Rebelión
Por Enric Llopis
Lleva más de 15 años trabajando en casos relacionados con los Derechos Humanos y el principio de Justicia Universal. El genocidio de Ríos Montt en Guatemala, el asesinato de jesuitas en El Salvador en 1989, la muerte del cantautor chileno Víctor Jara… Almudena Bernabeu ha actuado como abogada en numerosas causas por la dignidad de las víctimas. En la organización de derechos humanos estadounidense Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) dirige el Programa Jurídico de Latinoamérica y el programa de Justicia Transicional. Interpone, en Estados Unidos, demandas civiles contra violadores de los derechos humanos en nombre de sus víctimas y familiares. Destaca la abogada valenciana que en América Latina se lideran los procesos para enjuiciar crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante las dictaduras: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay… Algo que no ha podido hacerse en el estado español.
- El gobierno español ha aprobado la Ley Orgánica 1/2014 por la que se reforma y limita la Justicia Universal. ¿A qué razones de fondo obedece el cambio legislativo?
Ya hubo una reforma en 2009, pactada por el PSOE y el PP, que limitaba sustancialmente la Justicia Universal. Antes, desde 2008, ya se percibe un malestar en los diferentes gobiernos por ciertos asuntos relacionados con la Justicia Universal. Sobre todo, la causa del genocidio en el Tíbet contra líderes del Partido Comunista y del gobierno chino, y los casos contra militares estadounidenses (el caso Couso, los famosos vuelos de la CIA, el llamado “caso Bush”, que finalmente se archivó…). ¿Qué ha ocurrido en 2014? Después que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional remitiera las órdenes de arresto a dos dirigentes chinos, hubo una reunión con una misión diplomática de este país en la que se planteó la disyuntiva: ¿Queréis mantener o no relaciones económicas con China? Entonces, bajo amenaza, se decidió cambiar la legislación. Pero más allá del contenido -eliminar la Justicia Universal-, se trata de una reforma “irregular” pues ninguna Ley Orgánica pasa por una tramitación tan rápida. En mi opinión, además, es claramente inconstitucional (por ejemplo, atenta contra la independencia Judicial).
- ¿En qué consiste, cuál es el contenido, la esencia de la reforma legislativa impulsada por Gallardón?
Se modifica el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, por la que se crean nuevos supuestos para que los tribunales españoles –en concreto, la Audiencia Nacional- puedan perseguir crímenes de lesa humanidad, por genocidio o torturas (los crímenes internacionales más graves). Se exigen una serie de nuevos requisitos que tienen que ver con la presencia física del imputado o la nacionalidad de las víctimas, con el exclusivo fin de hacer prácticamente imposible la aplicación de la Justicia Universal. Muchas de los procedimientos hoy abiertos sobreviven, pero han hecho casi imposible la apertura de nuevas causas.
- ¿Confías en la resistencia que puedan ejercer algunos jueces de la Audiencia Nacional?
Cinco de los seis jueces de la Audiencia Nacional están resistiendo a la aplicación de la disposición transitoria de la ley, en la que se dice que todas las causas deben ser archivadas provisionalmente y remitidas a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; con la idea de que el pleno de la sala decida si deben o no continuar. Ahí está, a mi juicio, el insulto más grave a los jueces a partir de la nueva legislación. Tenemos a jueces que iniciaron una causa hace unos años conforme a la ley, y ahora se les dice que la archiven para que otro juez de una instancia más elevada decida si las actuaciones son correctas o no. Pero pienso que los jueces no van a pasar por el aro. ¿Cuál es el modo de resistencia? Santiago Pedraz y otros jueces de la Audiencia Nacional han considerado la muerte de Couso “crimen de guerra” y los perpetrados en Guatemala, “terrorismo de estado”. Han buscado esta línea de actuación tras analizar detenidamente la nueva ley, que deja fuera los dos supuestos citados: los “crímenes de guerra” (regulados por las Convenciones de Ginebra) y el “terrorismo de estado”. Por el contrario la Fiscalía, dirigida por Javier Zaragoza, está recurriendo todas las decisiones de los jueces. Pero hay algo muy importante: los jueces se están agrupando contra una reforma que atenta contra su independencia.
- ¿A qué casos concretos se les cierra la vía de la Justicia Universal con la reforma legislativa?
El caso del Tíbet es el que más se va a resentir, ya que se trata de un caso de genocidio pero sin la consideración de “terrorismo”. Además, lo ha archivado el juez Ismael Moreno, el único que actúa de acuerdo con la nueva legislación. Ahora bien, se mantienen las posibilidades de continuar con el procedimiento en los casos de Guatemala (por los crímenes en la época de Ríos Montt) y los jesuitas asesinados en El Salvador (ambos casos tienen, entre otras calificaciones jurídicas, la de “terrorismo de estado”). En el caso Couso, al tratarse de un “crimen de guerra”, ocurre lo mismo. De hecho, es muy interesante que esta semana el pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya resuelto a favor del juez Santiago Pedraz, al considerar que el caso Couso responde a “crímenes de guerra”. Esto permite al juez continuar con el procedimiento. Todos los casos citados se encuentran en fase de instrucción.
- También participas en la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, como vicepresidenta de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, una de las muchas asociaciones que luchan contra la impunidad.
La jueza Servini ha asumido la causa por la guerra civil en España con muchísima energía. Está realizando un gran trabajo. Actualmente, tomando declaración a las víctimas con comisión rogatoria. Servini ha solicitado asimismo la extradición de tres imputados, y España (por mis noticias) no ha negado formalmente la extradición. Pero la va a negar. En consecuencia, el estado español se verá en la tesitura de extraditar o juzgar. No querrán hacer ninguna de las dos cosas, pero si hacemos bien nuestro trabajo la presión será muy fuerte. Ten en cuenta que fue la presión hecha desde España la que hizo que en Chile se imputara a Pinochet. Al final, lo digo siempre, se trata de soluciones legales a problemas políticos.
- Por tu experiencia profesional, ¿qué interpretación hace Estados Unidos de las relaciones internacionales y la Justicia Universal?
Lo de Estados Unidos es muy doloroso, además de un disparate. En cierto modo es consecuencia de ser el Imperio. No consideran de ningún modo la responsabilidad penal por hechos cometidos fuera de Estados Unidos. No condenan, no juzgan, no cierran Guantánamo. La gente en este país está profundamente mal educada respecto a la política exterior. Son muy belicistas. Entienden las relaciones internacionales en función de la “guerra” y los grandes presupuestos de defensa frente al enemigo; y además con unas relaciones diplomáticas muy torpes, porque siempre han sido invasores y guerreros. No están acostumbrados a sentarse en una mesa de negociación.
- Has llevado tres casos de violación de los derechos humanos en El Salvador, entre otros el asesinato de Monseñor Romero (1980)
Además, el caso del asesinato de los jesuitas en 1989. Y el caso de Nicolás Carranza, por varios crímenes cometidos entre 1980 y 1985. En el caso de Monseñor Romero, se dio la circunstancia de que uno de los responsables, el capitán Sarabia, estaba residiendo en Estados Unidos. Lo que además permite observar los vínculos entre Estados Unidos y El Salvador durante el conflicto armado y después. Los norteamericanos pusieron mucho dinero y apoyaron a las fuerzas armadas salvadoreñas. Fueron cómplices de la represión y el dolor. Al terminar la guerra, muchos de estos tipos salieron a refugiarse a Estados Unidos. Y por eso pudimos llevar varios casos. De hecho, a uno de los asesinos de los jesuitas lo encontramos en Massachusetts. Ha habido condenas en los tres casos por demandas civiles. Se trata de sentencias importantes que han sentado precedentes, pero siguen libres en Estados Unidos. Algunos están siendo procesados por el gobierno norteamericano para ser deportados, en concreto, dos generales. Aunque por otra razón, por fraude migratorio.
- En mayo de 2013 Ríos Montt fue condenado por un delito de genocidio. En total, 50 años de prisión por el asesinato de 1.771 indígenas mayas ixiles. ¿Hubo presión sobre los abogados?
Trabajamos mucho con guatemaltecos y en la Audiencia Nacional para llevar pruebas. Porque queríamos que el juicio se celebrara en Guatemala. De hecho, en 2012 nadie podía creer que el juicio tendría lugar un año después. Además, recibimos todas las presiones del mundo. Los militares se asustaron mucho. Incluso apareció una nueva asociación, “Héroes contra el terrorismo”. Todos éramos “terroristas”. Recuerdo que sacaron un vídeo titulado “Los rostros de la infamia” contra víctimas, familiares, abogados y defensores de derechos humanos. Debido a las presiones y amenazas contra los tres magistrados, el juicio empezó ocho meses antes de lo previsto. Ahora bien, la sociedad guatemalteca estaba profundamente dividida, lo que puede parecer surrealista.
- ¿En qué sentido?
Es algo complejo. Se pasó de negar la violencia a reconocer que algo ocurrió y, finalmente, aceptar que el estado había cometido crímenes contra la población indígena. Pero se negaban en todo caso a hablar de “genocidio”. Y es por el racismo que existe en Guatemala. La sentencia contra Ríos Montt fue en ese sentido una gran conquista, al demostrar que a las víctimas se les mató de la manera como se hizo, como a conejos, por el hecho de ser indígenas. A los blancos, mestizos o ladinos no se les mató igual. Además, se podía hablar durante el juicio de crímenes de lesa humanidad, pero no de genocidio ni de racismo. Esto es muy significativo. De hecho, las élites y las oligarquías de toda la vida, además de los militares, se unieron en torno a la negativa de genocidio. Por otra parte, una semana después de la sentencia condenatoria (con fecha 10 de mayo de 2013), la Corte Constitucional resolvió suspender su aplicación. Todavía no ha decidido si la sentencia se suspenderá definitivamente o no. Pero hay otra cosa importante. Hace unas semanas, el Congreso de Guatemala ha aprobado un Decreto-Ley por el que se niega que existiera un genocidio.
- Otro caso, el de Víctor Jara.
Interpusimos una demanda civil, con la colaboración de los fiscales chilenos y la familia, contra la persona identificada como el asesino de Víctor Jara; el 25 de febrero de 2015 empieza el juicio en Miami (el lugar de residencia del supuesto criminal) por daños y perjuicios. No sabemos si aparecerá o no el imputado, pero es posible juzgarlo en ausencia, presentar todas las pruebas y condenarlo. Al juicio asistirán la viuda e hijas del cantautor.
- ¿En qué otros casos trabajas actualmente?
En una investigación en Ecuador. Además, respecto a Colombia, hemos interpuesto una demanda civil en Estados Unidos contra un líder paramilitar y narcotraficante que se halla en prisión, Carlos Jiménez Naranjo (“Macaco”). Uribe se quitó de encima a todos estos personajes (a quienes había dado una gran cuota de poder) y los extraditó a Estados Unidos, con el fin de no tener que lidiar con ellos. El caso es interesante en el marco de los diálogos de La Habana. La CJA también está mirando asuntos relacionados con los derechos humanos en Somalia o Haití, en este caso, víctimas de Duvalier.
- Por último, como responsable del Programa Jurídico para América Latina de la CJA, ¿has observado algún avance en la región?
En Ecuador, sobre todo, ya que se creó una “comisión de la verdad” por mandato presidencial de Rafael Correa. Hoy existe la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, que intenta llevar algunas causas. Además, las víctimas están en Ecuador muy organizadas y tienen mucha presencia. Pero quisiera destacarte algo. América Latina está liderando la protección y la defensa de los derechos humanos desde dos puntos de vista: la creación de Planes Nacionales de Derechos Humanos (políticas gubernativas, creación o modificación de leyes, etcétera); y los enjuiciamientos por crímenes cometidos durante los periodos de dictadura y represión (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, entre otros). Lo mismo ocurre en Centroamérica, como lo demuestran Guatemala y El Salvador, donde hay causas abiertas y tribunales que se dedican a estas cuestiones. América Latina está 10 ó 15 años por delante de África, que mira muy de cerca lo que ocurre en Latinoamérica.
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