El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) repudia la presencia de Álvaro Uribe en el territorio nacional, porque representa una grave ofensa a la dignidad de las víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Colombia y Honduras.
No serían posibles sus actos de apología al golpe de estado de junio 2009 ni sus negocios agro-militares en Honduras, si no fuera parte de una operación transnacional respaldada por la degenerada política exterior del Departamento de Estado de EEUU, que igualmente repudiamos.
Uribe es el “uribismo” que promueven como modelo la derecha violenta de Honduras y Estados Unidos, como alianza macabra del paramilitarismo con el terrorismo de Estado -- narcotráfico y lavado --, denunciado por los propios documentos oficiales del Archivo Nacional de Estados Unidos.
Este emisario llega a pocos días de la matanza de campesinos en el sector de El Tumbador, departamento de Colón, con características utilizadas por criminales en el contexto colombiano, y a pocas horas de aprobada la Ley Antiterrorista para perseguir las organizaciones sociales que acompañamos a las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
¡Y qué casualidad! El agroindustrial Miguel Facussé, comandante de facto de las fuerzas militares regulares e irregulares en el sector norte y sur de Honduras, es uno de los anfitriones del señor Uribe.
Además, es responsable de este show político-militar el Congreso Nacional que aprobó a puerta cerrada esa ley que estimula el espionaje y la intervención financiera, similar a la utilizada por el uribismo en Colombia, y cuya cereza venenosa será su condecoración este martes.
Señor Uribe: repudiamos su declaración inicial que califica “de positiva la situación de Honduras, más de lo que se cree” y también su provocación por twitter, que “Honduras es un baluarte del valor cívico y democrático en América Latina”.
Es inaceptable que hable aquí de ese modo el responsable de los “Falsos positivos” – asesinato de civiles a manos del ejército, presentados como caídos en combate, sembrándoles armas y uniformes guerrilleros- e impulsador de los paramilitares, que ahora exporta su infraestructura y marco jurídico al golpismo hondureño.
Álvaro Uribe debe responder ante la Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su administración; por la fosa común con 2,000 cadáveres en La Macarena; por los asesinatos de líderes sindicalistas; por la invasión y bombardeo al territorio del Ecuador (marzo-2008); por el desplazamiento de campesinos y el exilio de miles de colombianos; por la instalación de las 7 Bases Norteamericanas; y por el espionaje ilegal, mediante la interceptación telefónica y la persecución política ordenada por Uribe al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Es inaceptable que la ciudad de Tegucigalpa permanezca militarizada, con helicópteros de artillería sobrevolando, calles clausuradas por la policía nacional y una atmósfera de apología al militarismo colombiano-hondureño, cuando justamente inició la Jornada Continental por el cierre de la Escuela de las Américas y la desmilitarización del continente.
El COFADEH hace un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la comunidad internacional para exigir Juicio y Castigo ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por Álvaro Uribe; tenemos la certeza de que compartirá el banquillo de los culpables junto a Micheletti, Romeo Vásquez, Porfirio Lobo, Oscar Álvarez y otros golpistas-genocidas de Honduras.
Asimismo, convocamos a los medios de comunicación, a los observadores internacionales y a las organizaciones populares de Latinoamérica para no dejarse engañar ante el aparato publicitario del régimen de Lobo y su séquito pro-americano encabezado por Álvaro Uribe y el Embajador Hugo Llorens.
De los hechos y los hechores,
Ni olvido, Ni perdón
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Tegucigalpa, 22 de noviembre de 2010
De los hechos y los hechores,
Ni olvido, Ni perdón
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Tegucigalpa, 22 de noviembre de 2010
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