Nos han cambiado la vida, tenemos que ir a terapia sicológica, hemos cerrado el negocio y mi esposo tiene casa por cárcel, acusado de atentar contra unos policías, que de repente nos atacaron con armas y maltratos verbales, la noche del pasado 27 de febrero.
Es parte del relato, que con lágrimas en los ojos por el trauma causado, una mujer (que por seguridad omitimos su nombre) compartió en el área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos en Honduras, COFADEH, que un grupo de policías y militares los atacaron sin dar explicación, causando heridas de bala y golpes a ella, su esposo y un hijo, mientras abrían su negocio, donde dormían porque días antes se habían metido dos ladrones y les llevaron varios artículos.
Ella nos comenta en su testimonio, que, aunque ha pasado varios meses, el temor e inseguridad después del ataque policial, no se supera, casi no duerme, su hijo quedó lastimado por los múltiples golpes en su cabeza, y su esposo está postrado en una cama, porque le dañaron varias costillas y el cuello después de dispararle, y lo anduvieron en la parte trasera de una patrulla por varias horas, en lugar de llevarlo al hospital.
Recuerda que era como las nueve y media de la noche, cuando junto a su esposo e hijo, estaban llegando al negocio que tenían, iban a estacionar el automóvil y ella se disponía a abrir el local, ya que hacía un mes se quedaban por la noche, ante el temor de un nuevo asalto.
En ese momento pasó una motorizada sin luces ni sirena, a bordo dos personas que no identifiqué. A los cinco minutos volvieron, un elemento de la policía preventiva con un fusil en la mano, preguntó ¿qué estábamos haciendo ahí? Le respondí que ese era nuestro negocio y que ahí dormiríamos.
Mi hijo aun en el vehículo, identificó a un policía de apellido “Izaguirre”, y éste reaccionó con mucha molestia, lo insultó y acusó de estar ebrio. Le dije que aplicara a la prueba de alcoholemia, y le mostré que teníamos las llaves, que no estábamos forzando los candados. Aparentemente todo estaba aclarado y se fueron del negocio, les di las gracias por el patrullaje y por estar pendientes.
Entré al negocio, pasados unos minutos escuché una discusión, identifiqué la voz de mi esposo que me pedía que le abriera la puerta, y me llené de sorpresa y terror al ver la gran cantidad de policías atacándolo junto a mi hijo.
Había unos cuatro carros patrullas, cinco motorizadas, y unos 12 elementos atacándolos, sin oportunidad de defenderse, yo les decía que los dejarán de golpear, porque no somos delincuentes, pero a mí también me agredían verbalmente, relató la señora.
Quiero manifestar que en ningún momento la policía asignada a la posta de la cuarta estación del barrio Belén, nos dijo porque nos atacaban, tampoco nos mostraron una orden de cateo, aun así les dejamos que revisaran el carro, donde mi hijo permanecía golpeado y no salía por temor.
Fui a buscar un teléfono para que mi esposo pidiera auxilio a alguien, pero la situación ya lo tenía perturbado, el quedó dentro del negocio, y yo entré al auto quería proteger a mi hijo, para que ya no golpearan, pero mis súplicas no fueron oídas.
El enfrentamiento desigual continuó, a punto que los policías hicieron disparos, uno me rozó el pie izquierdo, y lanzaban bombas lacrimógenas que afectaron a mi esposo que padece de asma y estaba encerrado en el local.
Mi esposo en su desesperación, hizo un disparo con el arma que tenemos debidamente registrada, pero la respuesta fue intensificar el ataque de los uniformados, quienes pidieron refuerzos y ya había unas 15 patrullas y 15 motorizadas y más de 30 elementos, frente y dentro del negocio, disparándonos.
Mi hijo que andaba un arma y el permiso de portación, le fue arrebatado por un policía, quien se la sacó de la cintura, pese a que en ningún momento intentó utilizarla, ellos comenzaron a disparar directamente al portón del negocio, con ideas de matarnos.
En este momento me sentí lastimada, mientras mi esposo estaba dentro del negocio, también herido en el cuello, y mi hijo muy golpeado y esposado como delincuente, lo tiraron a la parte trasera de patrulla y lo agredían con las armas. Me subí a la patrulla a auxiliarlo, y los policías me decían que a mí también me iban a hacer daño. Le dije a la única mujer policía que ya pararan todo eso, y me contestó que me hiciera aun lado que pronto llamarían a una ambulancia para que me atendiera.
“Llegó un oficial de apellido Galo, era el jefe de todos ellos y me decía -usted señora vaya dígale a ese ´viejo tal por cual´ que se entregue porque si no sólo muerto lo vamos a sacar de ahí, aliste el cajón mejor”.
Mi esposo estaba herido, mi hijo muy golpeado, a mi enviaron en una ambulancia al hospital, ya era como las 11 de noche, logré avisarle a una hija, porque nadie sabía lo que sucedía.
Hasta cuatro horas después, supe que llegó mi esposo a la sala de emergencia del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, mientras tanto los policías lo anduvieron en una patrulla por diferentes partes, y decían que dejara que se desangrara, y a mi hijo lo torturaban sicológicamente en la Cuarta estación de Policía, de Belén, Comayagüela, donde estaba a cargo del turno un oficial de apellido Castillo, y lo obligaron, con un arma en la cabeza, a que firmara varios papeles, entre ellos una orden de cateo, que jamás presentaron.
A mi esposo decidieron llevarlo al hospital, porque mi hija se fue para el negocio, y como a las tres de la mañana, la patrulla pasó por ahí, él les gritó, y con mi yerno siguieron a los policías. Pese a que él les suplicara que lo llevaran al médico, pero más lo golpeaban y amenazaban a muerte.
Yo estaba angustiada en el hospital, pensé que ya lo habían matado por qué no llegaba a emergencia ni a la morgue, cuando lo vi me alegre. Y los policías ordenaron a los guardias de seguridad del hospital, que no dejaran entrar a mi hija, pero ella se metió.
Desde ese momento, mi esposo quedó custodiado por dos policías, y mi hijo seguía siendo torturado en la posta, el pidió un abogado o una llamada, cuando lo obligaban a firmar unos papeles, pero le decían “aquí no tenés derecho a nada, firmá y punto, si no aquí te reventamos (matamos).
La denuncia sobre estos hechos, fueron interpuestos en la Fiscalía de Delitos Contra La Vida, del Ministerio Público. Mi esposo está acusado de tentativa de homicidio, actualmente está con arresto domiciliario, estamos demostrando que los cargos presentados contra nosotros se están desvirtuando nos entregaron las armas y el vehículo que se lo habían llevado.
Mi esposo a raíz de la golpiza está muy adolorido no puede asistir al médico tiene lesionado las costillas y el cuello por la parte de atrás.
En la actualidad tenemos el negocio cerrado por temor a represalías, ya que hay una posta policial a pocos metros.
Y hemos decidido hacer esta denuncia pública porque las autoridades que deben darnos seguridad más bien nos atacan. No queremos que otras personas honradas y trabajadoras pasen por lo mismo, pues es un sufrimiento que sigue afectando nuestra vida.
Los policías nos atacan con los mismos fondos y armas que compran de la cuota de la tasa de seguridad que nosotros damos, y no es posible que ni podamos interponer una denuncia en una posta policial, porque de allí mismo son ellos, y debemos acudir a otras instancias para que nos den acompañamiento, declaró la señora.
Según un reciente informe sobre situación de defensores de derechos humanos en Honduras, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Poder Judicial carecen de legitimidad frente a la ciudadanía, generando anomia en la sociedad al no aplicar la Ley por igual, no combatir la inseguridad y tolerar un nivel elevado de impunidad.
Asimismo que hay un gasto inoficioso en cuanto a la relación de Costo Resultado, de acuerdo a los presupuestos aprobados por el Congreso Nacional para el año 2013, para las tres instituciones estatales que hacen la labor de operadores de justicia.
Éstas recibieron un total de 7, 786.8 millones de lempiras, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, a esta se le asignó 4,370 millones de lempiras del Presupuesto General, más 523.8 millones de la Tasa de Seguridad, lo que se convierte en un gasto inoficioso, según el informe “Impunidad e indefensión, un vistazo a la realidad de las y los defensores en Honduras”.
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