Mientras esperamos el desenlace de la novela criminal de la Policía Nacional los empresarios y el gobierno continúan con la embestida neoliberal en nuestros territorios. Un reciente estudio del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC con la Universidad de San Luis Missouri, denominado “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras” advierte que el 35 por ciento del territorio hondureño está concesionado para proyectos mineros.
Dicho estudio desvela el modelo estractivistas en Honduras, sus orígenes, sus impactos y las estrategias de operación de las empresas mineras en los territorios. El extractivismo supone la apropiación privada de grandes volúmenes de bienes comunes no renovables como petroleros, mineros, energéticos, monocultivos agrícolas, todo para exportar.
Otras características relevantes del modelo extractivo es la acumulación por desposesión del territorio a las comunidades indígenas y campesinas, conversión de sus territorio en reservas minerales, fractura del tejido social comunitario y la explotación minera a cielo abierto. El modelo económico extractivista funciona en base a una triple alianza: las multinacionales con sus socios menores las élites empresariales locales y con un gobierno autoritario y militar.
El principal promotor del extractivismo en Honduras se llama Juan Orlando Hernández. Su compromiso se expresa en la aprobación de la ley de minería, la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, la concesión de los ríos para represas hidroeléctricas y la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Todo este paisaje de saqueo de las riquezas y pérdida de soberanía son los principales logros del Señor Hernández Alvarado, primero como presidente del Congreso Nacional y luego como presidente de la República.
Un estudio establece que en la actualidad se han aprobado 364 proyectos de minería metálica hasta 2015. Además, se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados de catastro minero. A este volumen de concesiones mineras hay que agregarle al menos 79 concesiones para proyectos hidroeléctricos según la Secretaría de Recursos Naturales.
El paisaje de nuestras comunidades campesinas e indígenas sabe a normalidad, a rutina. Sin embargo, cuando se encuentra la lista de concesiones mineras e hidroeléctricas todo cambia, ese territorio se lo han repartido los empresarios locales y transnacionales, sin la consulta a las comunidades y a sus espaldas. Frente al escenario de saqueo y muerte solo nos queda un camino: salir de nuestros encierros cotidianos a defender nuestros territorios como lo enseñó Berta Cáceres en vida y con su muerte.
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