El presidente Porfirio Lobo Sosa, en su declarado afán de cumplir con su promesa de resolver el problema de la inseguridad, dice estar decidido a lograr que las fuerzas armadas se incorporen totalmente y a perpetuidad en el sistema policial de nuestro país.
Esgrime la argumentación de sobra conocida, de que “ya no están en el horizonte las guerras convencionales, (y) si no es para defender la soberanía, porque no hay peligro de guerras, sinceramente tenemos que revisar qué hacemos”, para no tener a los militares encerrados en los cuarteles.
De lo que habla el Ejecutivo es de remachar la militarización del Estado y la Sociedad de Honduras, reforzando a las Fuerzas Armadas como poder omnímodo, ya que actualmente controlan todos los sectores estratégicos, vale decir el control constitucional, las comunicaciones, la marina mercante, el subsistema de migración y ciudadanía, la información e inteligencia, la aeronáutica civil, el control forestal, y, en fin, con inserción directa en el entramado de las relaciones exteriores y hasta en Educación y Salud.
Cuando hablamos del control político constitucional nos referimos al artículo 272 de la Constitución de la República que le asigna a las Fuerzas Armadas la función tutelar de mantener “el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad (alternancia) en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
Supuestamente, en cumplimiento de esa función tutelar, las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado militar el 28 de junio de 2009, del que es consecuencia el actual gobierno, surgido de elecciones irregulares, en Estado de sitio y con el presidente constitucional sitiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, desatando una crisis política aún no resuelta.
Independientemente de esos hechos, la experiencia en América Latina y en otras partes del planeta de la incorporación de los militares al sistema policial siempre ha sido contraproducente para la organización militar, en sí, y para la organización policial. Basta con ver lo sucedido en Colombia en el gobierno anterior del presidente Uribe, con sus capítulos de barbarie, asesinatos en masa y violación de la seguridad privada, incluyendo la de los jueces, otros funcionarios públicos y periodistas.
El presidente Lobo Sosa dice que este proyecto “genera un debate profundo… pero debemos tenerlo y de alguna manera hacer los cambios constitucionales necesarios para que las Fuerzas Armadas también participen en darle seguridad a la gente”. De hecho eso ya lo están haciendo, con el beneplácito del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Casa Blanca, según las felicitaciones del vicepresidente Biden en su recenté visita por estos lares.
Es obvio que se trata de un cambio de doctrina de seguridad del que los hondureños ni siquiera sospechan sus consecuencias, pero que afecta profundamente la integridad del Estado, tal como ha sido diseñado constitucionalmente. En cualquier otro país este sería un tema cuando menos de orden plebiscitario, pero fundamentalmente de la competencia del poder constituyente.
Veremos qué nos dice a este respecto la novel Comisión de Reforma de Seguridad Pública, recientemente juramentada en la parte local, aun cuando falta la internacional. Podría ser que del “debate profundo” que propone el presidente Lobo surgiera la idea de la desaparición de las Fuerzas Armadas y la creación de la Guardia Civil, como se da en algunos países democráticos.
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