El enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo frente al Judicial da la tónica del desbarajuste institucional que hoy por hoy impera en nuestro país, con el consecuente impacto en la gobernabilidad.
No es la primera vez que se da una situación así, pero con características diferentes porque las causas fueron por competencia o discrepancia política, mientras que la actual reside se refiere a violaciones de orden constitucional.
Asimismo, en los enfrentamientos entre los poderes en el Estado anteriores, no intervenía la amenaza a la estructura institucional, cosa que ahora es evidente e incluso manifiesta. El Legislativo esgrime el propósito de someter a control la Corte Suprema de Justicia, no como un avance en la balanza del poder sino como represalia.
Lo peculiar —y hasta asombroso— de este caso es que el Ejecutivo y el Legislativo, en vez de actuar discretamente ante el servicio que les hace el Poder Judicial al rectificarles sus yerros, se meten, con iracundia, a defender lo indefendible.
Lo peor de esto es que, por una parte, el zipizape aumenta el descrédito del gobierno ante propios y extraños, y, por la otra, le lava la cara a una Corte Suprema de Justicia desacreditada por su protagonismo en el golpe de Estado 28-J y por su imagen de corrupción.
Al verlo de esa manera, a la prepotencia se suma la ironía con su efecto desquiciante, demoledor. Sucede así porque el Ejecutivo y el Legislativo parecen ignorar la trascendencia del desconocimiento de los principios constitucionales, que son la razón de su existencia y la base de su legitimidad.
En lo que se refiere al cuestionamiento y enojo por la derogación de la Ley Marco de la Iglesia Evangélica Nacional, a todas luces inconstitucional, el Ejecutivo ha tomado el asunto desde su profesión religiosa, y no como jefe de un Estado laico. Ignora que el estado laico no tiene, ni debe tener, religión. Que es neutro en materia religiosa para estar en condiciones de garantizar la libertad de religión y de cultos.
En el caso de la Ley del Estatuto Constitutivo de las Regiones Especiales de Desarrollo, también meridianamente inconstitucional, el Ejecutivo y el presidente del Legislativo reaccionan airados, en ánimo de desacato a la decisión suprema del Poder Judicial, porque ignoran que el ejercicio de la soberanía y jurisdicción del Estado sobre el territorio nacional es inalienable e imprescriptible.
La Ley del Estatuto Constitutivo de las RED o “Ciudades Modelo” vulnera la soberanía nacional y cambia la forma de gobierno, lo cual, de acuerdo con la Constitución de la República, constituyen delitos de traición a la patria, por cierto imprescriptibles.
Así las cosas, como diría el pragmático, convendría pasar la página y “mejor no meneallo”.
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