A puerta cerrada, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves último, ocultos de los periodistas, medios de comunicación y sobre todo del pueblo hondureño, los diputados del Congreso Nacional de Honduras aprueban la Ley Antiterrorista remitida el por el Secretario de Seguridad del régimen del partido Nacional de Porfirio “Pepe” Lobo, Oscar Álvarez.
Álvarez entregó el Proyecto de la Ley Antiterrorismo al Congreso Nacional la noche del 7 de noviembre pasado argumentando que “fondos para grupos subversivos entran como remesas o a través de ONG” y haciendo la amenaza de sanciones drásticas para el país por parte de organismos de las Naciones Unidas, que no especificó entonces, si no se aprobaba dicha legislación.
Los decomisos de dólares que han ocurrido en Honduras durante los últimos meses, el decomiso de aeronaves y otras acciones son partes de las excusas que brindan los pocos diputados que dan la cara para defender la “Ley Álvarez”.
El diputado democristiano, Augusto Cruz Asencio, informó que la Ley obliga a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a reportar cualquier donación superior a los dos mil dólares, vehículos o equipo.
Por las declaraciones del diputado Cruz Asencio se conoce que la ley se discutió desde la noche del miércoles 17 hasta la madrugada del jueves 18 de noviembre, que contiene más de 80 artículos y que con ella se pretende es que venga financiamiento internacional para combatir el terrorismo.
Uno medios golpistas, cuyo propietario es un vendedor de armas, ha creado la ficción de una guerrila en Honduras en El Aguán.
Una ley precedida de masacres
Antes de la presentación del proyecto de Ley por parte del Secretario del Seguridad, Oscar Álvarez, el país se vio impactado por la masacre de civiles sin un motivo aparente o racional.
El pasado 17 de septiembre fueron asesinados 18 jóvenes obreros sin antecedentes penales ni vínculos aparentes con organizaciones tachadas de criminales por la policía, mientras trabajaban en una fábrica artesanal de zapatos de la ciudad de San Pedro Sula.
Casi un mes después, el 14 de octubre, otros seis muchachos fueron asesinados dentro de una vivienda localizada en la residencial Villa Real en una matanza supuestamente vinculada al narcotráfico.
Una tercera masacre ocurrió el sábado 30 de octubre mientras las 15 víctimas presenciaban un encuentro deportivo en un campo de futbol de la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula.
Después de estas masacres el Ministro Álvarez logró una donación de la empresa privada por un valor superior a los dos millones de lempiras (US$ 100,000.00) para instalar 40 cámaras de vigilancia y monitoreo en la ciudad de San Pedro Sula.
Las masacres persiguen a Álvarez
En la pasada administración presidencial del nacionalista Ricardo Maduro (2002-2006), siendo su Ministro de Seguridad Oscar Álvarez, el país vivió similares masacres en dos de los principales centros penales del país (San Pedro Sula y La Ceiba).
En la Granja Penal de El Porvenir, departamento de Atlántida, se sacrificó en el mes de abril del año 2003 la vida de 69 reos que supuestamente militaban en pandillas juveniles.
Los Tribunales de Sentencia de la ciudad de La Ceiba condenaron este año, siete años después de la masacre, a 22 policías implicados en la matanza de los jóvenes presos en la Granja Penal.
Roger Armando Sosa Iglesias, un oficial del Ejército de Honduras que participó en la masacre de Granja Penal de El Porvenir y sentenciado a 31 años de cárcel, fue muerto a tiros recientemente frente a una negocio de la ciudad de La Ceiba mientras se le suponía preso en un centro penal.
La segunda masacre de jóvenes pandilleros de la época Maduro, con Álvarez como Secretario de Seguridad, ocurrió en el centro penal de San Pedro Sula y en ella fueron masacradas 104 personas, casualmente, todos pandilleros.
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