Alainet
Por Javier Suazo
El gobierno de la República sigue desconociendo que la inversión extranjera no contaminada por la corrupción y el narcotráfico necesita más que de regalos de tierras, bosques, playas y tributación cero para llegar al país, sino también de un sistema e institucionalidad robusta, donde las reglas democráticas se cumplen. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), se crearon sin respetar estas reglas, incluyendo la falta de consulta a la población. Se aprobaron por la vía de un “entuerto” jurídico, que hay que corregir, más allá de las promesas políticas de generación de empleos para la población.
Las ZEDEs se vendieron como la “panacea” del desarrollo de Honduras, utilizadas, en teoría, como instrumento para atraer inversión extranjera y generar empleos masivos, en una coyuntura actual marcada por el confinamiento por el Covid-19 y los efectos negativos de los huracanes ETA e IOTA. No obstante, hay ausencia de garantías para su cumplimiento (no hay metas físicas creíbles de producción y empleo en cada proyecto), por lo que el experimento puede fracasar sin que existan culpables, lo que se considera una de sus principales debilidades (los costos del fracaso los pagará el pueblo).
La apuesta es por beneficios potenciales de largo plazo (generar más de 10.000 empleos y atraer cerca de 500 millones de dólares) para el país y la población, sin analizar el riesgo de un eventual fracaso, tanto desde el punto de vista económico, social e incluso político, debido a la falta de compromiso y apoyo de actores de oposición al gobierno.
El problema es el desprecio a la misma legislación e institucionalidad, pero también la alta corrupción que campea. Honduras es uno de los pocos países donde se aprueban leyes y el mismo presidente de la República y Congreso Nacional las viola. Una muestra visible es la Ley ZEDEs. Aunque aprobada por la mayoría de los diputados, es violatoria de la Constitución, pero además sus reformas se aprobaron sin que se exigiera lo que dicta la misma ley inicial -o sea con el voto mayoritario de 3/4 parte de los diputados- e incluso sin oír a pobladores de los municipios en cabildo abierto, ya que las ZEDEs operaran en los municipios y ciudades de mayor potencial de desarrollo relativo, como es el caso de Choloma, Roatán y Ceiba.
¿Cuál es el interés del gobierno y los diputados por acelerar el funcionamiento de las ZEDEs? De acuerdo a sus voceros, como Ebal Diaz, exministro de la Presidencia de la República y candidato a diputado por el Departamento de Francisco Morazán, las ZEDEs y reformas a la legislación inicial se justifican por la necesidad que tiene Honduras de atraer inversión extranjera y generar empleos masivos (aunque sean de mala calidad). En cerca de 12 años del partido nacional en el poder, prácticamente existe un reconocimiento de que la política de generación de empleos masivos y de buena calidad ha fracasado, y solo queda echar mano del expediente de las ZEDEs en lo que falta del mandato de JOH como presidente de la República.
¿Cuáles son los principales incentivos fiscales y tributarios que se otorgan a los inversionistas que desarrollen una ZEDEs? De acuerdo a la Ley y sus reformas, estos incentivos se resumen en cero pagos de impuestos. Contrario a los pocos beneficios que se otorgan a las empresas pequeñas y a las microempresas que han sido las más golpeadas con la pandemia Covid-19, y son las generadoras del mayor número de empleos en el país.
La preocupación de los empresarios locales es que, con este régimen especial, se está creando un régimen fiscal exclusivo pero excluyente para el mayor número de empresas que enfrentan problemas económicos y financieros. Estas empresas pagan cerca de un 30% de impuesto sobre la renta, y les toca cubrir los altos costos de los servicios públicos, en especial de la energía eléctrica con tarifas dolarizadas; pero, además, el gobierno no les podrá comprar productos directamente, pudiéndolos adquirir de las maquilas y ZEDEs.
¿Cuáles son los incentivos monetarios y cambiarios de las ZEDEs? Pues el poder contar con su propia moneda, y dictar la política cambiaria. Puede suceder que las ZEDEs hagan sus transacciones en dólares o euros a un tipo de cambio distinto al que maneja el sistema bancario nacional y al que regula el Banco Central de Honduras.
Las ZEDEs cuentan con un Comité de Mejores Prácticas, integrado por funcionarios de gobierno nombrados por el presidente de la República y también por extranjeros, pero no los que Paul Romer había recomendado inicialmente cuando se aprobó la primera legislación, siendo presidente de la Repúblic, Porfirio Lobo Sosa, y del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Paul Romer ha criticado “el modelo actual de Zede, que se introdujo mucho después de que cortara todos los vínculos con el gobierno de Honduras. Desafortunadamente, hay una cantidad infinita de mentiras, incluyendo la mentira de que respaldo el sistema y los proyectos actuales” (P.Romer: La Prensa, 31 de mayo de 2021).
La soberanía está también en duda. Se habla de que las ZEDEs tendrán sus propios jueces y policía, así como derechos de propiedad sobre los territorios, sin que se inscriban en el registro de propiedad nacional. Estamos frente a una partición del territorio nacional inicial en Departamentos, Municipios y ZEDEs, para la cual se necesitará una nueva delimitación geográfica y de la posesión de recursos naturales e infraestructura económica y social. Esto lo ha cuestionado el Colegio de Abogados de Honduras, que pide se rectifique, y que los diputados no incurran en delitos graves a futuro.
Igual, de acuerdo a Carlos H. Reyes, dirigente sindical, las ZEDEs tendrán sus propias regulaciones en materia de trabajo y salarios, eliminando las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo. El presidente Hernández habla de que los trabajadores de las ZEDEs recibirán un 10% más del salario mínimo que se paga en el resto del país (puede ser otra promesa de campaña no cumplida), lo que también generaría un privilegio, al menos que dicho aumento se deba a que los obreros de la ZEDEs serán más productivos, o a que se generalice la obtención de una especie de plusvalía extraordinaria que permita una sobreexplotación del trabajo más allá del aumento de la duración de la jornada de trabajo de 8 horas diarias según el código laboral vigente.
Otro punto de controversia es la expropiación de terrenos a las comunidades que se encuentran colindantes, o que se ubican dentro del espacio geográfico donde se instalarán las ZEDEs. Ello ha motivado la organización de frentes de lucha contra su instalación y la exigencia a los alcaldes y corporaciones municipales para que convoquen a un cabildo abierto y le consulten a la población si están de acuerdo con las ZEDEs. En la zona norte de Honduras se ha integrado un frente amplio con la participación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la Asociación del Pueblo Miskito (MASTA) y el Movimiento Social Organizado en Deferencia de la Soberanía y Territorios. Igual sucede en la zona sur, Islas de la Bahía y Choloma.
En el caso del sur, el gobierno y ciertos empresarios han vendido como ZEDEs un agroparque en el munipio del San Marcos de Colón, que según dirigentes de los movimientos antiZEDEs, lo que busca es aprovechar los beneficios de esta legislación, que son mucho mejores a aquellos previstos con el desarrollo de la economía de exportación en invernadero.
El nuevo gobierno que según el expresidente Mauel Zelaya será liderado por Xiomara Castro, tendrá que enfrentar demandas judiciales de los inversionistas por daños económicos y un conflicto potencial con los pobladores que exigirán el desmantelamiento de la infraestructura. Ya el Partido Libertad y Refundación (LibRe), se ha pronunciado en contra de las ZEDEs por ser inconstitucionales, así como el presidente del Partido “Salvador” de Honduras, Salvador Nasralla.
De allí que una legislación que no debió aprobarse generará y está generando un costo alto para las finanzas del Estado y población, pero también mayor inestabilidad social y política de cara a un proceso electoral cojo, ya que el nuevo inquilino gobernará con menos del 20% de los votos válidos, por no aprobarse la segunda vuelta electoral tal como existe en otros países.
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