mandos de la Policía Nacional Civil y con el secretario y la subsecretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Hemos presentado, por escrito, solicitudes concretas sobre la investigación del asesinato, sobre nuestra protección física y sobre las medidas para evitar que continúe la violencia hacia el pueblo Lenca. Hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta formal de las autoridades sobre la propuesta planteada.
Asimismo, solicitamos reuniones con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y con el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla, quienes ni siquiera nos han respondido.
En relación con el proceso de investigación, le solicitamos al Estado que pida asistencia técnica a la CIDH, formando un grupo de personas con experiencia y reconocida trayectoria en investigación criminal, que apoye técnicamente las investigaciones internas y que tenga la capacidad de participar activamente en todas las diligencias, así como de sugerir rectificaciones y presentar denuncias, entre otras funciones. De esta manera, consideramos que se estaría garantizando una investigación transparente, independiente e imparcial que preserve el derecho a la verdad y la justicia.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, así como el Fiscal General de la República emitieron comunicados públicos sobre la asesoría que dará la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a través de sus representantes en Honduras. De acuerdo con la Fiscalía General, en el marco de este apoyo, se estaría solicitando a dicha instancia “certifique la transparencia y estricto apego” de la Fiscalía al mandato constitucional y legal en el proceso de investigación. También le piden “el acompañamiento para refrendar la objetividad e imparcialidad en la conducción de todo el proceso investigativo.”
Considerando lo dicho públicamente por las autoridades, el pasado 16 de marzo las hijas de Berta y representantes del COPINH participamos en una reunión con la señora Silvia Lavagnoli, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras y con el señor Félix Gómez, funcionario del mismo órgano internacional, a efectos de conocer los alcances de su participación en las investigaciones. Ellos manifestaron que su mandato no incluye realizar investigación criminal, que no tienen la experiencia para hacerlo y que no participarán directamente en el proceso. Aclararon que harán una observación desde una perspectiva de derechos humanos y desde ese ámbito formularán recomendaciones al Estado.
Es preocupante que el Estado hondureño, sin embargo, pretenda confundir a la comunidad nacional e internacional sobre lo que será la participación de la OACNUDH en el caso. Está claro que este órgano internacional no tiene la competencia para participar activamente en una investigación independiente e imparcial del asesinato de Berta pero el Estado insiste en desviar la atención, provocando que no llegue esa presencia internacional que sí pueda cumplir con el objetivo deseado.
También es de nuestro conocimiento que la participación de autoridades de investigación vinculadas con el gobierno estadounidense (FBI) sería limitada y más allá de eso, no consideramos que esta sustituya nuestras demandas de independencia e imparcialidad.
Las autoridades hondureñas no están escuchando nuestros reclamos para que se haga justicia. Es por ello que denunciamos la falta de voluntad política para garantizar unainvestigación transparente, independiente y de acuerdo con los más altos estándares internacionales. Es evidente que el discurso oficial no se corresponde con la realidad. Cada día que pasa observamos con dolor e impotencia cómo la justicia sigue perdiendo batallas contra la impunidad, ante la desidia del Estado.
Manifestamos nuestra desconfianza en el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio Público y responsabilizamos a las autoridades de impedir nuestro derecho a participar en el proceso investigativo.
Finalmente, reiteramos nuestra demanda de #JusticiaParaBerta, mediante la participación de un grupo de personas expertas independientes y de trayectoria internacional.
Olivia, Bertha, Laura y Salvador Zúniga Cáceres
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Con el acompañamiento y representación legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
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