1º de marzo de 2012
La Honorable Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado
2201 C Street, NW
Washington D.C. 20520
Estimada Senadora Secretaria,
Estamos escribiendo para expresar nuestra preocupación en cuanto a la creciente cantidad de violaciones de derechos humanos en Honduras, y el fracaso por parte de las autoridades del Estado al no enjuiciar a los violadores y proteger los derechos de las víctimas y sus familias. Específicamente, estamos preocupados por reportes creíbles de asesinatos y ataques violentos que parecen involucrar a la policía y agentes militares. A pesar de que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ha dicho que responder a los abusos de derechos humanos están entre sus prioridades más altas, y hasta ahora casi ninguno de los perpetradores ha sido llevado a la justicia.
Durante los últimos años, organizaciones de derechos humanos internacionales y hondureños han documentado un patrón de violencia y de amenazas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros del clero, líderes sindicales, activistas de la oposición, estudiantes, pequeños agricultores, activistas LGBT, y personas perteneciendo a otros sectores vulnerables. Al parecer, muchos de los abusos están vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado. Grupos hondureños de derechos humanos han reportado que más de 300 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado desde que empezó el mandato del Presidente Porfirio Lobo. Más y más hondureños, incluyendo a ex-oficiales y actual oficiales del gobierno están presentando denuncias sobre la extensa corrupción de la policía hondureña, y su involucramiento en el tráfico de drogas y asesinatos.
Honduras, además de tener el índice más alto de homicidios en el mundo, también se lleva la dudosa distinción de ser el país más letal para periodistas. Trece periodistas han sido asesinados desde la inauguración del mandato de Presidente Lobo en febrero de 2010. El Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalism) ha difundido una carta pública llamando a que el presidente corrija los fracasos de las autoridades hondureñas en cuanto a la falta de investigación de estos crímenes, y la falta de voluntad del gobierno de tomar acción.
Esta falta de voluntad de abordar la cuestión del crimen en Honduras se extiende al conflicto agrario en el valle del noroeste, el Bajo Aguán, que ha dado lugar a más de 50 muertes, entre ellos muchos pequeños agricultores. Grupos de derechos humanos también han reportado docenas de asesinatos de miembros de la comunidad lesbiana, homosexual, y transexual durante los últimos dos años. Parece haber poco progreso en cuanto a lograr reparaciones judiciales para las víctimas y los familiares de las víctimas de violencia en Honduras. Aun más preocupante son las evidencias de que las fuerzas de seguridad de Honduras y en vez de efectivamente luchar en contra del oleaje de violencia más bien parecen ser una parte importante del problema.
Quisiéramos llamarle la atención a esta situación trágica, con la esperanza de que la administración tomará todas las acciones diplomáticas necesarias para dejarles claro a las autoridades hondureñas que los abusos a los derechos humanos, especialmente donde se sospecha que las fuerzas de seguridad del Estado están involucradas, deben ser abordados de manera rápida y eficaz. Los perpetradores de los ataques violentos deben ser responsabilizados y los grupos vulnerables deben recibir protección genuina, incluyendo frente a elementos nocivos dentro de la policía y las fuerzas militares.
Como usted sabe, el Consolidated Appropriations Act of 2012 (Ley consolidada de apropriaciones para 2012) exige que antes de asignar el 20 por ciento de los fondos para Honduras, el Departamento de Estado investigue e informe al Comité de Apropriaciones sobre si el gobierno de Honduras está implementando políticas para proteger los derechos a la libre expresión y asociación, y el debido proceso de ley, y si está enjuiciando a militares y policías que son creíblemente acusados de haber violado derechos humanos, y también si la policía y los militares están cooperando con autoridades civiles en estos casos. De acuerdo a estos requerimientos, respetuosamente pedimos que el Departamento de Estado nos mantenga informados, con información detallada, sobre si las autoridades hondureñas están cumpliendo adecuadamente con las disposiciones de la ley de apropriaciones para el año fiscal de 2012.
Le agradecemos por adelantado por tener nuestras preocupaciones en cuenta.
Sinceramente,
Barbara A. Mikulski
Benjamin L. Cardin
Patrick Leahy
Daniel Akaka
Sherrod Brown
Tom Udall
Debbie Stabenow
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