De 2012 hasta la fecha se han registrado nueve asesinatos a indígenas Lencas, también desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes, según un recuento realizado por Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
La cruda historia de desplazamientos, exterminios y marginamiento que por parte del propio Estado Hondureño estos pueblos indígenas han sufrido en nuestro país, continúa pues siguen siendo blancos de injusticias, oprobios y asesinatos.
Para Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), las concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos son una amenaza para los pueblos indígenas y garífunas de Honduras, y asegura que las instituciones del Estado son cómplices en la aprobación de los proyectos sin el consentimiento de la población, de esta manera se violan los convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios.
Comunidades indígenas del país se han organizado y han desarrollado una lucha frontal contra las grandes empresas e Instituciones Estales, sobre todo en las comunidades de San francisco de Locomapa, Yoro, San francisco de Opalaca y Río Blanco en Intibucá, sin embargo han sido asesinados varios miembros activos de estas organizaciones.
San Francisco de Locomapa, Yoro
La justicia aún no ha llegado luego del asesinato de tres Tolupanes indígenas que eran defensores de bienes naturales; Maria Enriqueta Matute de 60 años, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en San Francisco Locomapa, Yoro. Los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.
El crimen ocurrió el 25 de agosto del 2013 a las 5:30 de la tarde, cuando los tres indígenas pertenecientes a la tribu San Francisco, fueron asesinados con armas de fuego, cuando estos realizaban acciones de defensa de su territorio ante la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.
A pesar que se ha reconocido por medio de testigos los responsables de este crimen, la policía no ha dado el seguimiento correspondiente a la investigación de estas muertes, los testigos indican a Selvin Fúnez y Carlos Matute como los responsables, ellos supuestamente estaban al servicio del Consejo Indígena y de empresarios mineros que explotan antimonio en los territorios de estas tribus y debido a la oposición que realizaban estas tres personas, los victimarios les quitaron la vida.
A pesar de las amenazas y persecución que esta comunidad han estado recibiendo, ellos han denunciado la corrupción y la confabulación existente en la directiva de la Federación de Tribus Indígenas Xicaques con los empresarios que llegan a explotar los recursos naturales de la zona de Locomapa, y que están dejando grandes daños al medio ambiente y más miserias a las comunidades tolupanes.
“Los hechores siguen libres y todavía nos siguen amenazando, dicen ellos que porque nosotros seguimos denunciando, la Policía de Yoro no hace nada, es más ahí anda con ellos,” expresó Consuelo Soto, indígena de esta comunidad.
Consuelo también dijo que la comunidad sigue con temor por tantas amenazas que reciben a diario, “Nos pasa sentenciando todavía que de repente nos van a encontrar muertos” añadió.
Además, José María Pineda, habitante de esta comunidad, al no verse protegido por el Estado de Honduras, tuvo que marcharse junto a un grupo de 7 indígenas en busca de un lugar seguro, dejando su hogar y sus familiares.
La parte defensora de los indígenas de la tribu San Francisco, en consideración que el Estado hondureño no ha cumplido la orden que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de proteger a 38 personas de la Comunidad, y ellos plantean la posibilidad de recurrir nuevamente ante esas instancias para exigir justicia para los indígenas Tolupanes.
Los habitantes de la tribu creen que el desarrollo de su pueblo solamente se logrará con la participación de la comunidad, con capacitarse, prepararse y ver sus familias beneficiadas, siempre y cuando, se respeten los bienes naturales.
Según el abogado Fabricio Herrera, las cifras han demostrado que el genocidio hacia los Tolupanes es más frecuente que hacia las otras etnias.
San Francisco de Opalaca, Intibucá
Otro sector donde se esconde la justicia es en San Francisco de Opalaca, uno de los 17 municipios del departamento de Intibucá, que alberga a más de 10 mil habitantes indígenas lencas.
Para las elecciones del año 2013, dio como resultado un empate entre el candidato del Partido Nacional Socorro Sánchez y el candidato del Partido Libertad y Refundación Éntimo Vásquez, se desconoce qué fue lo que pasó en el Tribunal Supremo Electoral porque dieron 8 votos quedando como ganador Don Socorro.
A raíz de ese resultado desconocido por la población indígena, desde el 25 de enero, día en que todos los alcaldes del país tomaron posesión de sus cargos, en San Francisco de Opalaca, la población decidió tomarse las instalaciones de la alcaldía.
Actualmente se han denunciado los asesinatos, atentados y represión perpetrados del 26 de mayo del 2014 contra miembros Lencas, hechos que son motivados según la COPINH por la política represiva del Estado de Honduras, encabezada por Juan Orlando Hernández.
Los hechos se dieron, según un comunicado de Copinh, cuando luego de concluir una importante Asamblea Indígena en San Francisco de Opalaca, con el propósito de socializar los hallazgos de la Auditoría exigida por el Pueblo Lenca y desarrollada por el Tribunal Superior de Cuentas, se hicieron presente a la Plaza de Monte Verde empleados del exalcalde que ha pretendido imponer el Partido Nacional, el señor Hugo Sánchez, sin mediar palabra sacó una pistola y disparó contra Irene Meza y Plutarco Bonilla, ambos quedaron aún con vida.
A la altura de la cuesta del Río Zarco fueron atacados nuevamente por un grupo de hombres fuertemente armados, provocando que el vehículo se accidentara, luego procedieron a bajar al lugar donde quedó el mismo, rematando de 6 disparos más a Irene. En este atentado también resultaron lesionados los dos acompañantes.
Respecto a Plutarco Bonilla, recibió un impacto en la mano y se encuentra estable.
Bertha Cáceres de la COPINH añade que tampoco se ha esclarecido el asesinato del indígena Justiniano Vásquez, hermano de Éntimo Vásquez, éste último electo como alcalde por el consejo de ancianos y la comunidad de San Francisco de Opalaca, en Intibucá.
Rio Blanco, Intibucá
El 15 de julio de 2013, militares abrieron fuego contra una movilización pacífica que se dirigía hacia las instalaciones donde estaba la maquinaria de la empresa, asesinando al dirigente indígena lenca Tomás García e hiriendo de gravedad a su hijo Allan García.
El 5 de marzo de 2014, María Santos Domínguez, coordinadora del Consejo Indígena de Río Blanco, fue atacada salvajemente por cinco individuos armados con machetes y garrotes, sufriendo lesiones y amputaciones. Su hijo de 12 años y su esposo quedaron gravemente heridos.
“Ya había recibido constantes amenazas, pero ese día cuando regresaba de hacer la merienda de la escuela, en la zona donde mi hermano Tomás García, fue asesinado por los militares, fui atacada salvajemente por varios hombres dejándome heridas profundas de machete y siendo golpeada con palos y piedras. Mi esposo Roque y mi hijo fueron los que impidieron que me mataran, sin embargo uno de los individuos macheteó a mi niño desprendiéndole la oreja derecha y parte de su rostro y luego otros dos atacaron a mi compañero de hogar dejándolo con varias heridas de gravedad”, relató María Santos.
Actualmente, veinte dirigentes de las comunidades lencas de Río Blanco Intibucá, han recibido constantes amenazas de muerte por la lucha constante que han tenido contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Según Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena Lenca de dicho sector, el pasado 25 de mayo del 2014, fue asesinado William Jacobo Rodríguez, defensor del Río Gualcarque, en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y ejecutado por la compañía contratista china Sinohydro en el territorio lenca de Río Blanco.
“Sólo estamos defendiendo nuestros ríos, bosques y nuestra comunidad, creemos que estas amenazas vienen por parte de esa empresa, ya han amenazado a varios compañeros, sólo porque somos líderes que luchamos en contra de esos proyectos”, expresó el dirigente.
Las denuncias ya está en conocimiento de las autoridades correspondientes pero no han capturado a los responsables de ninguno de estos hechos. “Aun cuando están identificados las personas que cometieron estos delitos, la policía no hace nada, estas personas trabajan para DESA”, dijo María Santos.
De acuerdo al dirigente indígena lo que está ocurriendo en territorio lenca es la profundización de violencia contra las personas que luchan en la defensa de los territorios y los recursos naturales.
En todos estos casos de represión y asesinatos ante los indígenas continúan en la impunidad, la fiscalía de Etnias no se pronuncia ni tampoco muestra signos por defender a este sector de la población que continúa siendo aislado por el gobierno de Honduras.
Es imposible no preguntarse, si por el hecho de que estos asesinatos hayan sido a indígenas; un sector marginado del país, el Ministerio Publico de Intibucá, Yoro y el resto del país, no muestra interés en el esclarecimiento de estos crímenes, a pesar que existen convenios internacionales que brindan protección a este sector.
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