Por Sandra Rodríguez
Pese a las constantes denuncias de que Honduras es uno de los países que más violenta los derechos humanos, de igual forma obstaculiza la labor de los y las defensoras a nivel nacional, poco o nada hace cambiar esta imagen.
Cuando a nivel internacional se denuncia lo que sucede con quienes defienden los DDHH en este país centroamericano, representantes del gobierno salen a la defensiva diciendo que “son malos hondureños”. En el Congresos Nacional se aprueban leyes para mejorar el sistema de vida, incluso el 15 de mayo del 2015 se aprobó Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, donde abarca tanto que deja indefensos a muchos.
Según la Dirección General del Sistema de Protección de Defensores, desde que se aprobó la Ley han recibido 20 casos, a los que se la ha dado seguimiento con las medidas de protección acorde a cada persona, que en su mayoría son periodistas y tres ambientalistas; pero constantemente hay defensores de DDHH que interponen denuncias por hostigamiento, amenazas o intimidación debido a su labor, solo que, según la víctimas, no acuden a las instancias estatales, porque cuando lo han hecho, les hacen caso omiso.
Sucede que en ocasiones, presentan las denuncias ante autoridades policiales o fiscalías del Ministerio Público, pero no ven seriedad en la recepción de los hechos, o les dicen que van a investiga, pero no les dan más información de los avances en el proceso.
Algunos defensores, acuden a organizaciones de DDHH para dejar constancia de lo que les sucede en sus localidades, como es el caso del ambientalista Luís Germán Arteaga Méndez, acusado de supuestas amenazas contra Luís Enrique Sánchez Torres, ambos vecinos del municipio de Talanga, 55 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Arteaga Méndez, acudió hace unas semanas al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, para denunciar persecución de parte de Sánchez Torres, quien lo acusó de amenazas ante el Juzgado de Letras de lo Penal Sección Judicial de Talanga.
El pasado 16 de marzo el Juez Ozias Suárez Álvarez, le dictó medidas sustitutivas a la prisión de firmar en ese Juzgado cada miércoles, no salir del país, no acercarse a la casa del ofendido y no comunicarse con Sánchez Torres, quien ha sido auxiliar de la Municipalidad.
El jueves anterior, en la audiencia Inicial, supuestamente Arteaga Méndez se alteró, y casi que no dejaba hablar al juez, por lo que el operador de justicia decidió mandarlo a la penitenciaría nacional “Marco Aurelio Soto”, en el municipio de Támara, FM, durante tres meses.
Familiares y compañeros de Arteaga han denunciado el hecho, consideran que no es una medida justa, no se explican porque su pariente recibe estos ataques, y creen que Sánchez Torres recibe algún tipo de protección de parte de las autoridades.
Procuradoras de DDHH del COFADEH se apersonaron a las entidades correspondientes para conocer más detalles del hecho y verificar la integridad de Luís Arteaga, quien se siente indefenso ante la falta de justicia.
Arteaga podría pasar tres meses en prisión, y no sabe a qué se debe esta persecución que hace unas semanas había denunciado en el COFADEH, cuando fue acompañado por miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria, del cual ha formado parte.
Desde el Comité Ambientalista del Valle de Siria, pobladores de la región se han enfrentado a luchas por la defensa de los bosques, las cuencas de agua y contra la explotación minera, además han sido procesados judicialmente, acusados de obstaculizar proyectos de desarrollo de parte de terratenientes, incluso en esos requerimientos han sido aplicados a personas de la tercera edad, que también defienden los bienes comunes.
El pasado 2 de marzo en la noche, la defensora de DDHH conocida mundialmente, Berta Isabel Cáceres Flores, fue asesinada en su vivienda, el La Esperanza Intibucá, pese a las múltiples denuncias que había hecho ante las autoridades competentes y gozando de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las autoridades encargadas de cumplirlas, fueron incapaces de protegerla, incluso a casi 50 días del crimen, no han rendido un informe de los hechos.
El 27 de agosto del 2014, fue asesinada la lideresa campesina Margarita Murillo, mientras trabajaba en su parcela, en el municipio de Villanueva, Cortés. Era una defensora de los derechos obreros, sindicales, feminista y defendió hasta con su vida el derecho a la tierra, y es otro caso que permanece en la impunidad.
Según Amnistía Internacional, AI, Honduras es el país número uno más peligroso para defender los derechos humanos.
Una delegación de AI, visitó el país el mes pasado y exigió al Estado de Honduras que escuche las consideraciones de las organizaciones de la Sociedad Civil en un contexto de total impunidad frente a las grandes violaciones a los derechos humanos y con conocidos problemas en las investigaciones penales y criminales, informó Ericka Guevara Rosas encargada de las Américas de esta organización internacional.
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