Uno de tantos ejemplos del daño, dolor y persecución que deja la minería es el que se vive en el occidente hondureño en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán.
En 1983 el Estado otorgó a la empresa Minerales de Occidente (Minosa) más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales, principalmente oro, el permiso fue entregado bajo un convenio de compromiso de la empresa con las comunidades el que hasta el momento no se ha cumplido.
Como en muchas zonas del país, las comunidades enfrentan problemas habitacionales y Azacualpa no es la excepción, el pueblo está ubicado en un bordo de un cerro, panorama que dio paso a que la empresa prometiera la construcción de 300 viviendas a cambio de extraer metales de la tierra.
Desde entonces las comunidades han estado en lucha permanente exigiendo el cumplimiento del convenio, y esto ha derivado en persecución contra líderes ambientalistas y comunales.
Al pasar los años la población de la zona se ha dado cuenta que nada puede suplantar el grave daño que la minería deja a los bosques, ríos y ambiente.
Lucha y persecución
La lucha contra la empresa Minosa se agudiza cada vez más en Azacualpa, a inicios de semana la población se tomó varias carreteras pidiendo la salida de esta empresa de la comunidad debido al daño ocasionado y a la falta de cumplimiento de las promesas acordadas.
A cambio el Estado les ha respondido con militarización y persecución judicial, hasta la fecha hay 23 pobladores en proceso de criminalización por oponerse a la industria extractiva.
Asimismo las denuncias de amenazas siguen en aumento, para el caso durante las protestas de la semana la población de Azacualpa aseguró que son vigilados por militares y guardias de seguridad de la empresa.
Genaro Rodríguez del Comité Ambientalista de Azacualpa dijo: “estamos siendo perseguidos por la minera, policía y militares, cualquier cosa que nos pase los responsabilizamos a ellos, porque nos están persiguiendo por todos lados de forma permanente”.
Rodríguez lamentó que el beneficio de la minería solo lo disfrutan los de afuera, quienes sacan ganancia a cambio de destruir la naturaleza.
En este momento la lucha se dirige contra las intenciones de Minosa que desde 2012 quiere adueñarse de las tierras del cementerio ubicado en Azacualpa, predio que es rico en minerales.
“Exigimos que no se nos toque el cementerio, ni el cerro donde se encuentra el predio”, exigió el ambientalista.
Rodríguez finalizó diciendo que las protestas continuarán hasta que se cumpla con sus demandas.
Un Estado cómplice de la minería
“Al Estado no le interesa proteger la naturaleza, todo lo contrario, se presta para que grupos internacionales vengan se adueñen del país y se lleven el corazón de las comunidades”, expresó el ambientalista Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Mejía afirma que las comunidades nunca ganan nada con estos proyectos, que solo dejan persecución, daños y en el peor caso muerte, y citó en este último lo ocurrido con Berta Cáceres quien perdió la vida en el marco de su lucha contra los proyectos hidroeléctricos y mineros.
“Hay más de 400 concesiones aprobadas, no todas están en marcha, pero las que inician inevitablemente llevan a ambientes hostiles en las comunidades, donde salen perdiendo las minorías.
Este es un negocio que genera crisis, pobreza para la gente y millones para las grandes empresas que le apuestan a este proceso de recolonización.
El Estado es cómplice de todo esto y lejos de buscar una solución a los conflictos se hace de la vista gorda y permite que ocurra persecución sin hacer nada al respecto.
Las comunidades deben luchar para defender lo que les pertenece, es el único camino que queda”, sentenció el ambientalista.
Mientras el gobierno sigue entregando concesiones mineras, las comunidades seguirán en su lucha de resistencia contra este fantasma extractivista que solo deja daño, destrucción, dolor y muerte.
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