Red Morazánica de Información
El Comité de Presos Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras (CPPEPH), denunció que el régimen de Porfirio Lobo incumple las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos ONU, sobre el castigo a torturadores, apenas una semana después de asumir el compromiso de ponerlas en práctica.
Según la denuncia del CPPEPH, la representación del régimen continuador de facto se comprometió a reformar el artículo 209-A del Código Penal, relacionado con el delito de tortura, para adecuarlo con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, suscrito por Honduras.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2010, apenas una semana después de asumir el compromiso, el Juzgado de Letras de lo Penal dio a seis policías acusados de tortura medidas de “presentarse una vez por semana a los juzgados, estar bajo vigilancia de sus abogados y no comunicarse con las víctimas”, sin que los haya suspendido de sus cargos; afirma el Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados.
Entre los policías favorecidos están, Elder Madrid y José Flores Maradiaga, ambos acusados de haber cometido tortura, golpes, abuso de autoridad y detención ilegal contra 24 personas el 12 de agosto del 2009, aseguran.
Además, acusan que Madrid Guerra fue juramentado como Jefe de la Regional de Policía Número Tres, que comprende los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá, por el titular de la Secretaría de Seguridad, Oscar Álvarez, el 18 de marzo del 2010.
Después, Elder Madrid Guerra, junto a Denis Casula, recibieron medidas sustitutivas de la Juez, Suyapa Maria Matute Vásquez, también sin suspenderlos de sus cargos, por el delito de abuso de autoridad, detención ilegal y torturas contra el turista colombiano, Milko Durán Céspedes, en septiembre del 2010.
A pesar de que la Designada Presidencial, María Antonieta Guillén, aseguró sobre el delito de tortura, en su comparecencia al EPU de Naciones Unidas, que “el Gobierno incrementará los esfuerzos para depurar las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de todos los agentes que no cumplan estrictamente con la ley”.
Critica el Comité que, hasta el momento, ningún militar, ni policía alguno, ha sido separado de sus cargos mientras son investigados, mucho menos han sido sentenciados. Al contrario, fueron ascendidos y siguen laborando “como si nada hubiera pasado”.
No obstante que, la propia Fiscal Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), Sandra Ponce, aseguró en el EPU, que “ha abierto, desde el 28 de junio del 2009, 22 acusaciones criminales contra funcionarios policiales y militares por homicidios, violaciones, tortura, acoso sexual, abusos de confianza y actos contra los medios de comunicación”.
El Comité recrimina que esta sea la forma de la Secretaría de Seguridad, del Poder Judicial y del Ministerio Público, de cumplir el compromiso asumido ante el Consejo ONU; y a la designada María Antonieta Guillén, quien “trató de rechazar las duras críticas y denuncias” al régimen, por violaciones a los derechos humanos.
Cuestionan que el titular del régimen, Porfirio Lobo, intente convencer a la opinión pública nacional e internacional, que las violaciones a los derechos humanos son hechas de delincuencia común, haciendo “control de armas, la profesionalización y modernización de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”.
Reprochan que mientras que los asesinos, jueces, fiscales y policías torturadores y violadores de los derechos humanos se mantienen en sus cargos, Lobo y seguidores aparenten defender y proteger los derechos humanos creando un Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos y más “aparatos burocráticos” como el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Honduras compareció al Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la novena sesión del Consejo de Derechos Humanos, realizada del uno al 12 de noviembre de 2010, en Ginebra, Suiza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario