Las elecciones se ganan con dinero y no con votos

Diario Tiempo

La prohibición de no realizar propaganda electoral fuera de los plazos establecidos por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) no será ni remotamente cumplida, al menos por el Partido Nacional, en el poder, tal como se ha evidenciado con la concentración pública del domingo anterior.

La reacción de Tribunal Supremo Electoral (TSE) al respecto es la de amenazar con la aplicación de las sanciones legales correspondientes, que, en este caso, sería “una multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos”, según el artículo 144 de la LEOP.

Para aquellas organizaciones políticas que gozan de suficiente respaldo económico, el pago de una multa entre 650 mil y 3,25 millones de lempiras no es ningún problema, especialmente si es con dinero del Estado, o sea de todos los contribuyentes, en comparación con los beneficios derivados de la propaganda desleal.

Con todo lo censurable de estas prácticas electorales ilegales, que desvirtúan, asimismo, el discurso falaz de la honradez administrativa y el compromiso patriótico, lo peor de esto es la convicción de que las elecciones en Honduras se ganan con dinero y no con votos.

Ese es, precisamente, el mensaje directo para un electorado compuesto en sus tres cuartas partes de gente pobre, en progresivo camino a la miseria, y sin fe en el futuro de su país.

Las otras connotaciones perniciosas, entre ellas el irrespeto a la ley y el latrocino de los fondos públicos para armar grandes espectáculos de propaganda, son contribuciones de fondo a la desmoralización social y al fortalecimiento del sistema de corrupción instalado en Honduras, uno de los más eficientes del mundo.

Como a nosotros, los hondureños, se nos hace difícil tener conciencia de la corrupción en que vivimos, por ser sistémica y, por lo tanto, integral, dejamos pasar inadvertidamente estos hechos y sus nefastas consecuencias sobre el bien público, ello agravado con el apoyo de un periodismo de propaganda en función de la supremacía del mercado.

De esta manera el curso del proceso electoral de las elecciones generales no da lugar a la suposición del cambio político para mejorar, sino, por el contrario, refuerza en la colectividad la presunción fatal del hecho consumado, en que se impone irremediablemente el poder del fraude frente al poder popular.

Eso sucede en nuestro país cuando en América Latina y en el resto del mundo hay una avasalladora corriente hacia una nueva era en que prevalezca el bien común, mediante políticas de Estado enmarcadas en los derechos humanos, con actores políticos respetuosos de la ley, del patrimonio público y de la integridad ciudadana.