La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería requerir a Honduras que adoptara medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad de expresión del periodista Julio Ernesto Alvarado, ha declarado PEN International.
El 29 de mayo de 2014, la organización mundial de escritores presentó una petición ante la CIDH, conjuntamente con la abogada hondureña Kenia Oliva Cardona y la periodista hondureña y activista pro derechos Dina Meza. La petición argumenta que una sentencia de prisión y 16 meses de prohibición para ejercer el periodismo, impuesta a Julio Ernesto Alvarado, director y presentador del programa de noticias “Mi Nación” en Globo TV, por cubrir las denuncias de corrupción en una universidad local en 2006, viola su derecho a la libertad de expresión por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
‘Julio Ernesto Alvarado —como muchos otros periodistas en Honduras— ha sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial durante años‘, dijo Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.
‘Hacemos una llamada a la CIDH para que adopte una actitud firme hacia el apoyo a los periodistas en Honduras que se enfrentan a un ataque multilateral en la práctica de su profesión, exigiendo al Estado que tome medidas cautelares.’
Al menos 40 periodistas han sido asesinados en el país desde 2003 —35 desde el golpe de Estado de junio de 2009—, otros son objeto de amenazas, demandas y otros ataques en un intento de evitar que prosigan con su vital labor de denunciar y hacer responsables a los funcionarios.
La sentencia de diciembre de 2013 de Alvarado, impuesta en segunda instancia, en relación con una denuncia presentada por Belinda Flores, decana de la universidad, cuya presunta implicación en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios había sido cubierta por tres ediciones de “Mi Nación” en 2006.
A Alvarado y a otros dos profesores universitarios que habían aparecido en el programa de Alvarado para discutir las acusaciones, se les retiraron los cargos en marzo de 2011. Sin embargo Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia en la capital, Tegucigalpa, condenó a Alvarado por difamación criminal —a pesar de que el veredicto de no culpabilidad fue confirmado por los dos profesores y de que el Tribunal dio por probado que Flores estaba implicada en algún delito.
Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014 a través de su página de Facebook y de la de la periodista y defensora de los derechos humanos Dina Meza, que hizo varias publicaciones protestando por la sentencia de Alvarado. Un mensaje a la cuenta de Facebook de Alvarado, con fecha de 7 de febrero, lo amenazaba de muerte a él y a miembros de su familia. PEN International protestó por considerar que la condena de Alvarado tenía motivaciones políticas y pidió a las autoridades que investigaran las amenazas. Previamente, Alvarado había sufrido meses de amenazas y hostigamientos que culminaron en un presunto atentado contra su vida que lo llevó a suspender su programa de en Radio Globo en marzo 2013.
Como resultado de esta intimidación y la falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena y optó por pagar una multa de 10 lempiras por cada día de condena (unos 250 dólares estadounidenses) con el fin de evitar el encarcelamiento. El 28 de abril de 2014, en una audiencia, el juez levantó también la prohibición de ejercer el periodismo. Después de la audiencia, Alvarado agradeció a la prensa por seguir su caso y apeló a la unidad entre los periodistas afirmando: “No debemos pensar en nosotros mismos como periodistas de diferentes ideologías, ya que estamos unidos por la lucha para defender nuestro derecho a expresarnos libremente. Si estamos aislados, las cosas irán a peor y todos podríamos ser encarcelados”.
Sin embargo, el 2 de mayo de 2014, el abogado de Flores apeló la decisión del juez de anular la prohibición de trabajo impuesta a Alvarado. Flores también ha indicado que pretende iniciar procedimientos civiles contra el periodista por difamación. Si dicha demanda tiene éxito, se le podría otorgar el derecho al cobro por grandes daños, lo que en última instancia podría llevar al encarcelamiento de Alvarado si no pudiera pagar.
La petición de PEN sostiene que Alvarado se encuentra en riesgo de sufrir un daño irreparable a su derecho a la libertad de expresión a causa los procesos penales, que han durado casi ocho años y que ahora amenazan con retirarle su derecho a trabajar como periodista y sus propiedades.
PEN y sus co-demandantes piden a la CIDH que solicite al Estado de Honduras que adopte medidas cautelares para evitar el daño irreparable a los derechos de Alvarado y la sociedad en general. El Estado de Honduras debe llevar a cabo una investigación sobre el caso de Alvarado y evitar la ejecución de la sentencia, afirma la petición, que también hace un llamamiento al estado para que proporcione al periodista guardaespaldas de la policía para proteger su vida e integridad física.
En virtud del Reglamento de la CIDH, en situaciones graves o de urgencia, la Comisión puede solicitar a un estado que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas que están bajo la jurisdicción de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La CIDH ha establecido previamente que la sentencia que prohíbe la práctica de la profesión de periodista no sólo limita el derecho a la libertad de expresión, sino que también causa un daño irreparable al honor de la persona condenada.
Estas medidas han protegido a miles de personas en toda América desde que el mecanismo fue introducido en 1967.
En un informe de enero de 2014 Honduras: periodismo a la sombra de la impunidad, PEN International, PEN Canadá y el Programa International de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la Universidad de Toronto, destacaron el empeoramiento de la situación de los periodistas y otros escritores en Honduras.
Para más información, póngase en contacto con Tamsin Mitchell, Investigador/Activista de América, en PEN International, Brownlow House, 50/51 High Holborn, Londres WC1V 6ER, Tel:+44 (0) 20 7405 0338; Fax: +44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org
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Honduras: Inter-American Commission on Human Rights urged to protect journalist Julio Ernesto Alvarado
The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) should require Honduras to adopt precautionary measures to protect journalist Julio Ernesto Alvarado’s right to freedom of expression, PEN International said today.
The worldwide organisation of writers submitted a request to the IACHR in conjunction with Honduran lawyer Kenia Oliva Cardona and Honduran journalist and rights activist Dina Meza on 29 May 2014. The submission argues that a 16-month prison sentence and ban on practising journalism for covering allegations of corruption at a local university in 2006 imposed on Julio Ernesto Alvarado, director and presenter of the news programme ‘Mi Nación’ on Globo TV, violates his right to freedom of expression under the American Convention on Human Rights.
‘Julio Ernesto Alvarado – like many other journalists in Honduras – has been subjected to threats and judicial harassment for years,’ Marian Botsford Fraser, Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee.
‘We are calling on the IACHR to take a strong stand to support journalists in Honduras who are facing an onslaught from all sides in their practice of their profession by requiring the state to issue precautionary measures.’
At least 40 journalists have been killed in the country since 2003 –35 since the coup d’état in June 2009– while others are facing threats, law suits and other attacks in an attempt to restrict them from continuing their vital work to report and hold officials accountable.
Alvarado’s December 2013 sentence, imposed on appeal, related to a complaint lodged by university deacon Belinda Flores, whose alleged involvement in influence peddling and falsification of university degrees had been covered by three editions of ‘Mi Nación’ in 2006.
Alvarado and two university teachers who had appeared on Alvarado’s show to discuss the allegations had been cleared of the charges in March 2011. However Flores appealed the decision and in December 2013 the Supreme Court of Justice in the capital Tegucigalpa convicted Alvarado of criminal defamation – despite the fact that the non-guilty verdict was upheld for the two teachers and that the Court took as proven that Flores was in fact implicated in some wrongdoing.
Following his conviction, Alvarado was subject to harassment and threats in early 2014 via his Facebook page and that of journalist and human rights defender Dina Meza, who made various posts protesting Alvarado’s sentence. One post to Alvarado’s Facebook account dated 7 February threatened him and his family members with death. PEN International protested Alvarado’s conviction as politically motivated and called on the authorities to investigate the threats against him. Alvarado previously endured months of threats and harassment which culminated in a suspected attempt on his life, and led him to suspend his radio programme on Radio Globo in March 2013.
As a result of this intimidation and a lack of faith in the impartiality of the justice system, Alvarado decided not to appeal his conviction, opting instead to pay a fine of 10 lempiras per day of his sentence (around US$250 in total) in order to avoid imprisonment. At a hearing on 28 April 2014, the judge also lifted the ban on practising journalism. Following the hearing, Alvarado thanked the press for following his case and appealed for unity among journalists, stating: ‘We must not think of ourselves as journalists of different ideologies, since we are united by the fight to defend our right to express ourselves freely. If we are isolated things will be worse and we could all be imprisoned.’
However, on 2 May 2014 Flores’ lawyer appealed the judge’s decision to overturn the work ban imposed on Alvarado. Flores has also reportedly indicated that she intends to launch civil defamation proceedings against the journalist. If such a law suit is successful, she could be awarded large damages which could ultimately lead to Alvarado’s imprisonment, should he fail to pay them.
PEN’s submission argues that Alvarado is at risk of suffering irreparable harm to his right to freedom of expression via criminal proceedings that have lasted almost eight years and now threaten to strip him of both his right to work as a journalist and his property.
PEN and its co-petitioners call on the IACHR to request the Honduran state to adopt precautionary measures to avoid such irreparable harm to the rights of Alvarado and society in general. The Honduran state should carry out an effective investigation into Alvarado’s case an d prevent the implementation of his sentence, argues the petition, which also calls on the state to provide the journalist with police bodyguards in order to protect his life and physical integrity.
Under the Rules of Procedure of the IACHR, the Commission may, in urgent or serious situation request that a state adopt precautionary measures to prevent irreparable harm to individuals who are under the jurisdiction of member states of the Organisation of American States. The IACHR has previously ruled that a judgment prohibiting the practice of the profession of journalism not only limits the right to freedom of expression, but also causes irreparable damage to the honour of the convicted individual.
Thousands of individuals have been protected under such measures throughout the Americas since the mechanism was introduced in 1967.
In a January 2014 report Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity, PEN International, PEN Canada and the University of Toronto’s International Human Rights Program (IHRP) highlighted the worsening situation for journalists and other writers in Honduras.
To read this in Spanish click here.
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For further information, please contact Tamsin Mitchell, Americas Researcher/ Campaigner, at PEN International, Brownlow House, 50/51 High Holborn, London WC1V 6ER, Tel: +44 (0) 20 7405 0338; Fax: +44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org
June 4 2014 at 2:08 pm
Publicado por Américo Roca Dalton en 20:26
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