A un mes de su presentación, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) fue aprobada por el Congreso Nacional esta semana.
El convenio fue firmado desde el 19 de enero del 2016 en Washington, Estados Unidos entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.
El convenio contiene 16 artículos y define como principal objetivo apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones estatales encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, los que girarán en torno a cuatro ejes: combate a la corrupción, reformas electorales, reformas justicia penal y seguridad ciudadana.
La misión tendrá un mandato de 4 años. Y según las proyecciones de la OEA la MACCIH estará apoyando al país en combatir la corrupción y la impunidad con un presupuesto de al menos L. 74 millones ($ 32 millones).
Al presentarse el plan de la MACCIH a finales de febrero del 2016, se esperaba que la aprobación del convenio por el Congreso Nacional sería puro trámite, pero a nivel de la cámara legislativa se diluyó el debate en temas como suprimir la extradición por corrupción en el acuerdo.
La iniciativa de eliminar ese apartado fue del diputado Oswaldo Ramos Soto quien en representación del Partido Nacional defendió su postura la que al final no significó más que un atraso en la aprobación del pleno.
El exfiscal Edmundo Orellana afirmó que la aprobación de la MACCIH responde a la presión de los organismos internacionales.
Orellana dijo: “la aprobación se dio por la presión de la comunidad extranjera, lo de la extradición por corrupción era una excusa solo para no aprobarlo, no tiene sentido decir que no debe existir, porque la constitución establece que hay extradición por criminalidad organizada”.
Orellana afirma que es necesario contar con el apoyo de los organismos internacionales, tanto con personal como con financiamiento.
“Tienen que traer personal extranjero que se encargue de supervisar y llevar el proceso en la marcha.
Hay que fortalecer los mecanismos para evitar la impunidad tanto en corrupción, narcotráfico, asesinatos y todos los delitos en general”, siguió argumentando.
Entre tanto Salvador Nasralla coordinador del Partido Anticorrupción se refirió a la propuesta del oficialismo de eliminar la extradición del convenio: “eso no puede ser, porque eso es proteger a los delincuentes, así que se debe respetar lo que ya se ha estado realizando.
Trataremos de hacer injerencia con los organismos internacionales, nacionales y el pueblo para combatir la corrupción y la impunidad”.
Por su parte Claudia Barrientos representante de la OEA en Honduras afirmó que el financiamiento del ente internacional vendrá de la comunidad internacional y no por el Estado hondureño.
“La OEA está para apoyar la iniciativa y por eso le apostamos a este acompañamiento para tratar de combatir la impunidad y corrupción que afectan a los estados latinoamericanos”.
“Ya hay un presupuesto, se está consiguiendo financiamiento internacional, en su momento daremos a conocer los detalles sobre eso”.
Sobre el escollo antes de la aprobación del convenio, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos afirmó: “Honduras no puede ser un país que se niegue a que se investigue la corrupción, ahora es un buen momento para que se empiece a atacar este flagelo que ha generado tanto daño”.
Retos
Los obstáculos que se pronosticaban antes de su aprobación son los mismos que ahora. La Ley de Secretos Oficiales, el secuestro institucional por el presidente son solo algunos de ellos.
Aunado al tema encontramos una ostentosa cantidad de casos de corrupción pendientes en que los procesos investigativos se han estancado en su totalidad.
El doctor en derechos humanos Joaquín Mejía es del criterio que este convenio tiene mucho poder sobre la institucionalidad hondureña y que será el Estado el que verdaderamente demuestre a través de su colaboración que sí está interesado en el combate a la corrupción e impunidad o todo lo contrario.
“Este convenio le da facultades a la MACCIH que son responsabilidad de otros poderes del Estado, por ejemplo: nombramiento de jueces especiales, la evaluación de instituciones, por tanto la aprobación afecta disposiciones institucionales”.
Mientras que Edmundo Orellana afirma que el balance que deja la aprobación de la Misión es positivo para la población que desde las calles exigió gran parte del año pasado la instalación de un ente internacional que vigile y judicialice los actos de corrupción en Honduras.
Para Orellana es necesario que el gobierno demuestre su disposición a cooperar, por lo tanto tendrá que abrir los espacios que ha blindado por ejemplo el de acceder a la información pública, que hoy por hoy es un delito penalizado.
Por otra parte habló de los casos que debe priorizar la MACCIH una vez comience a trabajar: “un caso que debe seleccionar forzosamente es el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la venta de medicinas, las acusaciones de corrupción en el poder judicial, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Congreso Nacional, financiamiento de campañas políticas y todo lo que involucre irregularidades”.
La MACCIH ya es una realidad en Honduras, los retos, posibles obstáculos y preguntas se contestarán en el transcurso de los próximos meses durante el trabajo que realicen en el país.
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