El “logro” más publicitado por el actual gobierno tras sus cuatro meses de gestión es el ataque al crimen a través de operaciones militares y la creación de instancias como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina), que prácticamente converge todas las estrategias de seguridad en un esfuerzo liderado por las Fuerzas Armadas. Sin embargo la violencia sigue cobrando vidas en Honduras y quienes se han publicitado como la solución a la misma ahora culpabilizan al pueblo que catalogan como “contaminado”.
La Fusina fue creada en febrero de 2014, y está conformada por la Policía Militar del Orden Público, y la fuerza TIGRES constituidas en el gobierno pasado por quien era el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, hoy presidente de Honduras.
El vocero de la policía militar y de la FUSINA en la zona noroccidental, el coronel German Alfaro con argumentos simples respondió a los cuestionamientos sobre el incremento de la violencia. Dijo: “si usted es una persona de bien, no le va a pasar nada”, llevándose por encima tantas víctimas que han caído a causa de la violencia en Honduras.
“Las operaciones han dado resultado pero lógicamente una cultura que la población tiene de inclinarse a las situación ilícitas, la violencia, y de cometer irregularidades debe cambiarla la misma población. Las familias cuiden a sus hijos para que no se los reclute el crimen. Si vamos a ser exigentes con el gobierno, debemos ser exigentes con nosotros mismos para que el Estado no malgaste recursos atrapando delincuentes”. Estas palabras las dijo a medios de comunicación de todo el país, y algunos oyentes hasta se convencen de esto.
Pero, ¿es necesario que las fuerzas que ahora controlan la seguridad del país pongan en el banquillo de los acusados a la sociedad entera? La sociedad civil no aprobó la creación de esta instancia que ahora controlan las Fuerzas Armadas. Una sociedad que es excluida de las decisiones gubernamentales y culpabilizada por los males que la aquejan.
Para el analista y miembro de la Red de Instituciones no gubernamentales para la Protección de la Niñez (Coipodren), Tomás Andino, el problema radica en que la democracia está tan debilitada que las decisiones son tomadas de forma autoritaria y los ganadores aquí parecen ser los militares.
“La necesidad de la coordinación es una aspiración vieja, pero esta gira entorno a coordinaciones militares, la incorporación de militares en el campo de la seguridad, que no es un campo en el que ellos deban tener el liderazgo. Estas fuerzas simbólicamente toman posesión en los batallones entonces ¿corresponde a las FF.AA. articular los esfuerzos de seguridad en el país? Su mandato según la constitución es velar por la soberanía nacional, y otros más específicos pero no es la de dar seguridad a la ciudadanía porque no fue creada ni entrenada para eso”, aduce Andino.
En medio del alarde del gobierno por sus acciones contra la criminalidad, el Observatorio de la Violencia de la UNAH sigue registrando altos índices de violencia. Este organismo asegura que en lo que va del año se han registrado 39 masacres en Honduras, y solamente en dos semanas en San Pedro Sula se han dado 26 asesinatos.
La coordinadora del Observatorio, Migdonia Ayestas lamentó la trágica muerte de tres compatriotas en un centro comercial de San Pedro Sula, entre ellos, la estudiante de medicina de la UNAH-VS Karol Alvarado y aseguró que hechos como estos continuarán en el país si no se realizan acciones verdaderas que ataquen la creciente ola de criminalidad.
Actualmente, lo real es que la culpa directa no está cayendo sobre los responsables de estos hechos, la impunidad prevalece en un Estado que no prioriza la correcta aplicación de la justicia. Ayestas asegura que sin investigación no se podrán desarrollar espacios seguros para nadie. Sin embargo, en contraste con los cientos de militares en las calles, en San Pedro Sula solamente hay 7 agentes de investigación para esta ciudad que alberga más de un millón de personas.
Andino agrega que mientras el sistema de seguridad no priorice la prevención, el acceso a la justicia y que haya servicios de inteligencia e investigación científica, la violencia seguirá reproduciéndose.
“Todas esas capturas de delincuentes y asegurar la protección a la sociedad son funciones que corresponden a la policía civil pero ¿por qué no se fortalece entonces a la policía? La depuración nunca se hizo y se quedó a mitad de camino. Siempre hemos observado que la estrategia del gobierno es hacer pensar que los militares en las calles son sinónimo de seguridad y eso es mentira”, explicó Andino.
Algunos analistas coinciden en que en la administración de Juan Orlando Hernández lo que ha existido es un incremento de acciones dispersas y multiplicadoras que nunca constituyeron institucionalmente una buena política encaminada a la depuración.
Para el analista y sociólogo, Eugenio Sosa, en el actual gobierno el problema de seguridad es que hay “mucho ruido y pocos resultados”, además de la militarización de la sociedad.
“Han fragmentado la policía en varios grupos y no se depuró ni constituyó. Mucho ruido y pocos resultados, la idea de una policía civil ha retrocedido porque ha pasado a depender del mando militar. Esto es como una imagen mediática para obtener impacto en los primeros meses. Hay violencia permanente que nos dice que esto no está dando resultados”.
Hace diez años era la misma queja asegura Tomás Andino, “mucha delincuencia”. “Si hace 10 años se hubiera prevenido se les hubiera dado oportunidades a los jóvenes de educación, articulación, cosa que no sucedió, hoy día no nos estaríamos quejando de lo mismo”, dijo.
Más militarización, menos prevención
Aunque el gobierno ha vendido el programa “Guardianes de la Patria” como una medida de prevención a través de la formación de niños y niñas, Andino, experto en programas de prevención con niñez y juventud, aduce que no es lo mejor, y que la solución está cada vez más lejos con este tipo de medidas.
En este contexto, ayer el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández dejó huérfano al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) al pedir que las ONGs se compadezcan de los niños que atendían en esta institución que a todas luces desaparecerá muy pronto.
Su desaparecimiento esencialmente sucede porque la mayoría del presupuesto se destina a la burocracia. "Se tiene que liquidar el IHNFA, porque no es posible que el 95 por ciento del presupuesto se vaya en salarios, cuando fue creado para atender a los niños”, dijo Hernández en una visita a la ciudad de Choluteca, al sur de Honduras.
Para Andino, está claro que el gobierno no tiene la voluntad de prevenir el delito apoyando a la niñez. “Se le quiere delegar esto a los militares pero ellos no están facultados para trabajar con menores de edad, para eso existe un IHNFA, el programa de prevención de pandillas, una Secretaría de Educación. Y los militares siguen invadiendo campos, administrando las aduanas y ahora hasta las prisiones estarán en los batallones. ¿Qué tipo de Estado se está construyendo con las FFAA invadiendo tanto campo en el cual no están especializados? Mi respuesta es que se está construyendo un Estado militarizado que está copando la sociedad hondureña”, un Estado militarizado a simple vista.
Las raíces de la militarización no están en el golpe de Estado de 2009, vienen de más atrás. En 2003 comenzó el regreso de los militares a la palestra pública y especialmente a las fuerzas de seguridad, la violencia solo logró agudizarse. Luego en el gobierno del depuesto Manuel Zelaya se les devolvió la facultad de administrar instituciones como la ENEE en medio de un contexto latinoamericano en que Estados Unidos estaba tratando de colaborar a los ejércitos para levantar perfil, de ahí se incrementa el protagonismo y el presupuesto militares.
El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés) señaló en marzo en su informe anual que los mayores incrementos en el gasto militar ocurrieron en América Central y México, que en Honduras el presupuesto militar aumentó en un 18% el último año.
Andino asegura que ahora las Fuerzas Armadas han triplicado su presupuesto, todo agudizado y acelerado tras el golpe de Estado de 2009.
“Actualmente solo tenemos la represión del delito que no es eficiente. El crimen organizado se adapta cada vez mejor a estos procesos. Honduras es un país que cuenta con muchas leyes positivas, en materia de los derechos de la niñez hay muchas, lo que hay que hacer es cumplir con esa legislación y no contradecirlas con la creación de nuevas leyes. Debe respetarse la participación de la sociedad civil, que siempre tiene algo que decir en ese tema de seguridad”, sugirió Andino.
Congresistas estadounidenses piden un cese de apoyo a militares de Honduras
Esta semana más de 100 congresistas en Estados Unidos denunciaron la deteriorada situación de derechos humanos en Honduras, y pidieron al Departamento de Estado presionar al gobierno hondureño para que proteja los derechos humanos y permanezca el Estado de derecho.
Ciento ocho miembros del congreso liderados por la representante de Illinois Jan Schakowsky, del partido Demócrata enviaron una carta al senador John Kerry en la que afirman que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha llevado a cabo políticas que supondrán un empeoramiento de la situación en cuanto al respeto a los derechos humanos al proponer una fuerza policial militarizada y usar el ejército para vigilar la seguridad interna.
La carta pide al Departamento de Estado que evalúe el apoyo y el entrenamiento que Washington está otorgando a la policía y ejército hondureño.
Un informe del Congreso Nacional de Honduras de febrero pasado señaló que Estados Unidos ha entregado asistencia a Honduras por cerca de 163 millones de dólares en los últimos tres años fiscales, y la solicitud de Washington para el año fiscal en curso es de otros 58,2 millones de dólares.
El año pasado, durante una comparecencia ante el subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes para analizar la situación del combate al narcotráfico en el Caribe, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales y de Narcóticos, William R. Brownfield, advirtió del efecto negativo de retener ayuda a Honduras.
Brownfield señaló que la retención de 10,3 millones de dólares en asistencia militar a Honduras en el Congreso -debido a preocupaciones por los derechos humanos en ese país- tiene un impacto en el apoyo a las tareas de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, en el informe sobre derechos humanos de 2013 el Departamento de Estado reconoció los graves abusos en Honduras. En el informe se habla de “corrupción, intimidación, y debilidad institucional del sistema judicial que conlleva una impunidad generalizada”, junto con “asesinatos ilegales y arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad, grupos criminales y otras entidades”.
Hasta los momentos se desconoce la respuesta del Estado hondureño ante la solicitud de los congresistas estadounidenses sobre la evaluación del apoyo económico que recibe la policía y las Fuerzas Armadas.
A Mecate Corto Nº 340
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