Por Sandra Rodríguez
Se presentó un informe el cual recalca la impunidad e indefensión en la que se encuentran los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras que pretende brindar una visión cercana a la realidad que viven las personas que hacen de la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Honduras, su actividad principal y aquellas que combinan esta labor con otras actividades productivas.
Y no sólo es ir más allá de ofrecer fríos datos estadísticos a quienes se interesan en el tema y que desnudan la precariedad en que los defensores y defensoras hacen frente a los enemigos todopoderosos que se niegan a reconocer que todas las personas tienen los mismos derechos que ellos y que el Estado es un instrumento para garantizar tales derechos, relata el informe “Impunidad e indefensión, un vistazo a la realidad de las y los defensores en Honduras”, de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa.
También se pretende sensibilizar a los funcionarios del Estado, al frente de instituciones especializadas, como ser la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, el Sistema Judicial hondureño y lo que queda de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, de su enorme responsabilidad en el tema y de lo poco efectivo que ha sido su trabajo hasta ahora, a la luz de los hechos señalados aquí, que no es, ni por cerca, el universo de las violaciones a los derechos de las defensoras y defensores durante el 2013.
Además despertar el interés de funcionarios y funcionarias de los organismos internacionales, la cooperación internacional y la representación diplomática en el país, para que revisen si con sus políticas de cooperación, han estado propiciando, no solo la violación de los derechos humanos de la población hondureña, sino también, la persecución, criminalización, judicialización, estigmatización y el asesinato de los defensores y de las defensoras de los Derechos Humanos en Honduras.
El informe revela que los defensores y defensoras de Derechos Humanos con mayores ataques registrados son aquellos que ejercen su derecho a la defensa de sus territorios y bienes naturales, destacan entre ellos los casos de las comunidades de Nueva Esperanza, Atlántida; Río Blanco, Intibucá; y Locomapa, Yoro. También hay campesinos y campesinas; periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales; y miembros de la comunidad de la diversidad sexual (LGBTI).
El problema de la inseguridad ciudadana se torna aún más complejo con la profunda crisis de legitimidad del Estado, potenciada por el Golpe Militar de Estado en 2009 que rompió el orden constitucional y el estado de derecho.
Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Poder Judicial carecen de legitimidad frente a la ciudadanía, generando anomía en la sociedad al no aplicar la Ley por igual, no combatir la inseguridad y tolerar un nivel elevado de impunidad.
También muestra que distintos informes situacionales de Derechos Humanos señalan a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Honduras como los mayores violadores de Derechos Humanos.
Y que históricamente la percepción ciudadana sobre los operadores de justicia es sumamente desfavorable, para el caso, el 68.7% de los habitantes del Distrito Central no confía en la Policía Nacional Preventiva, el 60.1% no cree en la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC y 61.4% desconfía de la Fiscalía.
En parte la desconfianza ciudadana se basa en el criterio de que existen policías cómplices con la delincuencia, son incompetentes y violentos porque no están capacitados .
El asesinato de dos jóvenes universitarios en 201 1 (entre ellos un hijo de la rectora de la UNAH), evidenció la participación directa de la Policía Nacional y otros organismos operadores de justicia en ejecuciones extrajudiciales, deteriorando la ya deslegitimada institucionalidad y reabriendo el debate sobre la necesidad de una reorientación de las Políticas Públicas en materia de Seguridad y Derechos Humanos.
Ante el deterioro de los operadores de justicia y el clima de inseguridad generalizado, los mayores beneficiados son los operadores del “negocio del miedo”, por un lado se incrementa la compra (legal e ilegal) de armas como mecanismo de autoprotección, generando un efecto perverso en relación al fenómeno que se quiere superar , por otro lado aumenta la relación entre agentes de seguridad privada y agentes de seguridad del Estado, manifiesta el informe.
El crecimiento exponencial de compañías de seguridad tiene una relación directamente proporcional con el fracaso del Estado en materia de seguridad, en su mayoría estas compañías son propiedad de ex miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (varios involucrados en violaciones graves a los Derechos Humanos durante las últimas décadas del pasado siglo), agrega el texto.
Según informe de la ONU , por cada miembro de la Policía Nacional existen cinco Guardias de seguridad privada, la existencia de un ejército en manos de la empresa privada representa una amenaza peligrosa para el resto de la población.
Hasta el día de hoy se encuentran en impunidad decenas de asesinatos de Defensores de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, hechos en que los guardias de seguridad privada al servicio de terratenientes (en confabulación con agentes de seguridad del Estado) son señalados como responsables por organizaciones campesinas y de Derechos Humanos.
El ex CONADEH, Leo Valladares Lanza, director ejecutivo de ACI-Participa, dijo que es urgente convocar a un nuevo pacto social en materia de seguridad y Derechos Humanos con amplia participación de la sociedad civil.
La población en general y particularmente, las defensoras y defensores de los derechos humanos, esperan sin mayores expectativas que el nuevo comisionado nacional de los derechos humanos, sea una persona comprometida con el respeto y promoción de los DDHH y con demostrada capacidad para el cargo.
Gasto inoficioso en seguridad
En cuanto a la relación Costo Resultado, de acuerdo a los presupuestos aprobados por el Congreso Nacional para el año 2013, para las tres instituciones estatales que hacen la labor de operadores de justicia, éstas recibieron un total de 7, 786.8 millones de lempiras, distribuidos entre el Poder Judicial1,825 millones de lempiras del Presupuesto General, más 6 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad; Ministerio Público 996.7millones de lempiras del Presupuesto General, más 65.3 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad; y la Secretaría de Seguridad 4,370 millones de lempiras del Presupuesto General, más 523.8 millones de la Tasa de Seguridad.
Vista la situación actual del país, convertido en el país más violento y peligroso del mundo, gracias al clima de inseguridad de la ciudadanía, la criminalidad, la alta presencia del crimen organizado, la elevada incidencia de violación a los derechos humanos, etc., los 7,800 millones de lempiras que invierte el pueblo en justicia y seguridad, se convierten en un gasto inoficioso, dados los magros resultados que estas instituciones entregan, expone el informe.
La fracasada depuración policial y la débil institucionalidad del ente estatal llamado a proveer seguridad a la ciudadanía, da vida en la población a un sentimiento de desamparo e indefensión que obstaculiza el desarrollo y la construcción de un sistema realmente democrático.
Una policía ligada a la delincuencia común y al crimen organizado es verdadero riesgo para la ciudadanía. Contrario a lo que seguramente sucede en otras sociedades, la mayor parte de la población teme cuando se acerca un elemento policial o un militar, expuso Adalid Vega, al exponer el informe.
En el caso de los defensores y defensoras de los derechos humanos, esta sensación es todavía más profunda, habida cuenta de la campaña permanente de estigmatización y criminalización de los y las defensoras y su labor, aparte de las denuncias de violación de los derechos que éstos hacen y que señalan casi siempre a policías y militares como los violadores.
Por lo que la impunidad es el mayor enemigo de los defensores de derechos humanos en Honduras, ya que más del 90% de los asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos siguen impunes, y las estrategias de seguridad pública del Gobierno no han funcionado.
Se cree que sacar a los militares a las calles no ha sido factor determinante en el control y disminución de la violencia, de la delincuencia común y del crimen organizado. Y que los operadores de justicia del país, siguen teniendo estructuras débiles lo que repercute en la falta de resultados significativos.
Por lo que el gobierno es garante incapaz de la integridad de los defensores de los derechos humanos, manifiesta el informe “Impunidad e Indefensión: vistazo a la realidad de las/os defensoras/es en Honduras”, presentado este día por la organización de defensora de derechos humanos ACI-Participa .
No hay comentarios:
Publicar un comentario