Seguir la realidad social de nuestro país es ir descubriendo un paisaje distinto a cada vuelta del camino que nos obliga a reflexionar, tomar partido, hacer opciones democráticas, desechar ofertas de grupos elitistas y tratar de incidir en aquello que es urgente, prioritario e impostergable. Es el caso de haberse hecho público cómo funciona la policía nacional, su organización interna, su lógica de funcionamiento, sus intereses, a quién obedece y la calidad de su presencia en la sociedad.
Últimamente en el análisis social se va poniendo de manifiesto la necesidad de poner límites a realidades que funcionaban sin ningún tipo de controles, fronteras y con una capacidad de expansión indefinida e ilimitada; sin cortapisa alguna. Tenían sus propias reglas, obedecían a sus propios criterios, no necesitaban confrontarse y contrabalancearse con nada ni con nadie. Eran autónomas, independientes, estaban al margen y por encima de todo tipo de institucionalidad. Se imponían autoritativa y despóticamente, con prepotencia, altivez e independencia absoluta a cualquier control y estamento de la sociedad.
La crisis económica que se desató a partir del 2008 condujo a la necesidad de poner límites a una economía de mercado que hizo entrar en crisis al sistema financiero internacional. Los desastres ecológicos, han hecho ver los límites de nuestro planeta y la necesidad de administrar nuestra casa común con el criterio básico de la sostenibilidad. Los asesinatos de nuestros líderes indígenas, hacen imperioso que se cumpla la constitución de la república, los tratados internacionales, la defensa de los derechos y tierras de los pueblos autóctonos así como poner límites y controles a las compañías transnacionales y mineras.
La inseguridad y la violencia social del país dicen que hay que poner límites a una organización de la sociedad basada en una autoridad que controla y somete pero no defiende a su población. Las extorsiones y corrupción generalizada nos dicen que hay que poner límites a una organización de la sociedad que permite y legaliza el que unos pocos pretendan apropiarse de la riqueza del resto de la sociedad así como de la vida y esperanza de los pobres.
El descrédito de nuestras municipalidades nos dice que hay que poner límites a los salarios de nuestras corporaciones, a un plan de arbitrios sin consensuar y a una política de impuestos abusivos que busca un desarrollo que no favorece a la comunidad sino a segmentos sociales vinculados a los grupos económicos y de poder. Hay que poner límites a los patronatos y organizaciones comunitarias que no son representativos, se dejan cooptar por los políticos tradicionales a cambio de las monedas de la corrupción y poder negociar con el presente y futuro de los pobres.
Hay que poner límites a unos poderes políticos antidemocráticos porque solo concentran y no reparten el poder; porque son incapaces de escuchar, de atender las demandas sociales. Porque adormecen y anestesian la sociedad con la creación de comisiones, leyes, reglamentos y normativas que posponen para el futuro las soluciones del presente. Porque hacen desaparecer el bien común y dan primacía a los proyectos reeleccionistas, ponen la política a su servicio y no se ponen al servicio de los graves problemas sociales de las mayorías.
Hay que poner límites y terminar con una policía nacional acompañada de todo tipo de impunidad, corrupción y coludida con el narcotráfico; que se ha enriquecido a través del uso perverso del poder, de la eliminación física y exterminio de todo tipo de oponentes a sus ideales expansionistas; de una policía nacional amparada en la clandestinidad, complicidad del silencio y de un institucionalidad corrupta y carente de ética.
Terminamos señalando que el centrarnos en la puesta al desnudo de lo que es nuestra policía nacional no debe alejarnos de lo mucho que hay que hacer para que nuestra ciudadanía se haga real, efectiva y pueda incidir en el entorno nacional.
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