Por Edmundo Orellana
Una vez más el Congreso Nacional demuestra su desprecio por la Constitución y por la soberanía del país. Ahora resulta que los extranjeros no solamente manejarán las REDES o ciudades modelo, sino también nuestro sistema de seguridad, porque integrarán la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública.
La depuración policial es un tema en el que, con excepción de los uniformados que delinquen, todos estamos de acuerdo; también coincidimos en la revisión de la conducta personal y profesional de los fiscales y de los jueces. Y con esa finalidad, acordamos la creación de estructuras administrativas y de asignación de recursos, con la confianza de que no se convertirán en un problema burocrático más.
En este contexto, la Comisión de la Reforma de la Seguridad Pública no solo era necesaria sino urgente. Sin embargo, los temas de Estado no pueden abordarse a la ligera ni con exabruptos. Su creación debe ser el producto de un cuidadoso estudio sobre su inserción en el ordenamiento jurídico nacional. Análisis que eludió el Congreso Nacional.
El error más grande resultó ser el más grosero de todos cuantos pudo incurrir. Conferir la calidad de funcionario público a un extranjero, sin considerar que el derecho a ocupar cargos públicos corresponde solamente al hondureño que goza de los derechos políticos (esto es, de quien ostenta la calidad de ciudadano), es atentar contra lo más sagrado; la esencia misma del Estado hondureño.
Somos los hondureños los que hacemos el Estado hondureño. Porque al Estado pertenecen los nacionales, no los habitantes, entre los que se encuentran los extranjeros. Solo los hondureños integramos, por consiguiente, el pueblo, como elemento del Estado. Los extranjeros no forman parte del pueblo, pero sí de la población.
Un extranjero no tiene derechos políticos en Honduras, como no lo tiene en ningún país. Un hondureño no puede ocupar cargos públicos en Canadá ni en Chile, porque este derecho está reservado a los nacionales de estos países.
Pretender que un extranjero venga a Honduras a prestar el juramento que manda la Constitución de la República como requisito para tomar posesión de un cargo público y ejercer funciones públicas, sin previamente naturalizarse como hondureño, es una aberración cuyo tamaño solo compite con la ignorancia de quien todavía le tiene miedo al “cadejo”.
Se corre el riesgo de que esta pequeñez -que cualquier estudiante de Derecho hubiera advertido inmediatamente de haber estado en la Cámara el día que esa ley se aprobó- eche a perder un esfuerzo que todos los hondureños deseamos que termine exitosamente. ¿O será ese el propósito? ¡Piensa mal y acertarás aconseja la sabiduría popular!
Que en caso de una acción de inconstitucionalidad, esta se decretará, no hay duda alguna. Esperemos que los alcances de la misma no afecten más que la parte que contiene el desaguisado, dejando intacto el resto de la ley.
Nuevamente escucharemos el estribillo amenazando a la Corte Suprema de Justicia.
Si es una torpeza se vendrá abajo el proyecto; si es táctica, será, además, la excusa para hacer realidad el sueño del gobierno: cumplir con su amenaza contra la Corte Suprema. En todo caso, frustrará el sueño de los hondureños de sanear el sistema de justicia y, a su vez, quedaremos muy mal con los gobiernos amigos que colaborarán con sus nacionales en este esfuerzo de país, los que injustamente se verán en medio de un conflicto de inconstitucionalidad.
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