Por Marvin Palacios
En el marco de una conferencia de prensa desarrollada en la ciudad de México relativa a la retención en Honduras durante casi 4 semanas del ambientalista mexicano Gustavo Castro (testigo clave en el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres), una misión internacional de apoyo que visitó Honduras concluyó que este país se ha convertido en uno de los más peligrosos para quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio.
Gustavo Lozano que formó parte de la misión internacional en apoyo a la familia de Berta Cáceres y que estuvo en Honduras del 17 al 21 de marzo dijo que en las conclusiones de la misión se constata que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y los hombres defensores de los derechos humanos, en particular para quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio”.
En Honduras no está garantizado el respeto a los principios democráticos, las libertades fundamentales, los derechos humanos establecidos en el derecho internacional. Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política; hay claros indicios de una falta de independencia en el sistema judicial y una debilidad manifiesta del estado de derecho; agravados sobre todo, a partir del golpe de estado de 2009, sostiene el comunicado.
El comunicado añade que detectamos una desconfianza generalizada de la sociedad en las instituciones encargadas de la administración de justicia y de los cuerpos de seguridad del estado. La misión ha constatado sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, especialmente los relacionados con los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas, y en particular en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (departamento de Intibucá) por las acciones de la empresa DESA, del estado hondureño y del gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Se evidenciaron fuertes vinculaciones y subordinación del gobierno con los poderes económicos representados por grandes empresas y entidades financieras, tanto nacionales como transnacionales que promueven proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales o agroindustriales, en contradicción con los modos de vida y los intereses de las comunidades en los territorios afectados; poniendo en riesgo o violando los derechos humanos de dichas comunidades”, señala el comunicado de la misión internacional en apoyo a Berta Cáceres.
No se detecta la voluntad política necesaria por parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos en el país, en particular hacia los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores y defensoras de derechos humanos; lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del estado, reza el comunicado.
Sistema de protección de derechos humanos no funciona en Honduras
El sistema de protección de los derechos humanos del estado hondureño no funciona. El estado hondureño al igual que muchos crímenes anteriores ha fracasado en la protección de Berta Cáceres por incumplimiento en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene el comunicado.
“El asesinato de Berta Cáceres ha puesto en evidencia la desconfianza institucional, nacional e internacional sobre la capacidad efectiva del estado hondureño para acabar con este tipo de crímenes, con la violación de derechos humanos y con la impunidad de los autores y responsables”, afirma el documento leído por Gustavo Lozano (integrante de la misión internacional que visitó Honduras recientemente) ante la prensa mexicana y corresponsales internacionales destacados en la ciudad de México.
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