Los escándalos de corrupción en diversas formas afloran en Honduras. Van uno tras otro sin que en caso alguno haya respuesta contundente que vislumbre señales de poner un freno a la impunidad en el país.
Los casos van desde el contrabando de arroz, la podredumbre en la Policía, la compra de energía sucia aduciendo “emergencias de 16 años”, el saqueo a Inprema, la olla de corrupción en la Empresa Nacional Portuaria, las denuncias en el Ihnfa y tantas otras en el camino, hasta llegar al tráfico de chatarra, carcasa o como usted quiera llamarle, lo cierto es que en Honduras se trafica con todo o con casi todo.
Así, el país discurre de escándalo en escándalo. Vale darle vida al siempre traído circo romano que encuentra su complemento perfecto en el bazar de millonarias campañas proselitistas que iniciaron en este país centroamericano casi desde la instalación de la administración del actual gobierno presidido por Porfirio Lobo Sosa.
Pero el “chatarrazo” le ha puesto la tapa al pomo. Es un escándalo que pareciera rebasar los límites inimaginables. Traficar con presuntos desechos es el colmo de los escándalos.
La magistrada presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, arguyó que la subasta se hizo por dos millones 535 mil lempiras, cuando los transformadores tenían un valor de 65 millones 94 mil lempiras es decir que “hubo una pérdida, un daño patrimonial para el Estado de Honduras”.
Lucha mediática por desvanecer cargos
El caso deja ver nuevas aristas, desde las vehementes defensas del ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano, hasta las expresiones del ministro del Ambiente (Serna), Rigoberto Cuellar, quien aduce que sí bien el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) actuó apropiadamente, expresa que sí existe mala fe en personeros de la Fiscalía hondureña, respecto a su caso.
Cuellar dejó entrever que fiscales actúan motivados por diferencias personales que existen desde cuando fungió como coordinador de fiscales del ministerio Público.
Además ha exigido que antes de acusarlo por el pliego de responsabilidades que detalla el informe del TSC y que tiene que ver con la venta de “chatarra” en forma fraudulenta, se proceda a evacuar las recusaciones que él ha incoado contra la coordinadora de fiscales, Danelia Ferrera y el fiscal contra la corrupción, Henry Salgado.
Sumado a lo anterior, Cuellar ha manifestado que estos fiscales “temen” una posible llegada suya a suceder al actual titular de la fiscalía, Luis Rubí.
A renglón seguido y durante una comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente, Cuellar no ha tenido empacho en señalar que de llegar a convertirse en fiscal general los mandos intermedios del Ministerio Público tendrían que preocuparse.
El ministro de la Serna, expresó que “no nos preocupa en si el informe, especialmente del Tribunal Superior de Cuentas, ya que en su momento se nos brindará la oportunidad a efecto de hacer algunas aclaraciones al respecto”.
Martínez Lozano: “Connotaciones de campaña política”
Por su parte, Martínez Lozano, arguye que las acusaciones en su contra tienen connotaciones casi de “campaña política” y que no es así como se debe combatir la corrupción.
El ex gerente de la ENEE, acotó que “cómo me voy a imaginar que Rigoberto Cuellar va estar metido en actos ilegítimos en este tema, imposible hacerlo creer. De nosotros pueden decir cualquier cosa, un político de largo tiempo puede ser que… no es la primera vez que dirían; pero nunca han podido, realmente, responsabilizarme de nada”.
Sin terminar un escándalo, nos sorprenden con otro
Cada escándalo ocupa planas y grandes espacios en los medios de una prensa que denuncia constantemente, pero que al final desplaza en sus espacios un caso de corrupción empujada por otro hecho novedoso o de similar trascendencia, generalmente ligado a la vorágine de los llamados “azos” como se les bautiza a los escabrosos casos de malversación y saqueo público.
Desde la estremecedora historia de la Policía, un hecho de larga data, pero que salió a luz pública, con mayor fuerza, a finales de octubre de 2011, luego del asesinato de dos universitarios y que desembocó en una tormenta de denuncias públicas que vincularon a oficiales de todas las escalas desde la colusión con el sicariato, crimen organizado, traficantes de armas, hasta el asalto de un niño vendedor de tortillas.
Al par, otros casos como las denuncias sobre la olla de corrupción en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) con datos que revelan múltiples casos y cada uno de ellos lleva un sello de malversación, despilfarro y abusos que reiteran la triste realidad que liga a Honduras con la corrupción.
Informes de la Junta Interventora del Inprema revelaron un déficit actuarial que supera los 79 mil millones de lempiras y el escalofriante dato del despilfarro de 573 millones en la construcción del nuevo edificio que aún no se termina.
Sobre este caso, el fiscal general, Luis Rubí, salió al paso de los medios de prensa para leer en voz propia el requerimiento fiscal contra 15 miembros de la antigua Junta Directiva del Inprema, sin embargo al día siguiente, la ex fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, lo acusaba de engavetar el requerimiento fiscal que ella misma dejó elaborado contra el ex comisionado de Policía Marco Tulio Palma, en un enredo en el que Ponce también es señalada por hablar cuando “ya se le acabó su tiempo”.
“Castigos severos” por corrupción de ENP
Mientras tanto, los temores respecto al riesgo de que Puerto Cortés, único certificado como puerto seguro en la región centroamericana, pierda su condición, siguen flotando en Honduras. Allí también se descubrieron actos de manejos inapropiados y luego de conocerse un informe de TSC, el Ejecutivo nombró una comisión que nunca estableció con claridad que ocurrió en la administración portuaria.
La rendición de cuentas que debió venir de la interventora se apagó sin que su brillo se haya notado nunca.
Los escenarios sobre la realidad de lo que pasa en la estatal Empresa Nacional Portuaria (ENP), específicamente en su actuar en Cortés, quedaron en el limbo.
Un nuevo gerente asumió la titularidad sin mayor ruido
En ese ambiente, un juzgado de Puerto Cortés, decidió, este miércoles, prohibir la salida del país, así como la presentación periódica a los tribunales, del ex gerente Maynor Humberto Pinto Valle y José Francisco Gámez.
Los “arrozazos” ni se cocieron
Sobre los escándalos del “arrozazo” en sus versiones I, II y III, tampoco hubo culpables, pese a que los actos involucraron a altos funcionarios estatales.
La importación irregular de más de 14 mil toneladas de arroz conocida como el “arrozazo II” volvió a la palestra pública cuando el importador Sady Andonie hizo efectivo el pago de 41 millones de lempiras, aunque las primeras estimaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ordenaban la cancelación de 48 millones al fisco.
El importador se vio obligado a cancelar el arancel, después del tratamiento mediático de la importación masiva del grano que pretendía entrar al país sin pagar los respectivos impuestos y en plena temporada de cosecha.
Con el pago del respectivo impuesto, el “arrozazo II” puso fin a la trama de esta versión.
En ninguno de estos hechos hubo acción penal contra los principales protagonistas.
Así entre escándalo y escándalos los hondureños poco a poco pierden el asombro por actos que van y vienen, en medio de una ilimitada impunidad, sin que hasta la fecha ninguna primera plana pueda dar cuenta de que alguien está pagando por sus acciones fuera del marco de la ley.
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