Por Marvin Palacios
Mediante un posicionamiento divulgado a través de los medios de comunicación, la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, el Frente Nacional de Resistencia y el movimiento social de la zona, calificó las exhumaciones practicadas por la Unidad Especial de Investigación como un proceso que no ha sido transparente, participativo ni consultado con los familiares de las víctimas.
Las organizaciones consideraron que las exhumaciones ejecutadas por la Unidad de Investigación buscan limpiar la imagen de Corporación Dinant ante el Banco Mundial “luego de la publicación de los hallazgos del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO por sus siglas en inglés), mecanismo independiente para proyectos respaldados por el Banco Mundial que han evidenciado la participación de los guardias de seguridad de Dinant en una serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas en el Bajo Aguán”.
La Unidad Especial de Investigación surge debido a la presión ejercida por la comunidad internacional dados los múltiples asesinatos cometidos en esta zona que suman más de cien, en su mayoría campesinos y campesinas, producto del conflicto de tierras que los gobiernos no han podido solucionar.
“Es claro que la fiscalía del Ministerio Publico y ahora la Unidad Especial de Investigación recién creada y dirigida por el fiscal Javier Guzmán, para investigar supuestamente los asesinatos en el Bajo Aguán, solo pretende limpiar la imagen de la empresa de palma africana y criminalizar el sector campesino como lo han hecho por más de tres años, por lo tanto los movimientos campesinos del Aguan desconocemos y rechazamos cualquier informe presentado por la unidad de investigación ya que conocemos su confabulación con los terratenientes”, asegura el posicionamiento.
Añade que existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad y declaraciones públicas del señor Miguel Facussé gerente general de corporación Dinant, dadas a medios de comunicación el 16 de noviembre del 2010 un día después de la masacre suscitada en el sector del Tumbador, donde fueron asesinados cinco campesinos del Movimiento Campesino del Aguán, expresando “ que porque el oso negro (Cesar Ham) había mandado a los campesinos a meterse a sus tierras si sabía que ahí tenía sus hombre armados”, casos como este gozan de total impunidad.
Las organizaciones suscritas en el posicionamiento exigen que no continúen las exhumaciones hasta que exista el acompañamiento y consentimiento de los familiares de las víctimas y la participación de expertos forenses internacionales.
“Exigimos aclaraciones por parte de la cooperación que financió la Unidad Especial de Investigación que se instaló en el Bajo Aguán para investigar el asesinato de más de 115 campesinos y campesinas en el marco del conflicto agrario, hemos escuchado que la misma fue financiada con fondos de la USAID a través del Organismo de Estados Americanos (OEA)”.
Las organizaciones denunciaron que el proceso de exhumaciones se está llevando a cabo con un patrón de inteligencia militar asesorado por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los EEUU, que pretende criminalizar a las organizaciones campesinas del Aguán que luchan por el acceso a la tierra.
El posicionamiento también denuncia “que algunas de las osamentas exhumadas por la Unidad Especial de Investigación no corresponden a campesinos que han sido asesinados en el marco del conflicto agrario y que están realizando una investigación apresurada bajo una serie de irregularidades en el proceso”, señalaron las organizaciones.
“Llamamos a los organismos nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a que se mantengan en alerta, así como también una comisión internacional acompañe todo el proceso para poder resguardar las evidencias”, demandaron las organizaciones campesinas en el posicionamiento emitido el 20 de junio de 2014.
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