El período de Porfirio Lobo tiene una característica peculiar, lamentable para los intereses nacionales. En dos años ha emitido 20 decretos de emergencia, incluyendo el área de seguridad y defensa.
Esa manera de dirigir el país con declaratorias de emergencia confirma varias realidades.
Confirma que el país vive una situación de emergencia general causada por el rompimiento del Estado de Derecho, aunque no sea reconocida como tal por sus autores.
Además, que la improvisación administrativa en la conducción de los asuntos del Estado es la norma y no la excepción. No existe planificación, entonces se legisla para cada situación particular.
Confirma, igualmente, la conducta carroñera de los grupos de poder fáctico que se disputan los huesos del estado roto, aprovechándose de la fragilidad de quienes administran la res pública.
Es decir, las situaciones de emergencia –por demás injustificadas– son un excelente campo de negocios para burlar las exigencias administrativas de contratación con el estado y premiar en forma directa a los amigos castigando a los enemigos.
Los decretos de emergencia que han salido del Ejecutivo y del Congreso Nacional, cada cual con sus tiempos y montos, están referidos a educación, energía, seguridad alimentaria, tierra, salud, infraestructura, seguridad y defensa, entre otros.
Miles de millones de lempiras otorgados sin licitación a quienes proveen bienes o servicios, miles de excusas para sostener discursos hegemónicos o inventar figuras violatorias de los derechos humanos.
Y este es el punto que nos interesa resaltar en esta columna editorial: ningún decreto de emergencia ha sido emitido para salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía hondureña, víctima del terrorismo estatal después del golpe de estado principalmente.
Las cifras son harto conocidas: más de 11 mil víctimas de homicidios violentos, incluyendo casi 2 mil mujeres, 20 periodistas y miles de jóvenes en resistencia activa al sistema de exclusión. Torturass, detenciones arbitraraias, exacciones, desapariciones forzadas, amenazas, persecuciones...
Desde la perspectiva oficial más bien fue emitido el año pasado un decreto de emergencia para colocar a los soldados del ejército en funciones policiales, el cual fue renovado esta semana por tres meses más. Los conejos cuidando las zanahorias a la velocidad del los relámpagos.
En Consejo de Ministros el martes fueron facultadas las Fuerzas Armadas para vigilar, detener, reprimir y criminalizar a la ciudadanía en todo el territorio hondureño, dejando pasar a los narcos y traficantes de toda laya por los puestos de control.
Lobo dijo en su argumentación que esta disposición no es bien vista por la comunidad nacional e internacional que vela por la vigencia y respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, debemos tomarla por los índices de violencia e inseguridad que aún se observan en el país.
Lo que el señor Lobo no es capaz de decir es que la emergencia por inseguridad es provocada por la Policía Nacional y el mismo Ejército, implicados con las bandas del crimen organizado que se disputan influencias, territorios, mercados y proximidad a las instituciones públicas.
Poner a los militares en las calles con sus fusiles apuntados a la población no es una medida popular, porque eso empodera políticamente a los uniformados, los vuelve protagonistas en una sociedad empobrecida y desigual, que lucha por liberarse de las imposiciones de fuerza.
Rechazamos esa medida violatoria de la paz y la convivencia ciudadana. Los militares no son bienvenidos, porque su vocación pervertida respecto a la civilidad los convierte en amenaza pública.
Desde luego, estamos conscientes que el Pentágono está fortaleciendo sus jaurías en la región con dinero de la estrategia regional de inseguridad del SICA, apoyados por el BID y la derecha canadiense.
El Pentágono quiere guardianes fieles en su patio trasero ante el avance de las fuerzas de liberación popular, y no le importa corromper a oficiales y políticos otra vez.
Pero nuestro deber es decirle al pueblo hondureño: No se trata de alistar a los militares para ningún combate a la violencia, a la delincuencia y el narcotráfico, de lo que se trata es de un esquema de guerra contra el pueblo. Contención de la furia popular contra la miseria.
Y ese propósito no es admisible, no cuenta con nuestro silencio cómplice. Lo rechazamos.
Sábado 24 de marzo de 2012
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