Honduras es un campo minado de bombas de tiempo. La crisis agraria y territorial es uno de los tantos explosivos que detonan casi a diario. La más reciente explotó esta semana en la colonia Vida Mejor, ubicada en el municipio de San Pedro Sula, Cortés, en la que más de 300 familias sufrieron un conato de desalojo por elementos policiales y militares.
La situación agraria en Honduras es preocupante, al cierre del 2015 la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) mostró un informe que demuestra que el déficit habitacional ronda las 700 mil viviendas, además del 90% de los pobres del país que viven hacinados en cordones de miseria dentro de las áreas urbanas o en casas de tierra o paja en el sector rural.
La tierra en el país está concentrada en pocas manos y fue desde la implementación de los Programas de Ajuste Estructural en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990) donde se aprobó la Ley de Modernización Agrícola, dando al traste con todas las propuestas de reformas agrarias integrales en Honduras.
Y fue así como el proceso ya iniciado de repartición de tierras tomó forma y se hizo una realidad; a consecuencia de eso los empresarios se adueñaron de más del 90% del territorio y la lucha por recuperación de terrenos ha dejado persecución y derramamiento de sangre.
El caso de la colonia Vida Mejor ubicada en la salida de San Pedro Sula a La Lima no es un episodio aislado, es parte de luchas similares emprendidas por grupos campesinos en el Bajo Aguán, Atlántida, Cortés y Yoro que ha dejado criminalización y asesinatos.
En este terreno habitan más de 300 familias, que desde el año 2009 iniciaron una dinámica de recuperar la tierra, el que se dio en varias etapas: la primera en el cultivo de granos básicos y la complementaria en la construcción de viviendas.
Durante las amenazas de desalojo, los vecinos y vecinas brindaron declaraciones a Radio Progreso, pero prefirieron omitir sus nombres por seguridad. Una dama se animó a declarar y nos comentó lo siguiente:
“Nosotros no estamos invadiendo, estamos cultivando esta tierra desde 2009, recuperando la tierra y también hemos construido porque no tenemos donde vivir.
Hay violencia por todas partes, no tenemos acceso a vivienda y cuando encontramos un lugar el gobierno en colaboración con supuestos dueños nos dan la espalda y nos despojan de un lugar donde habitar.
Somos más de 300 familias que nos vamos a quedar en la calle con nuestros hijos, cosas y dignidad porque ni el gobierno, ni las autoridades tienen un plan para reubicarnos”.
El contexto legal del terreno es adverso para la gente; según las denuncias, la notificación de desalojo se dio bajo el argumento de propiedad de los señores Guillermo Milla y Maribel Mejía.
Otro caballero que bajo la misma condicionante habló, expresó: “hay varios dueños que se pelean la tierra, pero nosotros queremos hasta negociar con ellos, pues si deciden vender nosotros podemos comprar, porque no queremos quedar en la calle”.
Tan atípica como la lluvia en el desierto, las autoridades policiales, militares y judiciales ese día accedieron a la petición de la población de no desalojar y dieron siete días para que voluntariamente la gente saque sus pertenencias del sitio y el próximo 20 de abril tomar posesión de las parcelas de tierra.
Para los creyentes ante la adversidad solo queda la fe y este es un ejemplo palpable: “que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para que nos provea donde ir.
Le pedimos al gobierno que nos ayude y si es cierto que ese programa Vida Mejor funciona que lo demuestre”, culminó otra señora con una gota de sudor cayendo sobre su ceja izquierda que combinaba en ángulo y forma con una lágrima que descendía de su ojo derecho.
Como un Tsunami al acecho de indefensos turistas en la playa, así se vislumbra el futuro para las familias de la colonia Vida Mejor, quienes tienen tres opciones: convencer a los dueños de vender las tierras, recibir ayuda del gobierno, y la tercera, más probable, salir del terreno y habitar en lo incierto.
Un problema estructural
Como un vaso violentamente agitado, todo se ha mezclado en Honduras. Aislar los problemas del origen de la enfermedad es la primera llanta punchada del carro de la triste realidad que nos atribula.
“Los problemas agrarios, la falta de acceso a la tierra, los despidos de trabajadores, privatizaciones, venta del territorio, concesiones, violaciones a derechos humanos, militarización no son producto de la casualidad; son parte de un modelo económico que se llama Neoliberalismo que es un apéndice del sistema de gobierno que se llama Capitalismo”, explicó el analista político Efraín Fajardo.
No es la gramática la que nos enseña a conjugar la realidad, sino los capítulos de una realidad ineludible que camina holgadamente sobre la dignidad de los desposeídos.
La falta de acceso a la tierra es sólo un miembro de un gran cuerpo opresor que se aprovecha de su poder para discriminar a los que no tienen. La tierra en posesión de pocas manos limita a la gente a que acceda a ella de forma ecuánime.
Fajardo continuó diciendo: “el problema es el secuestro de los grupos de poder de casi toda la tierra en el país, todo está en pocas manos, es un monopolio que limita el acceso de la gente a la tierra.
Los grupos de poder aprovecharon la colaboración de un Estado que no está al servicio del pueblo para adueñarse de las tierras a través de la Ley de Modernización Agrícola en el gobierno de Callejas.
El gobierno no tiene una política de garantizar el acceso a la tierra, mucho menos de reubicación de los desalojados, el Estado sólo criminaliza, reprime y no responde a las grandes necesidades de los afectados”.
El analista asegura que es tiempo de organizarse para enfrentar la política monopolizadora y a través de la movilización popular exigir una reforma Agrícola Integral que responda a la inaccesibilidad a la tierra, caso contrario las injusticias, el derramamiento de sangre formarán parte del diario vivir en Honduras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario