Empresa concesionaria niega indemnización a familias afectadas con proyecto de ampliación
Además de violentar el derecho constitucional de la libre circulación a la que tiene derecho la población hondureña, la privatización de las carreteras está poniendo en marcha otra transgresión, contra las familias que habitan las comunidades aledañas a la carretera CA-5 Norte.
Para muestra un botón: con la obra de ampliación de algunos tramos, del denominado Corredor Logístico, la empresa Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (COVI Honduras) sin llegar a acuerdos y sin pagar una justa indemnización, está afectando las viviendas de más de 50 familias de las aldeas La Guama y Monte Verte en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Esta misma situación han vivido otro buen número de familias quienes han sido afectadas con las obras de ampliación a cuatro carriles que en la actualidad COVI Honduras, ejecuta entre el tramo que va desde la cuesta de La Virgen, Siguatepeque, hasta el inicio de La Barca, Santa Cruz de Yojoa.
“La carretera pasará a unos 8 pies de la puerta de mi taller de mecánica y de mi casa, y lo único que me han dicho los de COVI es que en caso de que se rajen las paredes una cuadrilla pasará reparándolas, entonces yo les dije que eso es injusto porque el valor de la casa y la tranquilidad de mi familia se verán reducidas al mínimo”, expresó Mariano Reyes, habitante de La Guama.
A renglón seguido dijo que él tenía 55 años de vivir en la comunidad tranquilamente. “Soy de los que fundamos esta aldea y esta casita nos ha costado la vida. En mi solar tengo el taller de mecánica con el que he comido y educado a mis hijos, y ahora viene esta empresa (COVI) a querer robarnos lo nuestro”, indicó.
Por otra parte Iliana Medina, lideresa de la comunidad, manifestó que ellos no se están oponiendo a la ampliación de la carretera, lo único que están pidiendo es una indemnización justa por el valor de sus viviendas. “Mi casa tiene un valor de 500 mil Lempiras pero cuando se amplié el proyecto lo vehículos pasaron a pocos metros del techo de nuestra morada y por lo tanto nadie va querer comprarla”, indicó.
Así mismo denunció que los representantes de la concesionaria están llegando a las casas en una forma de intimidación psicológica para que las personas sedan a sus pretensiones. Puso como caso que en algunas ocasiones se hacen acompañar de ingenieros, abogados y psicólogos, quienes son los que se encargan de hablar con los propietarios de viviendas.
“En ese plan han logrado convencer a muchas familias y la gente a firmado los documentos para que la empresa desarrolle los trabajos de ampliación de la carretera. Se vienen aprovechando de las personas más humildes, pero en nuestras comunidades se han topado con una población organizada que hace valer sus derechos”, acotó Iliana Medina.
Cientos de familias ya han sido afectadas
“Después de estar a 40 metros de la pavimentada y al mismo nivel del asfalto, hoy mi casa quedó en un hueco y los carros estarían pasando a unos dos metros del techo. Desde que comenzó hace un año este proyecto, mi negocio se terminó y en la casa ya no se puede vivir por la cercanía con el pavimento, sin embargo COVI no se hace responsable de nada”, indicó Reina Hause, habitante de la aldea Monte Verde.
Dijo que hoy tienen que alquilar un cuarto en la comunidad y que este año no pudo poner a estudiar a sus hijos, porque del dinero de las ganancias de la pulpería y un billar que tenían en su vivienda, lograban comprar la comida y mandar a sus hijos al colegio. “Hoy no tenemos nada y nadie se hace responsable de este enorme daño que nos han hecho”, dijo la humilde señora con lágrimas en sus ojos.
Por su parte la abogada Blanca Valladares, ex magistrada de la Corte Supremo de Justicia, quien da acompañamiento legal, indicó que COVI está violentando los derechos de las familias que por generaciones han vivido en estas comunidades. De acuerdo a la profesional del derecho muy antes de ejecutar las obras desde el Congreso Nacional se debió aprobar un decreto de expropiación.
“En este decreto tendría que ir contemplado un estudio profundo sobre los daños a las propiedades y a la vida de las personas. Porque que aquí aparte del daño a las viviendas, una vez concluidas las obras la gente quedaría expuesta a los grandes ruidos de los vehículos y ser víctimas de los accidentes de tránsito por que sus viviendas quedará a escasos pies o metros del pavimento”, indicó.
“Estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario en la defensa de nuestras propiedades, porque para nosotros las casas representan la vida, la historia, el presente y el futuro. Las familias han tardo años en construirlas”, concluyó Iliana Medina.
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