Por German H. Reyes R.
Según el Artículo 89 de la Constitución de la República, toda persona es inocente mientras la autoridad competente no lo declare responsable. “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, dice textualmente el Artículo 90 de la Carta Magna.
A pesar de lo anterior, en Honduras ya se ha hecho costumbre que los cuerpos de seguridad, sin realizar las investigaciones adecuadas, exhiben a “sospechosos” de crímenes horrendos—y que los medios corren a cubrir estos eventos. Muchas veces se muestra además del individuo, una mesa donde colocan armas, billetes, monedas, joyas y cualquier instrumento con el que hayan sido detenidos.
Nadie ignora que la persecución penal es responsabilidad del Estado y que esa labor implica poner en juego la vida y la libertad de una persona. Asimismo, hay un espacio legítimo para que los operadores de justicia comunican a la ciudadanía sobre los éxitos que logran en el combate del crimen. Sin embargo, hay un patrón recurrente en Honduras en que, tras señalar a un individuo como el responsable de un asesinato o masacre, las autoridades luego se ven obligados a retractar estas aseveraciones al darse cuenta que se trata de un inocente.
Exhiben a taxista como “principal autor de masacre”
El lunes 7 de marzo, la Policía Nacional, detuvo a Arnold Leonel Hernández, presentado ante los medios de comunicación como el principal autor de una masacre realizada el sábado 5 de marzo, en el Club Deportivo Billares el Lino #2, de la colonia 1ro de Diciembre, donde murieron 12 personas.
“Hemos detenido al principal autor de la masacre ocurrida en la colonia 1ro de Diciembre. La captura se hizo gracias al trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y hay elementos contundentes para que capturemos toda la estructura criminal que protagonizó ese incidente”, dijo el director de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, tras anunciar, que en cuestión de horas llevarían a cabo otras detenciones.
Arnold Leonel, es un taxista, que de acuerdo al Comisionado Mejía, fue detenido en las cercanías de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa. Sin embargo, inexplicablemente, fue liberado a las 10 de la noche de ese mismo día. La información se conoció a través de una llamada que el mismo Arnold hizo a un medio televisivo, donde aseguró que gozaba de libertad y que había dormido en su casa.
Horas más tarde, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Leonel Sauceda, compareció ante los medios de comunicación disculpándose por la errónea detención de Arnold Leonel. “Pedimos disculpas a toda la población, somos humanos y cometemos errores”, dijo Sauceda. Añadió,“vale más que un sospechoso en libertad que un inocente en la cárcel.” Sin embargo, el afectado les ha pedido a las autoridades restablecerle su honor ante la sociedad hondureña.
“Que se limpie mi imagen y que digan las cosas como son. Me están implicado en cosas que nunca ha sido, pido a los policías y a familiares que mi imagen y nombre se limpie”, indicó.
“Deben establecer criterios” para exhibición de sospechosos ante los medios
Lastimosamente, el caso de Arnold Hernández no es único. En una sociedad democrática, como Honduras, los órganos policiales y de investigación deben realizar un trabajo eficiente, que le permita al juez llegar al pleno convencimiento de que el imputado es culpable. Sin embargo, son muchas los capturas que se realizan sin el sustento adecuado.
Para el coordinador de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, exhibir a los detenidos, es una situación no exclusiva de las autoridades hondureñas, “en todos los países se hace”, explicó.
Sin embargo, es del criterio que la Secretaría de Seguridad debe de establecer los mecanismos para garantizar que cuenta con las suficientes pruebas para incriminar a las personas que presentan ante los medios de comunicación. “A lo interno deben establecer los criterios”, reiteró Ramírez.
Por error en número de identidad, tildan a operario de maquila como extorsionador
Otro de sus errores, lo cometió la Policía Nacional, el 19 de mayo de 2015, al detener a José Luis Rodríguez Santiago, un operario de maquila que llegó a la Dirección Nacional de Tránsito de San Pedro Sula, a solicitar su licencia para conducir. El número de identidad de un supuesto extorsionador con orden de captura fue vinculado erróneamente con el de Rodríguez Santiago, pese a que antes de ser detenido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le había solicitado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC la corrección de ese dato.
El 24 de septiembre de 2014, la CSJ, a través del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, le notificó a la DNIC que debía corregir el número de identidad 0501-1990-05476 correspondiente a José Antonio Castro Díaz y se quitara el 0501-1990-01476 perteneciente a José Luis Rodríguez Santiago. Sin embargo, omitieron tal corrección y detuvieron a la persona equivocada.
Al momento detenerlo, las autoridades también informaron a los medios que él tenía una orden de captura por el delito de extorsión, emitida el 21 de septiembre de 2013. Ese mismo día fue dejado en libertad, tras comprobar que la orden de captura no era contra él. Del caso, la Policía no le notificó a la prensa, pero algunos medios que se dieron cuenta de la situación, en espacios muy pequeños dieron a conocer que José Luis Rodríguez Santiago no era delincuente y que las autoridades se habían equivocado.
Por ser vecina de parqueo “pando” la meten a la olla
De igual manera, el 24 de septiembre de 2014, Laura Esther Dubón y su empleado, Emanuel Esaú Cabrera, fueron detenidos por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, hoy Dirección Policial de Investigación (DPI), en la colonia Jardines de Toncontín, de Comayagüela, bajo los cargos de ocultar vehículos que pandilleros usaban para cometer crímenes.
Laura tiene un negocio de venta de plásticos, contiguo a un parqueo donde efectivamente, la Policía allanó y decomisó cuatro vehículos con reporte de robo y con evidencias de que eran usados para cometer delitos. Sin embargo, el parqueo no es de ella, y que ni tan siquiera lo administra, pero ante los medios de comunicación la policía acusó a Laura de ser cómplice de la pandilla 18 y en el Campo de Parada Marte la exhibió junto a los vehículos decomisados.
Pasó la noche bajo custodia policial y a las 5.00 de la mañana la remitieron al Core 7, en el barrio Abajo, y en lugar de presentarla ante el fiscal de turno, le informaron que habían cometido un error y que ya podía irse a su casa. Sin embargo, en los medios que difundieron la información no hubo aclaración y fue hasta el 11 de mayo de 2015, que el diario digital Conexión, dio a conocer la denuncia.
Delmer Velásquez se exhibió ante los medios de comunicación, responsabilizándolo de la muerte de Soad Nicolle Ham Bustillo.
Asimismo, el tres de abril de 2015 la Policía Nacional informó sobre la detención del taxista, Delmer Velásquez y lo exhibió ante los medios de comunicación, responsabilizándolo de la muerte de Soad Nicolle Ham Bustillo (13), estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC). No obstante, recibió sobreseimiento provisional, debido a que el Ministerio Público no logró acreditar el mínimo indicio de su participación en el crimen.
En otro sentido, no puede pasar desapercibida la detención de Bélgica Suárez, ex miss Honduras, en julio de 2011, a quien en un operativo la policía le decomisó 33 mil euros y varias joyas, cuando regresaba de Nicaragua, donde había participado en un evento de modelaje. A la ex reina de belleza la exhibieron y sin investigar la acusaron de lavado de activos, por lo que durante seis días permaneció recluida en la cárcel de mujeres en Támara.
Su caso fue sobreseído, y ella recobró su libertad. Sin embargo, tuvo que esperar casi dos años para recuperar el dinero y las joyas que la Policía Nacional le decomisó durante su detención. Los medios la exhibieron esposada y con grilletes, pero el 13 de julio de 2011 su caso fue sobreseído por la justicia hondureña.
Bélgica Suárez demandará a la Policía Nacional por violar sus derechos. ella se presentó a los juzgados en compañía de su abogada y el fiscal de Derechos Humanos, Germán Enamorado, para iniciar las acciones legales.
“Liberen a Kevin”
La inocencia o culpabilidad del estudiante Kevin Solórzano continúa en debate público. Sin embargo, desde noviembre de 2014, guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Tamara, porque un juez penal de Tegucigalpa, le dictó auto de formal procesamiento.
Kevin Solórzano
A Kevin, la fiscalía lo ha acusa de ser partícipe en el crimen del ex fiscal, Edwin Geovanny Eguigure, hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2014, en la aldea El Chimbo, municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán. La prueba principal mencionado en los medios de comunicación que identifica a Kevin como el hechor del crimen es nada más la similitud de su apariencia física con un retrato hablado desarrollado a base de declaraciones de los testigos del hecho; sin embargo, las autoridades han dicho que tienen más pruebas.
La defensa invoca su inocencia y expresa públicamente sus pruebas, pero sus acusadores y la familia del ex fiscal afirman que este muchacho de veinte años de edad y pasante de la carrera de ingeniería, es culpable.
Falta de investigación
En los últimos años Honduras se ha cubierto con el ropaje de la violencia e inseguridad, las organizaciones criminales se han multiplicado e instaurado el terror a través del asesinato y la extorsión. Sin embargo, la falta de investigación criminal provoca que un 96% de estos delitos se mantengan en la impunidad.
Estudios de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) revelan que la investigación criminal provoca que solo el 1% de los procesos judiciales por homicidios, ocurridos en San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa, culminan en sentencia condenatoria. Entre 2010 y 2013 en Honduras ocurrieron 27,272 homicidios, pero según la APJ de ese universo, el Poder Judicial solo emitió 1,009 sentencias condenatorias.
En un foro realizado por la APJ a finales del 2014, la Fiscal Especial de Delitos contra la Vida, del Ministerio Público, Iris Fonseca, reconoció que “la investigación criminal en nuestro país está en detrimento”, y opinó que la falta de investigación criminal fomenta la impunidad y la criminalidad que por años ha reinado en Honduras.
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