Salomón conversó con Proceso Digital e hizo reflexiones en momentos cruciales para Honduras, un país donde la tasa de homicidios alcanza 86.5 por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el primer lugar como el país más violento del mundo, fuera de las zonas de guerra, según las Naciones Unidas.
La experta manifestó su preocupación porque, a su juicio, hay una deformación en creer que la inteligencia militar debe servir policialmente o como inteligencia de calle. “Son términos distintos, preocupa el hecho de cruzar la procedencia militar con la policial porque en la medida que estos se cruzan estamos deformando las cosas”, aseveró Salomón.
Para la estudiosa del tema, las Fuerzas Armadas están saliendo de manera creciente de sus cuarteles y están colocándose en todas las instituciones del Estado, adquiriendo una presencia que habían perdido por lo propia lógica de la democracia.
A continuación el diálogo:
¿Cómo percibe la inseguridad que vive el país?
La situación de inseguridad que vive el país es bastante lamentable, pero al mismo tiempo previsible. En los últimos años se ha visto un deterioro acelerado de todo el sistema de justicia que ha mostrado una gran incapacidad en atender las demandas de seguridad que provienen de la ciudadanía.
Por otro lado, el crimen ha aumentado cuantitativa y cualitativamente, hablamos de una criminalidad menor y una criminalidad mayor. En ese sentido, hablamos de una criminalidad menor que es la que tiene mucha visibilidad, que es la que involucra a las personas de a pié, a los que todos los días son víctimas de asaltos y robos, que tienen incrementado ese clima de inseguridad.
También está la criminalidad mayor, específicamente el crimen organizado que en nuestro país ha adquirido una dimensión como no se había visto antes.
Significa que hemos pasado de ser un país de tránsito de drogas a convertirnos a un país consumidor. Eso significa que se han establecido redes de interrelación al interior del país, en donde el narcotráfico ha puesto sus tentáculos también en esferas de decisión política, en instituciones claves del Estado y en el mismo sistema de justicia con sus tres operadores: policías, fiscales y jueces.
¿Cómo contribuye la academia a contrarrestar el flagelo de la inseguridad?
Desde aquí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) funciona el Observatorio de la Violencia que está adscrito al Instituto Universitario, Democracia, Paz y Seguridad, donde se ha tratado hace varios años de estar creando información en materia de Seguridad.
Esto ha hecho que se sienten junto con la Policía, Medicina Forense, Hospital Escuela y reúnan la información y la precisen con nombres y apellidos y dar con certeza el número de muertos o lesionados que hay en el país.
Es un proceso interesante porque la experiencia del Observatorio ha trascendido las fronteras patrias y ha involucrado la necesidad de tener datos confiables para ver en qué puntos nos encontramos.
Por el Observatorio es que nos damos cuenta que hay 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo la tasa más alta en el mundo en zonas que no están en guerra.
Esto es una sacudida tremenda a la estabilidad del país, que amerita pedir cuentas a los funcionarios de Estado sobre ¿qué están haciendo? ¿Qué resultados están produciendo?
La Policía tiene una larga tradición en nuestro país y es el hecho de tener un monopolio sobre los datos de la delincuencia y de la violencia, datos que ellos manipulan y los han manipulado a su antojo.
Eso significa, que de un año a otro nos salían diciendo que la delincuencia ha bajado, que los secuestros han disminuido, que ya no hay asaltos a gasolineras, pero ese es el discurso oficial. En la práctica, están ocurriendo otras cosas y es lo que como ciudadanos esperamos que nos transmitan como información fidedigna.
La Policía hace mal en ocultar los datos, debería asumir públicamente que hay un problema y sobre todo asumir que ellos son incapaces de enfrentar el clima de inseguridad que tiene el país.
Con estos decretos de emergencia en seguridad ¿qué mensaje manda el gobierno?
Una larga tradición en nuestro país, la incapacidad de los políticos para conducir los temas de defensa y los temas de seguridad. Por lo general, son temas álgidos y complicados y lo que han hecho es delegar esos temas a las Fuerzas Armadas o en la Policía con militares retirados. De esa manera, cualquier cosa que pase en Honduras responden aumentándole el presupuesto a la Policía o sacando los militares a la calle.
Si nos preguntamos si son medidas suficientes para contrarrestar la inseguridad, es claro que no, porque los delincuentes se encierran o mueven sus operaciones a otros sitios del país. El gran problema que esto suscita es el alto costo que el gobierno tiene que pagarle a las Fuerzas Armadas por salir a las calles.
Todas estas medidas que se toman corresponden más a manotadas de ahogados, porque no saben qué hacer.
¿Que pasará si estas medidas no resultan?
Con el tránsito a la democracia, particularmente con el fuerte viraje que se dio a
mediados de los años 90, en que sustrajo la Policía de las Fuerzas Armadas se eliminó a la institución castrense de instituciones claves que estaban controlando como telecomunicaciones, Marina Mercante de los cuales se habían aprovechado ellos diciendo que por razones de seguridad…
Desde entonces habíamos observado un fuerte proceso de desmilitarización de la sociedad, eso significa que al eliminarse el servicio militar obligatorio, las Fuerzas Armadas no aparecían ante la ciudadanía como una amenaza, esto les permitió en los últimos 15 años mejorar su imagen.
Habían adquirido niveles de legitimidad bastante altos, inclusive muchos los colocaban por encima de la Iglesia Católica, porque al estar las FFAA alejado de los problemas políticos y sociales, la gente se sentía más confiada, pero a raíz del Golpe de Estado y que intervinieron en una situación política, a través de la represión que se produjo y que fueron protagonistas de la conflictividad social, los militares aparecen ahora reposicionándose en el escenario político, tomando viejos puestos claves de los cuales habían sido alejados por la fuerza y los vemos ahora adquiriendo una gran presencia en materia policial. Eso significa que las Fuerzas Armadas están saliendo de manera creciente de sus cuarteles y están colocándose en todas las instituciones del Estado, adquiriendo una presencia que habían perdido por la propia lógica de la democracia.
Se estima que con la aprobación de la Ley Especial para la Depuración Policial, habría unos dos mil efectivos policiales fuera de la institución. ¿Qué hacer con este grupo de uniformados?
Muchas personas se debaten entre el dilema de decir qué hacemos entre tener policías corruptos, delincuentes y hasta asesinos en la propia Policía o sacarlos de la institución para que la Policía quede limpia. Creo que son dos extremos que en última instancia no son tales, ¿por qué? Pues porque como ciudadanos tenemos una amenaza en la Policía, porque esas personas que son delincuentes y corruptos están ahí, tienen armas y tienen poder.
El hecho que se les saque de la institución, les quita la autoridad y vuelven a ser ciudadanos comunes y corrientes. Vamos a decir que hasta este momento, ellos hacen de las suyas amparados en toda la institucionalidad que los protege… salen de la misma y quedan al desamparo, ahora se lo van a pensar de mejor manera para hacer alguna cosa porque ahora no tienen armas de reglamento y no tienen sobre todo a sus compañeros de equipo que los protegen y que les solapan.
¿Como académica, qué soluciones prácticas recomendaría en este momento de crisis?
Siento que se está dando como una efervescencia en el país en este momento y eso es bueno, es saludable. Y digo que es una efervescencia porque por un lado, el Congreso está tomando algunas medidas; por otro lado, la creación de la Comisión de Reforma de todo el sistema de seguridad. Este remezón que se ha producido en la Policía colocando al frente a una persona que se espera que haga algo porque conoce bien a sus compañeros. La Policía siempre ha manipulado las estadísticas de violencia en vez de reconocer su incapacidad para enfrentar el crimen dijo la directora de Investigación Científica de la UNAH
Estamos como espectadores de una serie de acontecimientos que se están moviendo en el escenario y que si mantenemos nuestra atención y nuestra presión puede conducir a un buen resultado.
En estos momentos tenemos como dos o tres problemas. Uno de los problemas son los altos niveles de corrupción y delincuencia que hay al interior de los operadores de justicia y ahí hablamos de los policías que son los más visibles, pero también estamos hablando de fiscales y jueces. En la medida en que éstos se vayan depurando vamos a ir avanzando en la lucha contra el crimen.
El segundo aspecto tiene que ver con el crecimiento de los crímenes de delincuencia y de violencia que requieren de todos los operadores de justicia, fortalecer sus capacidades para enfrentarlos. Sí el crimen organizado tiene sofisticaciones tecnológicas para cometer sus fechorías, los operadores tienen que generar capacidades para salir adelante y poder enfrentar esos retos produciendo resultados.
Al mismo tiempo tenemos un sistema de justicia que debe ser alineado en enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Por ejemplo, tenemos que la región atlántica de Honduras ocupa los niveles más altos de violencia en el país, ¿Por qué no se produce una estrategia de incidencia de todos los operadores de justicia en esa zona? Investiguemos a los jueces, policía preventiva, policía de investigación, fiscales… le aseguro que una investigación de esa naturaleza produciría resultados de impacto en la sociedad, pero cada quien anda en lo suyo y no generan los resultados esperados.
¿Cuál es su opinión de la recién creada Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia?
Dentro de toda esta efervescencia o desesperación por hacer algo, la respuesta más común es que están fallando los mecanismo de inteligencia para detectar donde están los delincuentes, los narcotraficantes… ese razonamiento, de entrada, es falso porque ya se sabe quiénes son los delincuentes.
Si usted pregunta al común de la gente, saben en sus pequeñas comunidades, en sus municipios o departamentos quienes son los que se están formando como capos de pequeñas mafias de narcotraficantes en el país y saben también quienes dentro de la Policía, del Ministerio Público y de los jueces están confabulados con el narcotráfico.
No se requiere redes de inteligencia para descubrir dónde están los criminales.
Por otro lado, hay una deformación de creer que la inteligencia militar es la que sirve para inteligencia policial con inteligencia de calle. Son términos distintos, preocupa el hecho de cruzar la procedencia militar con la policial porque en la medida que estos se cruzan estamos deformando las cosas.
Los militares siguen anclados en la guerra fría, pensando que todos los enemigos son subversivos, todos los enemigos están colocados del otro lado, por lo tanto hay que perseguir comunistas, izquierdistas, líderes sindicales, todos los que critican el sistema y de esa manera se va a componer la situación de violencia. Al ser equivocado ese razonamiento, será equivocada la estrategia y la táctica porque el enemigo no está en los que ellos piensan, el enemigo está en la calle y que no han sido debidamente investigados y procesados en los tribunales.
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