A pocos días de cumplirse los primeros seis meses del gobierno de Juan Orlando Hernández, periodo que inició el pasado 27 de enero y día en el que prometió que se le “acabaría la fiesta a los delincuentes” y el fin de la inseguridad en Honduras, la pregunta surge: ¿han resultado las políticas para combatir los altos niveles de violencia y corrupción?
Para algunos analistas en la administración de Juan Orlando Hernández lo que ha existido es un incremento de acciones dispersas y multiplicadoras que nunca constituyeron institucionalmente una buena política encaminada a la depuración.
Con la “Operación Morazán”, el gobierno de Hernández pretende poner fin a la delincuencia y crimen organizado, mediante operativos que son ejecutados por la Policía Militar, Policía Nacional y fuerza TIGRES.
Para el analista y sociólogo, Eugenio Sosa, en el actual gobierno el problema en el tema de seguridad es que hay “mucho ruido y pocos resultados”, además de la militarización de la sociedad.
“Esto pareciera que el gobierno lo lanzó más como imagen mediática para tener impacto en los primeros meses; así como hay algunas acciones, hay violencia permanente que desdice que las acciones estén dando resultado”, comenta Eugenio Sosa.
En los últimos días la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), ente que también fue creado en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha capturado supuestas bandas de extorsionadores que operaban en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Sosa considera que, aunque estas acciones no se pueden ver de menos, se siguen capturando sectores intermedios de la criminalidad. Además señala la necesidad de cuestionarse quién forma las bandas de extorsionadores y con que grupos están coludidos.
“Ahí no hay grandes mandos de los grupos capturados. El problema de la violencia en Honduras es que hay personas de muy alto nivel que permitieron, toleraron y se coludieron con esa situación. Entonces qué pasa, que hoy capturan diez sicarios pero si quedan libres los que reclutan sicarios, mañana reclutan 20 y 30 en un país como Honduras con mucha necesidad de empleo”, opina el analista.
El director del Grupo de Sociedad Civil, Omar Rivera, también considera que las acciones y las políticas del actual gobierno son “esfuerzos aislados para impulsar la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad y el ataque contra el narcotráfico”.
Rivera es del criterio que debe iniciarse el diseño de un plan integral de reforma, que implique decisiones que permitan revertir la grave situación de violencia y criminalidad.
“Nosotros valoramos el esfuerzo, la energía, la dedicación que pudieran tener en determinado momento quienes nos gobiernan, pero eso no es suficiente; nosotros hemos podido identificar que no existe mayor coordinación interinstitucional y que a todas luces el proceso de depuración ha fracasado”, señaló Omar Rivera.
“Guardianes de la Patria” fortalece uso de armas
Otra de las políticas en materia de seguridad que ha implementado el gobierno de Juan Orlando Hernández, es el programa “Guardianes de la Patria”, con el que pretende que los niños y niñas se alejen de la criminalidad.
Hernández explicó que “cada sábado, más de 25 mil niños a nivel nacional recibirán formación cívica y religiosa que les permitirá ir formando el sentimiento de amor por Honduras”.
Sin embargo, para el ex fiscal general de la república, Edmundo Orellana Mercado, este programa está dedicado al esfuerzo físico y al manejo de armas.
“Si usted trae jóvenes y niños que son de barrios marginados a enseñarles a manejar armas y luego del programa los vuelve a meter allá –a los barrios- ellos son pasto de las maras, y entonces lo que está haciendo es fortaleciendo a futuros mareros en el conocimiento de las armas”, explica.
Orellana Mercado es del criterio que a las niñas y los niños se les deber proteger y darles un ambiente que evite que las maras los convierta en un elemento más de su organización, y agrega que lo “que hay es una visión equivocada”.
“Paquetazo”
Al final de la última legislatura 2010-2014, diputados y diputadas aprobaron un paquete de medidas fiscales, denominado Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, que según sus impulsores busca aumentar los ingresos y reducir el gasto público.
En este sentido el sociólogo Eugenio Sosa, considera que el gobierno de Juan Orlando Hernández es una continuidad de la administración de Porfirio Lobo Sosa, pues no se puede desconocer que “todo lo que significó el ajuste fiscal” aprobado en diciembre de 2013 era parte del mismo proyecto para generarle condiciones.
“Este paquete le ha permitido a la actual administración contar con algunos recursos, porque más o menos hay estimaciones que el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) está en esa recaudación; pero es un paquete fiscal de carácter regresivo, está golpeando a los sectores más pobres y a los sectores medios”, dice Sosa.
Agrega que este es un paquete en el que no se ha querido tocar a los sectores privilegiados del país, y aunque hubo un supuesto pacto entre el partido Nacional y Liberal para la gobernabilidad “sucede que esto fue tardío, a tal grado que la inflación ya se había producido”.
“A pesar que el gobierno ha recaudado impuestos, en algunos temas los gastos son excesivos y sobre dimensionados como es el tema de seguridad y en otros aspectos; el gobierno está en crisis, el gobierno es irresponsable porque hace un paquetazo para recaudar impuestos pero el gasto lo hace como si estuviera en bonanza”, señaló.
Para los analistas las políticas en materia económica que implementa el gobierno de Juan Orlando Hernández, no lograran mejorar las condiciones de vida de los hondureños y hondureñas ya que esas políticas son focalizadas, y sólo generan clientela política.
A Mecate Corto Nº 340
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