Por Giorgio Trucchi
El viernes pasado (20/6) la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán difundió un comunicado, en el cual califica de "ilegítimo, turbio y manipulado" el proceso de exhumación de osamentas de campesinos, que han sido asesinados en el marco del grave conflicto agrario que ha ensangrentado esta región al noreste de Honduras.
La exhumación de los primeros 15 cadáveres está a cargo de la Unidad especial de investigación de muertes violentas en el Bajo Aguán, que fue creada en abril de este año por el Fiscal general Óscar Chinchilla y que está dirigida por Javier Guzmán, jefe de la Fiscalía de Homicidios de Tocoa, con el propósito declarado de esclarecer decenas de asesinatos cometidos durante los últimos 5 años y que han quedado en total impunidad.
"Ya no podemos hablar de que hay impunidad, porque se están investigando los casos. De hecho, vamos a ver resultados muy pronto", dijo Guzmán a medios nacionales.
El sorprendente optimismo mostrado por el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Tocoa choca con la trágica realidad del Bajo Aguán, donde los intereses de unos pocos terratenientes y productores palmeros han privado a miles de familias campesinas del derecho al acceso a la tierra, a la alimentación y a una vida digna.
De acuerdo con la Plataforma Agraria, detrás de esta maniobra de la Fiscalía se ocultaría la intención de satisfacer intereses mezquinos de los grandes acaparadores de tierra, limpiando su imagen a nivel nacional e internacional, para que puedan volver a tener acceso a los fondos millonarios de la cooperación.
"Es claro que el único propósito de esta Unidad especial es limpiar la imagen de Corporación Dinant ante el Banco Mundial y la comunidad internacional, criminalizando el sector campesino como lo han hecho por más de tres años", denunciaron las organizaciones campesinas.
Los ojos del mundo centrados el Bajo Aguán
El año pasado, el Compliance Advisor Ombudsman (CAO), el órgano fiscalizador interno de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial, realizó una profunda investigación en la zona del Bajo Aguán.
En su informe final evidenció la grave situación del Bajo Aguán, y pidió a la CFI suspender el desembolso de 15 millones de dólares a Corporación Dinant, cuyo presidente es el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, para la expansión del cultivo de palma africana. Unas 70 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, respaldaron dicho planteamiento.
Durante los últimos años, estas organizaciones han venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán, entre otros, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en mayo de 2012, y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el CAO en 2013 y 2014.
La denuncia de la grave crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán hizo que, el 14 de abril de 2011, la empresa EDF Trading, subsidiaria en Londres de la sociedad anónima francés de capital público EDF SA e integrante de EDF Group, renunciara a la compra de créditos de carbono en el Bajo Aguán a la empresa Exportadora del Atlántico SA, división agrícola de Corporación Dinant.
Esta decisión del gigante energético francés representó un segundo duro golpe en pocos días para las empresas de Miguel Facussé. Pocos días antes y después de analizar en profundidad la situación del conflicto agrario en el Bajo Aguán, la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) -que es parte del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe)- decidió retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant.
"Existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad en el asesinato de campesinos y existe desesperación por parte de Corporación Dinant en limpiar su imagen. Por lo tanto, los movimientos campesinos del Aguán desconocemos y rechazamos cualquier informe presentado por la Unidad especial de investigación, ya que conocemos su confabulación con los terratenientes", cita el comunicado de la Plataforma Agraria.
Las organizaciones campesinas pidieron la suspensión inmediata de las exhumaciones "hasta tener el consentimiento y acompañamiento de los familiares de las víctimas, y la participación de médicos forenses internacionales propuestos por las organizaciones campesinas y los familiares".
Asimismo, exigieron transparentar las fuentes que están financiando la Unidad especial de investigación, y denunciaron el aparato de inteligencia militar, asesorado por el Comando de Operaciones Especiales del ejército de Estados Unidos, que tiene el propósito de "seguir criminalizando la lucha de las organizaciones campesinas por el acceso a la tierra".
Finalmente, la Plataforma Agraria hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, para que se mantengan en alerta ante la estrategia de manipulación que pretende hacer creer a la comunidad internacional que el asesinato de campesinos "no es producto de la represión policial, militar y paramilitar", ni que está relacionado con los terratenientes y productores palmeros.
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