Por Julia Gas y Javier Pérez Martínez
El pasado 14 de febrero murieron 360 internos a causa de un incendio en uno de los módulos del penal de Comayagua, en Honduras. Grupos de defensa de los derechos humanos señalan la actuación negligente de las fuerzas de seguridad.
“Los dos grupos de personas más importantes de una prisión son los reclusos y el personal que los custodia. Y la clave para una prisión bien administrada es la naturaleza de las relaciones entre ambos grupos”. Esta reflexión pertenece al manual La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos, escrito por Andrew Coyle, director del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex, que también dirigió una serie de cárceles de alta seguridad. Teniendo en cuenta su cita, la actuación de los guardias del penal de Comayagua –a 80 kilómetros de Tegucigalpa (Honduras)–, refleja que no otorgaban la dignidad inherente del ser humano a los presos. Los funcionarios de esta cárcel no sólo no abrieron las celdas, sino que dispararon contra los internos, según el testimonio de los reos que sobrevivieron.
El 14 de febrero, más de 360 internos murieron a consecuencia de un incendio en “el hogar” o módulo 6 de ese penal. El motivo del incendio queda difuminado por el tratamiento amarillista de la prensa hondureña, pero entre las diferentes versiones se cuela una en la que aparece el dinero como móvil del crimen.
Un interno que logró huir asegura que 85 presos habrían pagado a los responsables de la prisión para llevar a cabo una fuga a las diez de aquella noche. Pero “la policía nos traicionó”, asegura esa fuente. Mientras se ejecutase la fuga planeada, asesinarían en la celda 6 al doctor Jorge Constantino Ypsilanti Maradiaga, preso por el asesinato del español Ángel García Rubio en 2009. Según la hipótesis del columnista Serapio Morazán, publicada en rebelion.org –donde también aparece la versión del superviviente–, se utilizaron granadas incendiarias de uso militar “para garantizar que el incendio borrara las huellas de los perpetradores y las identidades de los cadáveres”. Y sentencia: “Ningún colchón puede hacer arder un penal entero de forma tan rápida y pavorosa”.
A falta del resultado de las investigaciones, y aunque las anteriores teorías nacen de la especulación, la corrupción es una constante en las cárceles hondureñas. El Manual de buena práctica penitenciaria considera que un buen salario impediría que el personal se prestase a sobornos. En cuanto a la formación de la policía penitenciaria, dicho informe revela que el 73% tiene un nivel básico de estudios, es decir, no supera sexto de primaria. Por parte de las instituciones no se ofrece una preparación integral a los empleados administrativos o de seguridad en los centros penales: únicamente se basa en el entrenamiento físico, la defensa y el manejo de armas.
El análisis Diagnóstico del sistema penitenciario 2011, realizado por el Comité Nacional de Prevención hondureño refleja las deficiencias del sistema penitenciario de ese país. Aunque no se garantiza la protección de la agresión física, se antepone la seguridad y disciplina a la rehabilitación, debido a la escasez de programas educativos y laborales. Por otro lado, la vida en prisión evidencia la desigualdad del sistema social común: “Los que tienen mayor capacidad económica obtienen mejores privilegios en su estancia” como, por ejemplo, eludir el hacinamiento. Citando al profesor Coyle, “una de las más grandes pruebas del respeto por la humanidad reside en el modo en que la sociedad trata a quienes han infringido, o han sido acusados de infringir, la legislación penal”.
Máximo responsable
La violación de derechos humanos en las cárceles hondureñas es “consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciario”, según indica Marcia Aguiluz. Esta abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ve al Estado de Honduras como el “máximo responsable”, pues “esta tragedia se podía haber evitado. La sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenaba tomar medidas para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad”.
En este sentido, Honduras ha incumplido la obligación de la CIDH. Después de los antecedentes ocurridos en 2003 y 2004 en La Ceiba y en San Pedro Sula, respectivamente, será ocho años más tarde cuando la CIDH vea el caso de los 107 muertos de Sula. El relator de la CIDH sobre las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar, en declaraciones a la Cadena Ser, mantiene que, “cuando los Estados incumplen sus obligaciones [de investigar este tipo de tragedias], los órganos de justicia de la Comisión y de la CIDH asumen su competencia”. Tal negligencia deja al descubierto la falta de voluntad del Gobierno de Porfirio Lobo de mejorar las condiciones de los presos.
A cambio, el Ejecutivo ha militarizado el país para disuadir la organización de la resistencia. El artículo Un presidio llamado Honduras, firmado por la Organización Fraternal Negra Hondureña, denuncia que la legitimación del golpe de 2009 “le ha servido al imperio para crear un escenario de guerra (...) con el propósito de inculcarle al pueblo la supuesta necesidad de gobiernos de mano dura para erradicar la violencia”. Igualmente, Karen Spring, miembro de Rights Action, resalta la preocupación de grupos de defensa de los derechos humanos ante el posible sabotaje al frente amplio Libertad y Refundación (LIBRE) por parte de la oligarquía hondureña y la embajada de EE UU en las elecciones de noviembre de 2013.
La Granja-Penal de Comayagua
La prisión de Comayagua, en el centro de Honduras, tenía una capacidad máxima de 250 presos pero encerraba a 842, de los cuales sólo 325 internos tenían sentencia firme. Según el mencionado análisis-diagnóstico, el régimen alimenticio se basa en arroz, frijoles y tortillas con un “presupuesto de 13 lempiras diarios” (0,50 euros) por reo. Éstos dormían en condiciones de hacinamiento y con poca ventilación. A pesar del claro abandono, la prisión pretendía autosostenerse con la comercialización de sus labores productivas. De hecho, esta cárcel también era conocida como granja penal por la cría de cerdos y gallinas, y un huerto donde cultivaban pipianes, tomates, guayabas y maíz. No sólo era un ejemplo por ser la más productiva de las 24 cárceles de Honduras, sino que además impartía talleres y destacaba por sus actividades culturales, “entre ellas literatura, poesía y canto”.
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