Radio Progreso
Un nuevo acto que atenta contra la dignidad humana ha sido consumado por parte de los supuestos representantes del pueblo hondureño.
La semana anterior, más de dos tercios de los diputados y diputadas ratificaron dos reformas a la Constitución que ponen en precario la integridad de las personas y el principio de presunción de inocencia.
La primera reforma es la del artículo 71 constitucional que permitirá a la Policía detener a los sospechosos de algunos delitos hasta por un tiempo de 48 horas, borrando de un plumazo la garantía de 24 horas de detención que había estado vigente durante 30 años.
A los diputados y diputadas no les importó que varios instrumentos internacionales ratificados por el Estado le obliguen a presentar sin demora ante un juez a las personas detenidas y juzgarlas dentro de un plazo razonable o ponerlas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
La segunda reforma es la del artículo 92 que permitirá que ante un simple informe de la Policía que contenga la declaración del detenido, un juez pueda procesar a una persona. Con estas reformas, es terrible imaginar permanecer tanto tiempo en manos de la Policía, en condiciones infrahumanas de detención y bajo la custodia de una institución involucrada en graves violaciones a derechos humanos y en espeluznantes crímenes contra la ciudadanía.
Si tomamos en cuenta que el Sub-Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su reciente visita al país constató que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes es una práctica constante en las postas policiales, no es ficción creer que con estas dos reformas se facilita la utilización de la tortura, la intimidación, las amenazas o los tratos crueles para obligar a una persona a declarar que ha cometido un supuesto delito.
Pese a que la Constitución de la República en su artículo 64 prohíbe la aplicación de este tipo de reformas que disminuyan, restrinjan y tergiversan el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías constitucionales, el Congreso Nacional aprobó estas reformas a petición de los propios operadores de justicia que consideran que la disminución de derechos les ayudará a combatir el crimen.
Estas reformas nos ratifican que ni el Congreso ni los operadores de justicia están allí para defender los derechos humanos de las grandes mayorías ni para respetar la voluntad del poder soberano que en teoría reside en el pueblo, sino que responden a órdenes que vienen de los poderes económicos, políticos, religiosos y militares nacionales y extranjeros que no quieren ciudadanos y ciudadanas, si no simplemente siervos.
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