Por Annalisa Melandri
La militarización del Bajo Aguán se ha visibilizado en toda su agresividad ante los ojos de los participantes al Encuentro Internacional de los Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras el 19 de febrero, último día del evento.
Después de la lectura del documento con las resoluciones finales, una caravana de cinco vehículos se estaba dirigiendo en visita solidaria al asentamiento campesino de Rigores, que recientemente ha sido desalojado con brutalidad y los miembros de esa comunidad amenazados y reprimidos con violencia [*].
Alrededor de las tres de la tarde, todos los vehículos de la caravana solidaria han sido detenidos y sus participantes, obligados a bajarse de los mismos por miembros del ejército, fuertemente armados con fusiles de asalto M16, que operan en el marco de la Operación Xatruch II instalada desde el agosto pasado en el Bajo Aguán.
La caravana estaba conformada aproximadamente por treinta entre periodistas de diferentes medios internacionales e independientes, observadores internacionales y defensores de derechos humanos y entre ellos se encontraba quien escribe, en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana y de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Todos llevábamos nuestro carnet de identificación, cámaras y videocámaras. El periodista italiano Giorgio Trucchi (Rel-UITA) y otros fotógrafos y activistas internacionales que estaban tomando fotos han sido amenazados con el secuestro de sus cámaras y videos. Los militares, muy nerviosos y con aire arrogante han revisado los documentos a algunos de nosotros pero en forma particular han concentrado su atención hacia el señor Gerardo Argueta, dirigente del asentamiento de Marañones que iba en su vehículo. Es importante precisar que Gerardo en las semanas pasada ha sufrido graves amenazas y su vida se encuentra en peligro. Él nunca sale de su comunidad, lo hizo en estos días en ocasión del encuentro internacional y viajando siempre acompañado por activistas internacionales y defensores de derechos humanos como en esta ocasión.
Entre los militares nos ha llamado la atención la presencia de uno de ellos que no llevaba ninguna identificación en su uniforme (hasta diferente a la de los demás) y que evitaba las fotografías y los videos (más bien parece estar fotografiando los presentes con un celular). Hablaba con acento al parecer no hondureño. Aunque en esta ocasión no hay mayores evidencias que se trate de eso, es cierto y denunciado en diferentes ocasiones la presencia de extranjeros, sobre todo colombianos, entre los militares de la Operación Xatruch II y los guardias de seguridad del latifundista Miguel Facussé.
Después de unos treinta minutos bajo un sol caliente y algunos momentos de nerviosismo, nos han dejado seguir hacia la comunidad.
De tal manera los participantes al Encuentro Internacional de los Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras hemos podido ser testigos de la difícil situación que viven las comunidades organizadas de campesinos en lucha del Bajo Aguán. Toda la región es fuertemente militarizada con retenes en las cercanías de los asentamientos y hasta con cuarteles en los mismos, como en la comunidad de Guadalupe Carney donde está situado frente a una escuela.
Se invita la prensa internacional y los medios independientes a no bajar el nivel de atención respecto al conflicto del Bajo Aguán, cuando estos encuentros internacionales terminan y las delegaciones regresan a sus países, este es el momento generalmente en que recrudece la represión y los hostigamientos y las personas que se quedan arriesgan más. Se manifiesta además la necesidad y urgencia que los organismos de defensa de los derechos humanos impulsen una seria denuncia y un estudio respecto a las nefastas consecuencias psicológicas y sociales sobre las comunidades y sus miembros más vulnerables como pueden ser los niños, de una vida conducida constantemente bajo la presión militar, el miedo, la vista de las armas y las pesadillas de un futuro ignoto.
[*] Recordamos que en junio del año pasado un operativo de alrededor 200 entre militares y policías quemaron sus viviendas y la escuela destruyéndolas totalmente. Tres meses después trece miembros de la comunidad fueron detenidos y luego liberados gracias a las gestiones de los organismos de defensa de los derechos humanos, mientras en esa misma ocasión un joven de 17 años fue rociado con gasolina y amenazado de ser quemado por policías y soldados que pretendían mayores informaciones respecto a los dirigentes de la comunidad.
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