Tomado de Radio Santa Fe, Bogota: Capturan por secuestro y asesinato a 7 militares en Casanare y a otros 6 por un caso similar en Córdoba

Radio Santa Fé

Dos grupos de militares en servicio activo, en dos casos separados, fueron cobijados con medida de aseguramiento por la justicia penal ordinaria por secuestro y asesinato de civiles en supuestas operaciones contra grupos guerrilleros.

En total, son 13 uniformados, entre oficiales, suboficiales y soldados, los implicados, siete de ellos integrantes del Gaula del Ejército en el departamento del Casanare y otros seis, de una patrulla de la misma institución en el departamento de Córdoba.


El primer caso en Casanare

Toda la cúpula del Grupo Antisecuestro Gaula del Ejército en el departamento del Casanare, fue cobijada con medida de aseguramiento por un juez de la ciudad de Villavicencio por el secuestro y posterior asesinato de un civil identificado como Eduardo Pérez Vega.

La medida fue proferida por el juez Primero Penal Municipal de Villavicencio, Héctor Alonso Martínez y cobija al mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del equipo; el teniente John Alexander Suancha Florián, el cabo segundo Gelver Pérez García y los soldados profesionales Elio Ernesto Celis Bedoya, Carlos Alfredo Bello Bolívar, Abdón Guanaro Guevara y Johny Higuera Moreno.

Los militares se encuentran detenidos en la guarnición militar de Yopal, mientras se define su situación judicial.

Los hechos sobre los cuales se les acusa a los uniformados ocurrieron hacia las 10 de la mañana del pasado 27 de julio, cuando el civil Eduardo Pérez Vega fue sacado contra su voluntad de una sala de Internet del barrio Ciudad Porfía, de Villavicencio, por cuatro hombres que portaban sus insignias y se identificaron como miembros del Grupo Gaula de Casanare.

Inmediatamente lo subieron a una camioneta azul Toyota Hi-Lux, con vidrios polarizados, cuatro puertas, de platón, en la cual lo condujeron por la via hacia Yopal.

Dos horas más tarde, el cuerpo de Pérez fue sepultado como NN en el cementerio de Corozal, Casanare y fue reportado por el grupo Gaula como “muerto en combate” con los frentes 27 y 28 de las FARC.

La salida de los militares con Pérez del Internet quedó grabado en una cámara de seguridad del sector y el transito de la camioneta quedó registrado en los peajes en la carretera hacia la capital del Casanare.

Además, en la Simcard del teléfono celular de la víctima (Pérez Vega) quedaron registradas llamada hechas por la hermana del cabo Pérez García.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía, el que ordenó y dispuso el desplazamiento del personal a Villavicencio fue el comandante del grupo Gaula, Gustavo Enrique Soto Bracamonte.

El teniente Alexander Suancha Florián, fue quien firmó la misión Jericó II, en la que se ejecutó el homicidio de Pérez Vega, con la participación de los otros tres soldados profesionales capturados.

Ninguno de los uniformados aceptó los cargos.


El segundo Caso en Córdoba

– Seis militares en servicio activo fueron cobijados con medida de aseguramiento por la muerte de dos campesinos en un supuesto combate con un grupo guerrillero.

La medida judicial fue adoptada por un fiscal de Derechos Humanos, y afecta al teniente Edgar Andrés Santos Acevedo, y a los soldados profesionales Oscar Javier Berrío Correa, Jorge Luis Rivera Blanco, Henry Serpa Neiro, Gustavo Adolfo García, y Juvenal Carvajal Cruz, integrantes del Batallón de Infantería No.33, Junín, con sede en Montería, todos los cuales están privados de la libertad.

El fiscal instructor también vinculó al proceso, mediante indagatoria, al teniente Diego Beltrán Vega, y al sargento segundo Oscar Orlando Camargo Ortiz.

Según lo establecio la fiscalia regional, el 17 de febrero de 2006 los jóvenes Jhon Freddy Camargo Herrera y Darwin Antonio Rivera Clímaco quienes vivían en Caucasia, Antioquia, viajaron a Montería para trabajar en una finca, donde les pagarían mensualmente un millón 200 mil pesos.

Al día siguiente, 18 de febrero, Camargo y Rivera fueron reportados muertos en combate por tropas del Batallón Junín.

De acuerdo con la investigación, el particular Jhonatan Andrés Barrios Bautista, quien se acogió a sentencia anticipada, era uno de los encargados de contactar personas de bajos recursos para ofrecerles trabajo en fincas cercanas a Montería.

Una vez aceptado el ofrecimiento los futuros trabajadores quedaban en manos de un tercero conocido con el alias de “Bebé”, quien los enviaba a la capital de Córdoba.