Por Marvin Palacios
Wilfredo Fúnez empleado de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez, quien se encuentra recluido en el presidio de Tela, se declaró culpable de los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad en perjuicio de dos observadores internacionales del Proyecto de Acompañamiento Internacional-Honduras (PROAH).
Así lo dio a conocer el Area de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que actuó como acusador privado en la causa. La acción promovida por la defensa del imputado obliga a desarrollar un proceso abreviado que permitirá a Wilfredo Fúnez, a salir de prisión al conmutar la pena que le dicte el Juzgado Seccional de Tela, departamento de Atlántida.
La Fiscalía acusó Fúnez, empleado de la Corporación Minerales Victoria (encargado de la seguridad de la empresa) y el Juzgado Seccional de Tela le decretó auto de prisión por los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad, en perjuicio de los jóvenes Daniel Langmeier (25) y Orlane Vidal (26) integrantes del Proyecto de Acompañamiento Honduras (PROAH), un programa que aglutina a observadores de derechos humanos procedentes de varias nacionalidades, que acompaña a organizaciones que trabajan en la defensoría, entre ellas al COFADEH..
Si bien la parte defensora había interpuesto un recurso de apelación contra la decisión adoptada por el juzgado, se conoció que en días posteriores desistió de tal recurso y retiró el escrito ante el tribunal.
En cambio propuso que su cliente (Wilfredo Fúnez) sea sometido a un procedimiento abreviado, que es una medida alterna que contempla el Código Procesal Penal, estableciéndose como requisito que el imputado se declare culpable de los delitos.
Desde el mes de marzo de 2013, Wilfredo Fúnez ha permanecido recluido en una celda del presidio de Tela, municipio del departamento de Atlántida.
En la audiencia de la que aún no se ha determinado fecha (conocida como intermedia) se estaría emitiendo una sentencia condenatoria, en la cual se aplicarán las penas por cada delito cometido.
En este caso se aplicarán penas menores a los 5 años y considerando que al declararse confeso el imputado, la condena se reduce en un tercio, la medida permitirá que Wilfredo Fúnez pueda conmutar la pena y salir en libertad.
Los observadores de derechos humanos de PROAH, Orlane Vidal de Francia y Daniel Langmeier de Suiza
Cabe señalar que en los delitos allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad contra los dos observadores de derechos humanos de PROAH participaron otros miembros de la seguridad de Corporación Minerales Victoria, pero la Fiscalía solo acusó a Wilfredo Fúnez.
Tanto el COFADEH como la Fiscalía buscaban una sentencia condenatoria para el imputado, pero con la acción interpuesta, se causa un procedimiento abreviado, que evita un largo proceso penal.
Es importante señalar que este caso marca un precedente, ya que se logró acreditar en la audiencia inicial la comisión y la participación de los delitos cometidos por el imputado, lo cual llevó a la defensa a buscar una medida alterna.
Aún no está determinada la fecha para la realización de la audiencia intermedia, y aunque el acusado no irá a la cárcel, en los registros del Juzgado de Tela, quedará consignado que hubo una sentencia contra Wilfredo Fúnez por los delitos cometidos en contra de dos defensores internacionales de derechos humanos.
Contexto
El 25 de julio de 2013 guardias de seguridad fuertemente armados de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez (yerno del terrateniente Miguel Facussé) merodeaban e intimidaban a los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Masica Atlántida.
Las acciones hostiles de los guardias se produjeron porque la comunidad se opone a la extracción minera que desarrolla Lenir Pérez en esta zona, en vista que nunca se les consultó acerca de dicho proyecto y además porque dicho personaje presiona a pobladores para que vendan sus tierras.
De hecho César Alvarenga y Roberto García líderes del movimiento pacífico que se ha opuesto a las operaciones mineras fueron amenazados a muerte por parte de Lenir Pérez, situación que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares de protección para los ambientalistas.
El 24 de julio de 2013, los observadores de derechos humanos de PROAH, Daniel Langmeier de Suiza y Orlane Vidal de Francia, llegaron a la comunidad para alojarse allí en la casa de María Concepción Gutiérrez, cuya familia había sido blanco de amenazas de los guardias de seguridad de la Corporación Minerales Victoria.
Tanto Langmeier como Vidal habían notificado previamente a la Policía que estarían en dicha comunidad, sin embargo el día que ingresaron, no se encontraban agentes en la estación policial.
La mañana del 25 de julio de 2013, aproximadamente a las 9:00 am, un grupo de siete hombres fuertemente armados llegaron a la casa, acompañados por 25 trabajadores del proyecto minero, armados con machetes.
El grupo estaba encabezado por Wilfredo Fúnez, empleado de Corporación Minerales Victoria y miembro de las pocas familias que apoyan el proyecto minero en la zona.
Los individuos amenazaron a los dos miembros del PROAH que estaban acompañando a la familia y los obligaron a salir de la casa, afirmando que “desparecerían si volvían a la comunidad”. Se informó que simultáneamente, varios de los hombres armados corrieron siguiendo el dueño de la casa, y lo obligaron a volver a la propiedad mientras hacían disparos al aire.
Durante el trayecto varios hombres apuntaron sus armas contra la humanidad de los defensores de derechos humanos y profirieron todo tipo de insultos, además de amenazarlos que si intentaban ingresar nuevamente en la comunidad, serían víctimas de desaparición. Posteriormente los conminaron a que entraran en una camioneta junto con varios de los hombres. Después les forzaron a que mostraran las fotos que habían tomado con sus cámaras fotográficas, para luego borrar aquellas que comprometían a la empresa minera.
Tiempo después los bajaron en un sector donde había mucho lodo, allí se encontraba personal de la empresa minera. Según testimonios de los defensores, el trato fue diferente, fueron trasladados en otro vehículo pick up color negro, escoltado por 3 hombres armados con escopetas que se subieron en la paila y posteriormente fueron dejados en la comunidad de Nueva Florida
Finalmente los defensores de derechos humanos fueron liberados en la comunidad de Nueva Florida aproximadamente a las 11:30 de la mañana, con amenazas de que la comunidad de La Nueva Esperanza sufriría represalias si denunciaban el incidente. El individuo que profirió dicha amenaza fue Wilfredo Fúnez.
La tarde siguiente (el 26 de julio), hombres armados de la empresa minera atravesaron la comunidad de La Nueva Esperanza en motocicletas, dispararon al aire con sus armas de fuego causando zozobra entre el pueblo. La familia que alojó a los defensores de derechos humanos internacionales se vio obligada a huir de su casa, por temor a sufrir atentados.
Los hechos suscitados en contra de observadores internacionales de derechos humanos produjeron la condena de decenas de organizaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero. La organización Front Line Defenders en aquella oportunidad manifestó en un comunicado: “Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad de La Nueva Esperanza y de los defensores de derechos humanos internacionales”.
Front Line Defenders nota con inquietud que los defensores de derechos humanos en Honduras, particularmente aquéllos que trabajan en el contexto de derechos a la tierra y proyectos mineros y de construcción, enfrentan un nivel de riesgo extremadamente alto de daño a su integridad física o incluso a su vida, y que la acción jurídica contra los responsables es inexistente en la gran mayoría de los casos, citó el comunicado.
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