Por Javier Suazo
Uno de los legados de las políticas económicas y sectoriales neoliberales aplicadas en Latinoamérica es el debilitamiento y cierre de Ministerios y Oficinas de Planificación, como responsables de elaborar, dar seguimiento y evaluar los planes de desarrollo (nacional, regional, sectorial, municipal y local) y la asignación de recursos de inversión con base a criterios técnicos. También, de la gestión de las políticas publicas de mediano y largo plazo y la coordinación y compatibilización de los programas y proyectos sectoriales en conjunto con los Ministerios de Finanzas.
En el lenguaje de los neoliberales, la planificación es una intervención deliberada del Estado en la economía, que implica el debilitamiento de los mecanismos de mercado- guía- en la asignación óptima de recursos. Estas intervenciones, según este credo
, no logran cumplir los objetivos y metas de los planes, ya que por un lado son elaborados por un grupo de burócratas que no conocen como operan dichos mecanismos, y por el otro, sin la participación de actores que generan riqueza, llámese productores, empresarios, bancos, transnacionales. En tales términos, un proceso de planificación benigno con el mercado es aquél que acompaña al sector privado como agente principal del desarrollo, estableciendo las reglas del juego, protegiendo la soberanía nacional, garantizando la seguridad publica de los bienes y las personas y proveyendo aquellos bienes y servicios ¿públicos? que el mercado no puede proveer.
En Honduras este debilitamiento se traduce, entre otras cosas, en una falta de información pública para tomar decisiones, incluso por aquellos agentes económicos que, en teoría, son afectados por la vigencia de un sistema de planificación centralizado y burocrático, caso particular de los empresarios y productores rurales. Por ejemplo, no existe información acerca de las áreas de siembra de granos básicos, producción, rendimientos obtenidos, productividad del trabajo, consumo de alimentos, ingresos obtenidos, derechos de propiedad de la tierra por regiones y municipios, etc. Las encuestas agrícolas se han descontinuado y cuando se realizan, gran parte de las cifras son infladas en términos de producción obtenida. Igual es evidente la falta de información oportuna sobre indicadores sociales básicos por regiones sanitarias, aseguramiento social y empleo no remunerado en la finca y hogar, trabajo infantil; etc.
En materia económica el problema es de mayor magnitud, ya que el “blanqueo” o maquillaje se atribuye a las instituciones que generan las cifras primarias, en este caso el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaria de Finanzas. El déficit en balanza comercial supera los 3,650 millones de dólares después del CAFTA-RD, pero el gobierno aduce que es menor y le atribuye el desequilibrio al aumento del precio de los combustibles, uno de los alimentadores del déficit, pero no considera la creciente entrada de productos alimenticios al país y la caída en la producción agrícola y el bajo ritmo de crecimiento de las exportaciones; es más, los registros sobre costos de insumos y materias primas importadas muestran un fuerte grado de sobrevalorización de precios.
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) va más allá. Ha denunciado que el BCH oculta información sobre montos en la recaudación de impuestos, deuda publica total y porcentajes de participación de dicha deuda dentro del PIB. Para FOSDEH la deuda publica total/PIB es de 68%, contrario al gobierno que la fija en 43%/PIB, incluso por debajo de las cifras manejadas por el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) de más de 52%/PIB.
Es poco probable que el BCH esconda las cifras macroeconómicas al FMI, al menos que sea de común acuerdo para no generar incertidumbre en los agentes económicos y población, pero las diferencias con el CMCA y la CEPAL no explican el porqué del “blanqueo”. A lo mejor exista un interés de tipo político de no hacer más visible el desastre del gobierno anterior en materia económica, incluso de proteger al gobierno actual en este primer año mientras se firma con el FMI y las inversiones propuestas se concretizan, en especial los proyectos de COALIANZA donde también la información se oculta. Por el lado del gobierno, se especula que lo que busca el FOSDEH es tener acceso directo a las cifras de Banco Central y justificar un plan de rescate financiero con las agencias y organismos financieros por cuanto Honduras camina a ser declarado un estado fallido.
Hay que fortalecer el proceso de planificación institucional con la participación de actores de sociedad civil y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la generación de estadísticas para la planificación, el desarrollo y la toma de decisiones; Costa Rica, Chile y Ecuador así lo demuestran. El BCH y la Secretaria de Finanzas deben ser más transparentes en la generación y presentación de las cifras macroeconómicas sobre la situación del país, que permita facilitar la toma de decisiones con base a información creíble.
Ello es más que urgente ya que también en materia de violaciones de los derechos humanos y asesinatos, se evidencia un “blanqueo” de cifras sobre el número de muertes por cada 100,000 habitantes. Aquí lo que sucede es que las cifras del Ministerio de Seguridad no cuadran con las del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que tiene un prestigio ganado a nivel internacional. Lo último es que según el gobierno los homicidios han disminuido y cerraran con 61.8 muertes por cada 100,000 habitantes en 2014 Vrs. 75.1 en 2013, pero no contabiliza las matanzas en grupo de jóvenes y niños.
Tegucigalpa, 2 Junio de 2014.
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