Cuando los personajes de la industria minera iniciaron exploraciones en la montaña el Botadero, un coro de voces en el norteño departamento de Colón, se unificó para el reclamo generalizado en defensa de lo que da vida a las personas que habitan su municipio y los vecinos como Tocoa y Olanchito.
“Entre 100 mil y 150 mil hectáreas de tierra puede tener una sola concesión minera, pues comprende el suelo y subsuelo, en total hay más de 950 concesiones en vigencia, aprobadas o proceso de aprobación, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño, según datos preliminares de una investigación que realizó el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC junto con la Universidad San Luís de Estados Unidos.
El valle del Aguán, que sirve de pulmón y zona productora de agua a la montaña el Botadero, es una zona geográfica bañada, en gran parte, por el río Aguán, principal arteria acuífera. Está región está conformada por los municipios de Olanchito, en Yoro, Sabá, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental y Santa Rosa de Aguán en Colón, y se abre paso entre las sierras Nombre de Dios y La Esperanza.
Sin consultar a la población
“El Estado ha otorgado concesiones mineras y un plan de manejo para la explotación de la montaña el Botadero sin consultarle a la población, pero nosotros en todos los sectores del municipio que representa el 90% de la ciudadanía estamos dispuestos a no permitir ningún tipo de explotación”, indicó Arnaldo Fuentes del Comité de Defensa de los Bienes Naturales del municipio de Sabá.
Un fugaz repaso por el mapa de la región permite ver el recorrido de grandes fuentes de agua que escurren para formar numerosos cauces para regadío y consumo de agua potable de la población de Sabá, algunas comunidades de Tocoa y de Olanchito.
Es donde precisamente tiene origen el agua donde se instalaría uno de los mayores complejos mineros de cobre, oro, plata y otros minerales preciosos. “Esto significa que nuestra zona productora de agua y oxígenos estaría destinada a ser pulverizado con el método extractivo de la minería”, manifestó Olinda Amaya del Comité de Defensa de los Bienes Naturales de Sabá.
Industria de la muerte
Para sacar los minerales se hacen los trabajos de volar y reducir montañas con explosivos a tajo abierto, y luego en las grandes pilas de cianuro y combinado con otros compuestos químicos se consume enormes volúmenes de agua y se contamina los mantos acuíferos.
De acuerdo a estudios, la minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie.
La historia de la explotación minera revela daños incalculables, desde lesiones temporales en las zonas donde se lleva a cabo, hasta pérdidas irreparables en economías regionales, vidas humanas y ecosistemas destruidos, como es el caso del Valle de Siria, al norte de Francisco Morazán, cuyo problema es emblemático a nivel mundial, por los estragos cometidos por la empresa Entremares.
Violación a la Consulta Previa, Libre e Informada
“A partir del golpe de Estado de 2009 en Honduras se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales”, indicó el sociólogo Elvin Hernández del ERIC-SJ.
Hernández aseguró que el desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios se ha convertido en una política de Estado, a pesar de su campaña mediática de una supuesta protección de los derechos de los pueblos y sus territorios.
El derecho a la consulta previa ya es conocido en las comunidades por eso se están desarrollando luchas en oposición antes que un proyecto se instale, ya sea hidroeléctrico o minera, y se está exigiendo toda la información necesaria para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detener.
“La Ley de Minería desconoce la autodeterminación de los pueblo, los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, desconoce los patrimonios naturales, parques nacionales, arqueológicos, zonas ecológicas, pueblos con vocación artística, cultural, artesanal, desconoce que la población busca alternativas de desarrollo sostenibles y sustentables, y desconoce que este país es de vocación agroforestal”, indicó el investigador Pedro Landa, quien también participó en la investigación que próximamente será presentada.
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